¿Freno a tutela en reclamos de salud?

Proyecto que reglamenta la reforma a la salud trae un artículo que restringiría los reclamos de servicios vía tutela. Gobierno dice que lo que se busca es proteger los derechos de los usuarios.

En los últimos cinco años más de 550.000 personas tuvieron que reclamar a las EPS vía tutela.  / El Espectador
En los últimos cinco años más de 550.000 personas tuvieron que reclamar a las EPS vía tutela. / El Espectador

Que la salud en Colombia es un caos, eso lo tiene claro hasta el Gobierno. A diario se presentan casos de personas que mueren por la falta de atención por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y se ha descubierto que uno de los mecanismos de éstas para defraudar al Estado es la negación de los servicios y medicamentos, que al ser reclamados por los pacientes, vía acción de tutela, entran a formar parte de los recobros del Fosyga, aun cuando la mayor parte está en el Plan Obligatorio de Salud.

Aunque esta es una de las venas rotas en las finanzas de la salud, lo claro es que la acción de tutela se ha convertido en la principal herramienta para que los colombianos accedan a los servicios continuamente negados. Tan complejo es el panorama, que en los últimos cinco años más de 550.000 personas tuvieron que reclamar la atención de las EPS por esta vía.

Ahora existe un gran riesgo de que la tutela sea restringida como herramienta para acceder a los servicios médicos. El proyecto de reglamentación a la reforma a la salud, en el artículo 14, plantea que “con fundamento en el artículo 89 de la Constitución Política, se crea la Acción de Protección a la Salud, que tendrá por objeto resolver los conflictos o las controversias que surjan entre los usuarios y las entidades prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando por la actuación u omisión de éstas se vea amenazado el derecho de los usuarios”.

Según explicó el senador Jorge Enrique Robledo, “este artículo elimina la tutela para acceder a los servicios de salud porque es un mecanismo judicial subsidiario y excepcional, pues procede únicamente cuando no existe otro medio judicial para proteger el derecho fundamental”. Así las cosas, con la creación de la Acción de Protección de Salud se hace inviable la posibilidad de instaurar una tutela, tal y como lo plantean varias sentencias de la Corte Constitucional.

De este modo, con la intención de frenar los recobros de medicamentos que se han convertido en el principal motivo de desfalco a la salud, se estaría cerrando una de las principales puertas de acceso a la prestación de servicios, medicamentos y cirugías: la tutela.

Pese a estos argumentos, el senador Roy Barreras, coautor de la ley, explica que “el tema de la tutela ha generado sobrecostos en el sistema, pues las EPS encontraron, de manera paradójica, un negocio. El modelo de aseguramiento implica que con el presupuesto que se les entrega deben cubrir el costo de los Planes Obligatorios de Salud, pero han resultado recobrando por el Fosyga. El 87% de estos cobros se dan por medicamentos que no han entregado de forma adecuada. Lo que pretendemos no es atacar la tutela, sino acabar con los carteles de mercaderes de los medicamentos”.

Aunque la reforma es de iniciativa parlamentaria, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, descartó que se esté pretendiendo afectar la acción de tutela. “Quiero ser claro y vehemente: la tutela no se va a acabar, no puede acabarse. El Ministerio está promoviendo una ley estatutaria en salud que va a ser garantista, lo que quiere es hacer es todo lo contrario, proteger el derecho fundamental a la salud. Lo que tenemos es un poco de demagogia de un senador para decirlo claramente”.

El debate está abierto y, aunque Gobierno y autores de la norma aseguran que no se pretende coartar la aplicación de la acción de tutela como herramienta para acceder al derecho fundamental a la salud, la Corte Constitucional en la Sentencia T-983 de 2001 plantea que “la acción de tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho”. Con la creación de la Acción de Protección a la Salud, que será resuelta por los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito, se cuenta con un medio para reclamar el derecho a la salud y, del mismo modo, la acción de tutela se vuelve improcedente tal como señala el alto tribunal.

La ‘trinchera’ de los colombianos

 

En el 2011 fueron interpuestas 105.947 tutelas por colombianos que sintieron vulnerados sus derechos en salud, de acuerdo con el informe ‘La tutela y el derecho a la salud 2011’, presentado en agosto por la Defensoría del Pueblo. Eso quiere decir que el año pasado cada cinco minutos hubo una tutela por salud.

Pero hay un dato más preocupante: el 67,81% de lo que las personas solicitaron a las EPS estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Esto quiere decir que los pacientes tuvieron que interponer una tutela para reclamar servicios, procedimientos o medicamentos a los que tenían legítimo derecho y les fueron negados. Los colombianos entutelaron principalmente para exigir tratamientos: 43.300 tutelas relacionadas principalmente con neurología, oncología, ortopedia, oftalmología y neurocirugía. Los medicamentos y las cirugías fueron la segunda y tercera razones que motivaron a los colombianos a interponer este recurso.

De acuerdo con el documento las EPS más entuteladas fueron: Coomeva (10.853), la Nueva EPS (9.621) y Saludcoop (4.644) ocuparon los primeros puestos en la lista. Aquí habría que aclarar que estas tres EPS del régimen contributivo son también las más grandes del país, por eso, si se mira el número de tutelas por cada 10.000 afiliados, en las primeras casillas estarían Multimédica EPS, Salud Colombia EPS (liquidada) y, nuevamente, Coomeva.

El 72,5 por ciento de éstas tutelas fueron interpuestas contra EPS del contributivo y del subsidiado, seguidas de lejos por los entes territoriales (secretarías de salud municipales o departamentales, gobernaciones y alcaldías), con un 13,59 por ciento.

Aún más, de los 3'321.457 acciones de tutela que los colombianos han interpuesto desde 1992 para invocar la protección de sus derechos fundamentales, 764.267, una cuarta parte del total, han estado relacionadas con la solicitud de servicios de salud.

 

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