Paro nacional: así avanzan las marchas en Bogotá

hace 12 horas
Comandante de las FF. MM., general Luis Navarro, asume como ministro encargado

Gobernabilidad de Duque: ¿basta la renuncia de Botero?

Si bien la renuncia del mindefensa fue bien recibida por la opinión pública y el Congreso, el presidente debe reconfigurar su gobernabilidad y mejorar la relación con el Legislativo. Moción de censura sigue viva. Análisis.

Apenas en junio pasado, Botero había salido avante de otra moción de censura en la Cámara.Mauricio Alvarado

Acorralado y contra la pared, ayer Guillermo Botero precipitó una decisión que estaba cantada: su salida del Ministerio de Defensa. Durante 15 meses permaneció allí en medio de cuestionamientos que cada vez se tornaban más delicados y que el martes alcanzaron su punto de ebullición cuando, desde el Senado, se reveló que supuestamente ocultó la muerte de ocho menores durante un bombardeo en Caquetá, presentándolos como “delincuentes muertos en operaciones militares”.

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Si bien Botero ya había capoteado una moción de censura en la Cámara de Representantes y escándalos como la muerte del desmovilizado Dimar Torres presuntamente a manos del Ejército, acusaciones sobre presiones en las Fuerzas Militares que fueron interpretadas como el regreso de los denominados falsos positivos y, más recientemente, el escalamiento de la violencia en el Cauca, la situación con los menores fue la estocada final a una gestión que no estuvo exenta de controversias y que ahora escala hasta dejar en entredicho la gobernabilidad del propio presidente Iván Duque.

El ahora exministro optó por dar un paso al costado y, en lugar de someterse a la mordaz votación de una moción de censura con mayorías en contra, presentó la carta de renuncia que terminó por aceptar Duque, quien designó en provisionalidad en ese cargo al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. “Es lo más conveniente”, admitió Botero que, no obstante, defendió su política de lucha frontal contra los cultivos ilícitos y destacó bajo su batuta “una reducción significativa de los delitos que afectan tanto la vida e integridad como el patrimonio”.

A su turno, el jefe de Estado agradeció al saliente ministro “por su compromiso, sacrificio y liderazgo”. Gracias a su gestión logramos excelentes resultados”, dijo Duque, que ahora –coinciden analistas y congresistas– tiene el desafío de recobrar legitimidad, generar mayor credibilidad y mejorar sus relaciones con un Legislativo que no deja de ser esquivo.

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La salida no parece ser otra que un gran acuerdo político que, por supuesto, incluya a la oposición. De acuerdo con el analista Héctor Riveros, más allá de un revolcón en el gabinete –que haría parecer aún más débil al Ejecutivo y agravaría la crisis–, un acuerdo minimizaría los efectos de la agitación social y política que vive el país, y que podría recrudecerse con el paro nacional del próximo 21 de noviembre.

“Es el golpe político más duro para este Gobierno, que ha perdido aliados en el Congreso y que llegó sin mayorías. El acuerdo político debe partir de un supuesto, que es el trasfondo de esta tensión permanente: reconocer el Acuerdo de Paz con las Farc y cumplirlo a cabalidad. Debería ser un acuerdo generoso, que reconozca que hay que incluir temas que son banderas de la oposición y que no solo son parte de la agenda del Gobierno”, comentó Riveros.

Con todo, la moción de censura promovida por el senador Roy Barreras sigue viva y, en caso de que llegue a votarse el próximo miércoles –como está previsto y como lo consagra la Constitución–, marcaría un precedente nada favorable para un jefe de Estado: que por primera vez el Congreso tumbe a un ministro, pese a no estar en funciones. Lo anterior dejaría al descubierto la débil relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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El trasfondo del asunto, una vez más, es la gobernabilidad del presidente Iván Duque, quien desde el principio de su mandato se la jugó por Botero, un hombre que venía de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y que, a diferencia de otros de sus nombramientos, fue visto como más político, e incluso burocrático, que técnico, pues para muchos no tenía la experiencia, los pergaminos ni el manejo de las cadenas de mando y control con las Fuerzas Militares.

Para Andrés Macías, experto en políticas públicas y docente de la Universidad Externado, el haber mantenido a Botero hubiese implicado un alto costo político para Duque, más si se tiene en cuenta que, a diferencia de la cita con la Cámara, en el Senado el escenario es adverso y muchos saldrían a cobrar su cabeza.

“Se apresuraron en el Gobierno al pensar que en el Senado iba a pasar lo mismo de la vez pasada y que Botero se salvaría. Se confiaron, y tener a un ministro así implicaba un precio muy alto. Sin embargo, el verdadero error fue no haberlo retirado antes y esperar hasta este momento. El costo se reduce con la renuncia de Botero, porque el mayor daño hubiera sido llegar a la votación de la moción de censura con él en el cargo”, aseguró Macías.

