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hace 14 horas

Glifosato, una oportunidad para consolidar el discurso

La posibilidad de que se suspendan las aspersiones con este herbicida genera simpatía en un bloque de la Unidad Nacional y preocupaciones en el sector de la defensa.

Los ministros de Salud, Alejandro Gaviria, y Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el alto consejero para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera. / Archivo - El Espectador

El concepto del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en el cual recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos” causó un fuerte debate en la sociedad y promete suscitarlo en el Gobierno. Aunque, claro está, la sugerencia de Gaviria, sustentada en una alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de que la sustancia puede generar cáncer, no implica una decisión formal del Ejecutivo por el momento.

Ahora, el concepto del Minsalud deberá ser evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la oficina que hoy autoriza las aspersiones y que, con una postura frente a la recomendación de Gaviria, deberá presentar su propio concepto ante el Consejo de Estupefacientes, que hoy preside el Ministerio de Justicia. Luego, y sólo con el informe final de la ANLA, dicho consejo podrá suspender o dejar en firme las fumigaciones. En ese escenario empiezan a tejerse en el Gobierno debates jurídicos y políticos.

Según fuentes de la Casa de Nariño, la movida de Gaviria no puede descontextualizarse del plano judicial. Las decisiones emitidas en los últimos dos años por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, las cuales, además de prohibir las aspersiones en cerca de 25.000 hectáreas de distintos puntos del territorio, exhortaron al Ejecutivo a suspender las fumigaciones tan pronto se comprobara un efecto nocivo del glifosato en la salud, constituyen jurisprudencia que hoy hace parte del balance del alto gobierno sobre el uso del herbicida.

En ese sentido, en Palacio celebran que el Minsalud haya salido al paso tan pronto se supo que la OMS había detectado la posibilidad de que la sustancia generara cáncer. Más allá de buscar frenar las afectaciones a la salud de los colombianos en las zonas fumigadas, misión natural de esa cartera, el concepto se anticipa a cualquier decisión judicial que termine generando cobros masivos de reparaciones y tutelas presentadas por quienes presuntamente se han visto afectados por el químico.

“El miedo a estas demandas no nos puede llevar a no emitir la recomendación que hicimos”, sentenció Gaviria, aludiendo a los requerimientos que ha hecho la Corte Constitucional. Incluso, más allá de esa posición, de acuerdo con miembros de la Unidad Nacional, anticiparse a cualquier decisión judicial no quiere decir que los cobros no se vayan a presentar o que el Ejecutivo no esté dispuesto a pagarlos, pero sí le da cierto margen de maniobra a Santos de cara a los jueces, mientras el Consejo toma alguna decisión formal.

En el plano político, los pulsos en el gobierno Santos parecen inevitables y ya se avizoran. Por un lado, el Ministerio de Defensa ha dicho que, si bien valora la seriedad de la alerta emitida por la OMS, existen muchos estudios científicos que no han concluido lo mismo sobre el herbicida. Además ha negado que esta postura del Minsalud implique la suspensión de las fumigaciones.

“Hay múltiples estudios sobre estos temas que no son concluyentes y necesitan un análisis más detallado. Debe prevalecer el bien común y no podemos perder las herramientas que nos han ayudado a reducir el narcotráfico. En los sitios donde se ha dejado de fumigar se han incrementado los cultivos de coca. La erradicación manual implica más riesgos para la vida humana que cualquier otro tipo de herramienta (...) Vamos a esperar que el presidente tome una decisión y mientras tanto seguiremos fumigando”, dijo Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa.

Por el otro lado va tomando forma un bloque de ministerios y oficinas del Gobierno que se alinean con lo expresado por Alejandro Gaviria. Según pudo establecer este diario, aunque Yesid Reyes, ministro de Justicia, no ha declarado posición alguna sobre este episodio particular, en esa cartera ven con buenos ojos el concepto presentado por el Minsalud, pues permitiría afianzar el discurso reformista que ha asumido Colombia en escenarios como Naciones Unidas. Ha sido precisamente Reyes quien ha pedido a la comunidad internacional que diseñe nuevas políticas que no centren su acción represiva en los pequeños consumidores y productores.

Desde la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia, el excongresista Guillermo Rivera, quien lideró en el parlamento debates en contra de la aspersión con glifosato, sostuvo que la posición de Gaviria es “valiente y democrática” y “surge de un documento de la mayor seriedad. Este concepto del ministro Gaviria demuestra el talante democrático de un gobierno que está abierto a revisar sus políticas a partir de información fáctica”.

Según Rivera, no se puede hablar de pulsos políticos en el gabinete pues lo que ocurrirá en el Consejo de Estupefacientes “será una discusión eminentemente técnica”. Sin embargo, otras fuentes de la Presidencia advierten que hay dos bloques de opinión respecto a la posibilidad de eliminar las aspersiones con glifosato. En Palacio tampoco pierden de vista que uno de los acuerdos conseguidos en las negociaciones de paz con las Farc que se desarrollan actualmente en Cuba, el relativo a sustancias de uso ilícito, considera que las fumigaciones deben ser la última opción del Estado, después de la erradicación manual y la sustitución voluntaria de cultivos.

En últimas, dejar de priorizar la fumigación como acción antinarcóticos ha sido uno de los pedidos históricos de las poblaciones que conviven con la guerra y que hoy están esperanzadas en que la firma de un eventual acuerdo de paz desemboque en cambios sustanciales en sus condiciones de vida.