Fuero militar: sigue la polémica

Posiciones radicales frente a la reglamentación de esta iniciativa protagonizaron el representante Iván Cepeda y el presidente de Acore, general (r) Jaime Ruiz.

Una de las principales críticas al fuero militar se debe a la posibilidad de que los juicios  a militares por falsos positivos los asuma la justicia castrense.
Una de las principales críticas al fuero militar se debe a la posibilidad de que los juicios a militares por falsos positivos los asuma la justicia castrense.

Un fuerte enfrentamiento entre quienes defienden la reglamentación del fuero penal militar y aquellos que están en contra de la iniciativa fue la antesala del que será un trámite espinoso, en el que están comprometidos temas como el respeto al derecho internacional humanitario (DIH), la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares, la viabilidad de tramitar una ley para fortalecer la guerra de forma paralela a un proceso de paz o la necesidad de garantizar condiciones para que “los militares defiendan al país de la amenaza terrorista”, como argumentan sus promotores.

La manzana de la discordia fue un comunicado leído por el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), en el que el oficial afirmó que “los principales opositores al proyecto lo constituyen, como es habitual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, algunos relatores de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas, los miembros del Partido Comunista del Polo Democrático, encabezados por el hijo de un importante y extinto líder de las Farc, Manuel Cepeda Vargas, y algunos colectivos de abogados que les son afines”.

El señalamiento hacia el sector comunista del Polo y al hijo de Manuel Cepeda, generó la inmediata y contundente respuesta del representante a la Cámara Iván Cepeda. “No sea cobarde. Con esas afirmaciones fue que gente de su institución asesinó a mi padre. Acá hubo una sesión, no sé si usted se enteró, en la que el Estado pidió perdón por el asesinato de mi padre. Le pido que si hizo la afirmación se sostenga porque le voy a entablar una denuncia penal. No es una amenaza, es una realidad. Usted no puede tratar a una persona que ha sido víctima de la violencia de esa manera, no la puede calumniar”.

Este careo es el preámbulo de lo que serán los cuatro debates de la reglamentación de la reforma al fuero penal militar.

En un lado están quienes consideran que la norma es necesaria para garantizar la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares. “Aunque estemos en un proceso de paz, y si este resulta exitoso, no todos se van a desmovilizar y es necesario continuar combatiendo la amenaza terrorista. Esto no es un favor para los militares, es un asunto que debe ser de interés de todo el país”, dijo el general (r) Ruiz.

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), tiene un posición antagónica y afirma que la justicia está para proteger a las víctimas y no a los combatientes. “Es una comprensión equivocada del DIH, utilizan el fuero como un instrumento de legalización de acciones militares y esa no es la pretensión. El DIH se trata de un conjunto de normas para proteger a las víctimas y a los civiles de la guerra; pero buscan establecer una especie de presunción de legalidad de los actos realizados por las Fuerzas Militares. Además, la ley estatutaria modifica las normas contenidas en los tratados internacionales”, afirmó Gallón.

El director de la CCJ citó como ejemplo que “el protocolo del DIH prohíbe los ataques contra la población civil. En el proyecto aclaran que son ataques que sean manifiestamente desproporcionados, dos palabras que son fatales. Por esa vía se va a desarrollar un derecho antihumanitario basado en el principio de justificar los actos de los guerreros”.

Como argumento también está el camino que ha tomado el país de la mano del presidente Juan Manuel Santos, quien ha decidido hacer su máxima apuesta política por la paz. Por eso, el representante Iván Cepeda afirmó que “resulta esquizofrénico que mientras en La Habana se busca la paz, acá se legisle para la guerra, porque hasta el más inocente puede reconocer que es un proyecto con claras intenciones guerreristas”.

En Acore no están de acuerdo. Su vicepresidente, Rodrigo Quiñones Cárdenas, asegura que “en el caso de la Fuerza Pública, cuando hay investigaciones siempre son culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Acá hablan de justicia militar que hoy resulta inexistente, hablan de justicia ordinaria, y la de Colombia es una de las peores del mundo. Lo que se busca es seguridad jurídica”. Tan tenso resultó el debate que se atrevió a señalar que “la izquierda y el terrorismo no nos pudieron vencer en el campo de batalla y ahora quieren hacerlo en los tribunales”.

No se trata de un debate de poca monta. En juego están los derechos de las víctimas, la posible impunidad a la que se han referido organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, la apuesta del país por la paz y la claridad en materia de juzgamiento de militares.

Aunque la aprobación de la reglamentación del fuero militar se da como un hecho, por la solicitud expresa del presidente Juan Manuel Santos al Congreso, se trata de un tema en el que aún queda mucha tela por cortar.

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