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Por su parte, el analista político Carlos Arias advirtió que la permanencia de Botero también le habría costado a Duque en materia no solo de gobernabilidad, sino a nivel reputacional, con implicaciones además en derechos humanos y su política del posconflicto vista a ojos de la opinión pública y la comunidad internacional. “Mantenerlo era un costo a la legitimidad y credibilidad del Gobierno, pero también para el país y el Estado”.

Ante la duda de si la salida de Botero es una derrota para Duque, dado que defendió su nombramiento a capa y espada, y que su dimisión podría ser vista como un mea culpa de que no era el más acertado, Arias asegura que, al contrario, es recibida con buenos ojos, porque es el “resultado de una pésima gestión y la falta de conexión con las FF. MM. Duque está jugándose mucho más que el ego o la suspicacia de lo que pudo haber sido su primer equipo de gobierno”.

Otro hecho que no puede pasar por alto, según los analistas, es que incluso el mismo Botero parecía no tener total apoyo de las Fuerzas Armadas, pues es claro que al senador Roy Barreras le filtraron la información del bombardeo en Caquetá para hacerle daño, lo que dejaría entrever que había cierto malestar interno en algunos de los altos y medios mandos.

Otro analista, cercano al uribismo y que pidió no ser mencionado, opinó que, más allá del ministro de Defensa, lo que se evidencia con esta situación es la difícil relación entre el Ejecutivo y el Congreso, paradójicamente, por falta de mermelada: “¿Qué diferencia esta moción de censura de otras que se promuevan? En el fondo, que fuera este u otro ministro da lo mismo. El tema no se resuelve si se queda o se va, si no replanteando la relación con el Legislativo”.

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El rechazo del Legislativo a la gestión de Botero se expandió, incluso a los legisladores del propio Centro Democrático. Dos de ellos afirmaron que en este escenario el Gobierno, con su actuar, generaba incertidumbre y el único cálculo político que hicieron fue que no saben qué va a pasar frente a la eventual votación de la moción. “Uno pregunta con qué ayuda, qué debe defender y no responden nada”, expresó un senador del uribismo.

Sumado a eso, un sector del Centro Democrático ve al presidente como una figura vanidosa, a la que no se le puede hablar y que no escucha razones. En ese sentido, el Legislativo y su propia fuerza política no encuentran capacidad de maniobra con el Gobierno. Le critican, además, que en su agenda predomine la asistencia a foros y eventos, en vez de estar al frente del cañón tomando una decisión y dando línea a sus funcionarios.

Lo que viene ahora para el presidente, además de mejorar las relaciones con el Congreso y hacerle frente al sonajero de nombres que comienzan a escucharse para reemplazar a Botero –como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez o el exviceministro de Defensa Rafael Nieto–, es lograr estabilidad en un cargo del calibre de Defensa y, por ahí derecho, fortalecer su gobierno. El desafío persiste.

¿Se podía bombardear ese campamento?

En el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que fue convocado por el senador Roy Barreras, este hizo pública una información sensible y que puso al alto funcionario contra las cuerdas. Según el congresista, cuando Botero anunció que en un bombardeo en San Vicente del Caguán (Caquetá), el pasado 19 de septiembre, habían muerto “catorce delincuentes”, omitió un dato crucial: que siete de ellos eran menores de edad.

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“Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y quizá son cuatro más, porque las pruebas de Medicina Legal muestran que otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar que tenían menos de veinte años. Llegaron restos de cadáveres que se calculan están entre los quince y veinte años”, dijo Barreras en el Congreso.

El Espectador habló con Hélmer Carreño, personero de Puerto Rico (Caquetá), quien conocía de antemano esta dramática situación. “La respuesta a mis denuncias fue nula. Previo al bombardeo le dije a la Fuerza Pública que estaban reclutando niños y no hicieron nada”, denunció.

Expertos en derechos humanos y derecho internacional humanitario consideran que este episodio es de gravedad. Una experta consultada por este diario, que prefiere omitir su nombre porque ahora hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, señaló que en el país “no es lícita la pena de muerte. En Colombia se debe entender que hay un principio de precaución y de proporcionalidad. Debe entenderse esa lógica”.

Camilo Umaña, profesor del Externado y doctor en criminología de la Universidad de Ottawa, señaló que si algo evidencia este bombardeo, tras lo revelado por el senador Barreras, es que las Fuerzas Militares no están recolectando información suficiente antes de aplicar fuerza letal. Dice que un bombardeo no puede ejecutarse, ni siquiera porque el DIH no los prohíba, si no se tiene la mayor certeza posible de que las personas están involucradas con actividades de combate y que su muerte es absolutamente necesaria. “No se está tomando el principio de precaución”, asegura.

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“De acuerdo con la convención de la ONU sobre armas convencionales de 1980, tenemos disposiciones muy específicas que prohíben los bombardeos cuando no hay certeza del blanco. Se viola el principio de la distinción”, agregó Andrés Valdivieso, profesor de la Universidad Javeriana.

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2019-11-07T06:00:00-05:00

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2019-11-06T23:49:23-05:00

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-Redacción Política ([email protected])

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