Garantías de seguridad, el reto inminente

Las partes acordaron una serie de medidas de protección a organizaciones sociales y de derechos humanos, así como garantías para el ejercicio de la política para el movimiento que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.

Los jefes guerrilleros de las Farc, ayer en La Habana, Rodrigo Granda y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. / EFE
Los jefes guerrilleros de las Farc, ayer en La Habana, Rodrigo Granda y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”. / EFE

Más de 87,5 toneladas de cocaína incautadas, 312 operaciones contra la minería ilegal y 1.102 integrantes detenidos, desmovilizados o muertos. El balance corresponde a los primeros meses de 2016 y es el resultado de la fuerte ofensiva que desde abril emprendió el Gobierno Nacional para atacar, con todos los elementos posibles, una amenaza que viene creciendo en el país desde hace un tiempo y que se había convertido en un punto neurálgico en las discusiones de la mesa de diálogos de La Habana: las bandas criminales. ("Esto significa el fin de las Farc como grupo armado": Santos.)

La arremetida estatal fue la respuesta inmediata al fenómeno que había mostrado todos sus dientes a finales de marzo, cuando el denominado clan Úsuga decretó un paro armado que afectó a 36 municipios de ocho departamentos del país, prendiendo las alarmas en el equipo negociador de la guerrilla, cuyos delegados habían insistido, desde el comienzo de las conversaciones, en la necesidad de enfrentar el fenómeno. Un tema prioritario, sobre todo de cara a una posible participación en política de la guerrilla tras la firma del Acuerdo Final y teniendo en cuenta el antecedente de lo ocurrido a finales de los 80 con la Unión Patriótica y su exterminio a manos de grupos ilegales de derecha, apoyados por algunos sectores de las fuerzas del Estado. (El acuerdo sobre el fin del conflicto en pocas palabras)

Y la preocupación está claramente sustentada en cifras. Según el último informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), sólo el año pasado 105 líderes sociales, militantes de partidos políticos y sindicalistas, fueron asesinados en Colombia. Además, según datos de la ONU, se reportaron 151 amenazas de muerte y 885 ataques. El balance para este año tampoco es alentador, pues sólo en los cuatros primeros meses la cifra de muertes asciende a 27.

De ahí la importancia del acuerdo alcanzado en La Habana sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales. El objetivo, según lo pactado, no sólo es implementar medidas para intensificar las acciones contra este tipo de grupos, sino también brindar medidas de protección a las colectividades para el ejercicio de la política a los partidos que ejerzan oposición y “al movimiento que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal y a los integrantes de la guerrilla en proceso de reincorporación a la vida civil”. (La galería de imágenes de la firma del fin del conflicto que no mostró la televisión)

El acuerdo está basado en 10 principios básicos: respeto de derechos humanos, fortalecimiento de la administración de la justicia, monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado, enfoque territorial y diferencial, enfoque de género, monopolio de los tributos de Hacienda Pública, coordinación y corresponsabilidad institucional, participación ciudadana, rendición de cuentas y garantías de no repetición.

Con esa hoja de ruta se establecieron varias medidas de cara a dar soluciones efectivas e inmediatas a las preocupaciones existentes. Se acordó, por ejemplo, un pacto nacional -que incluya a las regiones- con los partidos y movimientos políticos, la sociedad y los diferentes gremios, para que exista un compromiso de que nunca más se utilizarán las armas en la política ni se promoverán organizaciones como el paramilitarismo.

La novedad, además, está en la creación de cuatro instancias para abordar el problema en todas sus dimensiones. Por un lado, la de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente Santos, que diseñará una política pública y criminal para desmantelar organizaciones al margen de la ley. Asimismo, se pactó la estructuración de una unidad especial de investigación en la Fiscalía que se encargue exclusivamente del desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que contará también con una unidad de policía judicial.

En tercer lugar, quedó consignado el compromiso de crear el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que, reza el documento, desarrollará “un modelo de garantías de derechos de ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido que surja del tránsito de las Farc a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios”. Este aspecto contempla un cuerpo mixto de escoltas en la Unidad Nacional de Protección para los guerrilleros.

El acuerdo sobre la materia especifica, además, cuatro medidas complementarias: el diseño de una política de sometimiento a la justicia para dichas organizaciones; la activación de un cuerpo élite de la Policía, que se encargue de su desarticulación; un sistema para prevenir y monitorear su accionar, y la adopción de medidas de prevención y lucha contra la corrupción en aras de fortalecer la transparencia institucional.

El conjunto de lo pactado deja clara la importancia que reviste el tema, no sólo para la dejación de armas de las Farc, sino también para garantizar la construcción de la paz en los territorios, sobre todo en momentos en que ya comienzan a verse las disputas de bandas criminales en zonas que históricamente habían sido copadas por las Farc y en las que, desde el cese el fuego unilateral, se ha visto reducido su accionar. Un escenario que, según informes de la Fundación Paz y Reconciliación, ya se está presentando en departamentos como Meta, Guaviare y algunas zonas de Antioquia, en donde el clan Úsuga ya ha incursionado intimidando a las comunidades y presentándose como los “nuevos dueños del territorio”.

 

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