Alianza por la despenalización

Giro en política antidrogas llega al Congreso

Oposición e independientes radicaron un paquete legislativo para prohibir el glifosato, cambiar la política prohibicionista por un enfoque de salud y cesar la persecución a pequeños cultivadores.

Se calcula que hay en Colombia casi 1 millón de consumidores. / Cristian Garavito - El Espectador

Con el inicio del nuevo año legislativo en el Congreso llegó un alud de iniciativas de toda índole. El Gobierno propuso la cadena perpetua para violadores; el Centro Democrático la ley “Andrés Felipe Arias” para que su sentencia, y la de alrededor de 300 exfuncionarios públicos más, sea revisada. Desde el sector de los partidos de oposición también llegó un grueso paquete de iniciativas que incluye proyectos para desarrollar el Acuerdo de Paz, pero en especial, llama la atención una serie de iniciativas para reformular la guerra contra las drogas, intentando regular su uso y producción, desde una perspectiva de salud pública y prevención. Con estos proyectos se consolida una alianza interparlamentaria para replantear la política antidrogas del país. Una perspectiva novedosa que propone un enfoque diametralmente opuesto al del gobierno de Iván Duque.

La iniciativa madre de dicha alianza es una reforma constitucional que busca que el enfoque en la lucha contra las drogas abandone la estrategia prohibicionista y asuma la perspectiva de salud pública y prevención del consumo como su bandera. En este sentido, el acto legislativo busca modificar el artículo 49 de la Carta Política así: “El porte y consumo de sustancias estupefacientes, psicoactivas o sicotrópicas estará reglamentado por la ley bajo los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños, determinantes sociales, así como la eliminación del estigma y la discriminación y la no penalización en razón del consumo. Las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos serán prevalentes en la formulación e implementación de la política nacional de drogas”, consigna la propuesta.

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Y agrega: “Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la atención integral de las personas que usan estas sustancias. El acceso a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado de la persona usuaria. En las respuestas al uso de sustancias estupefacientes, psicoactivas o sicotrópicas, el Estado implementará un enfoque diferencial que distinga entre los diferentes tipos de consumo y sustancias, así como los impactos diferenciados sobre grupos en situación de vulnerabilidad”. Para avanzar hacia la descriminalización del problema, la iniciativa aporta una serie de cifras de carácter académico, por ejemplo, señala que según el Ministerio de Salud, el consumo de sustancias psicoactivas entre 1992 y 2013 ha aumentado significativamente en 252 % respecto a quienes las han consumido alguna vez en la vida; y en 475 % de quienes lo hicieron el mes anterior a la encuesta.

De igual manera, la propuesta hace énfasis en el fracaso de la lucha contra las drogas, basada exclusivamente en un enfoque militar y prohibicionista. La prueba, para estos parlamentarios —entre los que se encuentran miembros de los Decentes, del Partido Liberal, el Polo, Alianza Verde, Mais, FARC, de la U y Cambio Radical— es que el consumo ha aumentado significativamente durante el desarrollo de esta guerra contra las drogas. Los estimativos son que, en la actualidad, 159 mil adolescentes entre los 12 y los 17 años consumen sustancias psicoactivas; así como también lo hacen 347 mil personas entre los 18 y los 24 años, y 216 mil personas entre 25 y 34 años. Además del aumento en el consumo, la guerra contra las drogas, sostiene el articulado en su exposición de motivos, ha tenido efectos colaterales como el fortalecimiento de la economía ilegal, disparando el precio de la droga y por tanto las ganancias de los traficante, así como el aumento de las muertes relacionadas con esta actividad.

El otro proyecto se refiere al uso del glifosato. El jueves de la semana pasada, la Corte Constitucional se pronunció sobre la intención del Gobierno de retomar las aspersiones aéreas con glifosato. Un debate que ha venido creciendo con la misma rapidez que las hectáreas sembradas con coca. Y aunque el alto tribunal mantuvo las condiciones que estableció desde 2017 para que el Ejecutivo acuda a esta medida para acabar con los cultivos considerados de uso ilícito, dejó claro que será el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) el que tendrá la última palabra, basado en evidencia científica y técnica, respecto de los efectos que el herbicida puede tener sobre la salud y el medio ambiente. Un asunto que, para quienes se oponen al regreso del glifosato, puede generar peligrosas ambigüedades y, por ende, abrirle paso al presidente Duque para que tome la decisión más temprano que tarde.

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“Estamos complacidos con que la Corte Constitucional haya refrendado las condiciones que había establecido anteriormente en su jurisprudencia. Condiciones que, si no se cumplen, no se podría emplear el glifosato y la aspersión, pero es peligroso abrir la puerta a que el CNE pueda ahora tomar una decisión”, dijo el senador Iván Cepeda, del Polo. Según su criterio, son evidentes las conclusiones académicas respecto del daño que ha provocado el glifosato en la población. De hecho, el texto expone siete estudios que permiten ver el panorama al que se refiere el legislador. Uno de ellos es el International Journal of Clinical Medicine, realizado en Argentina, y que concluyó que la exposición al glifosato tiene una fuerte asociación con el cáncer. Otros estudios apuntan a que podría estar induciendo a los abortos involuntarios.

En Colombia, por ejemplo, citan el caso de Yaneth Valderrama, “quien habría muerto luego de ser asperjada con glifosato hace 20 años, en el municipio de Solita, Caquetá. Al momento de ser rociada con el herbicida tenía 27 años y cuatro meses de embarazo. Dos días después de la fumigación sufrió un aborto espontáneo y seis meses después falleció. Su esposo libró una batalla jurídica que fue admitida en la CIDH”, señala el texto que será puesto a consideración del Congreso. Por eso, aunque no hay un estudio que dé respuestas concluyentes acerca del herbicida que, entre otras cosas, se usa en plantaciones como el arroz y la soya, piden que se aplique el principio de precaución para “preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional”. Finalmente, cuestionan el alto costo que genera para el país erradicar las hectáreas con glifosato: “Algunos cálculos indican que a noviembre de 2012, el Gobierno habría gastado la suma de 104.331.276.056 dólares en glifosato y 458.330.276.056 dólares en operativos antinarcóticos”.

Por otro lado, de ese paquete legislativo hace parte una iniciativa del partido FARC que buscará un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca. Para el senador Julián Gallo, atacar penalmente a los campesinos cultivadores es intentar desarticular una cadena por el eslabón más débil. “Es el campesino, obligado por las circunstancias, a tener que sobrevivir en un país que se ha negado a hacer una reforma agraria. Los beneficios de ese tratamiento penal diferencial significan que ellos reconocen un delito, pero, en cumplimiento de ese compromiso, el Estado debe cesar la persecución penal, claro está, bajo la promesa de no reincidencia”, manifestó. Todo, aclaró, bajo la condición de que el Estado pueda suplir necesidades de infraestructura, comercialización de productos, escuelas y hospitales. Y piden mantener los proyectos de sustitución voluntaria como eje central de la política antidrogas. El paquete legislativo no tiene aseguradas las mayorías en el Congreso, pero de entrada se sabe que levantará mucha polémica.

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-Redacción Política

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Giro en política antidrogas llega al Congreso

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