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Pese a la férrea y sostenida defensa que el Gobierno de Iván Duque ha hecho a sus políticas, programas y planes en la defensa de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados, este martes la ministra del Interior, Alicia Arango, admitió que es “débil la presencia y capacidad” del Estado que hoy dirigen en resolver sus crímenes y amenazas.
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En desarrollo de un debate de control político en la plenaria del Senado, Arango calificó como desafortunados los crímenes y sostuvo que en Colombia la labor de la defensa de los derechos humanos “se convirtió en un riesgo”. No obstante, destacó también que el Ejecutivo ha realizado un trabajo directo con las comunidades y los partidos de la oposición para reforzar la protección de líderes.
“No podemos negar la débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos, amenazas y riesgos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y reincorporados”, manifestó la ministra de la cartera política.
La funcionaria informó que, según las cifras del Ejecutivo, desde el 7 de agosto de 2018 (cuando arrancó este Gobierno) hasta el pasado sábado 21 de noviembre se contabilizan en Colombia 194 líderes asesinados. Arango declaró que 51 de ellos están confirmados y 57 se encuentran en trámite de verificación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esa línea, sostuvo además que desde el inicio de la pandemia en marzo pasado se han presentado 20 crímenes.
“Todo esto obedece al reacomodamiento de grupos armados, disputas territoriales, reconfiguración de alianzas entre terroristas y delincuencia y explotación ilícita de minerales, así como imaginarios y prejuicios en contra de labor de derechos humanos. Hay una estigmatización contra los defensores”, dijo Arango.
Las cifras del Gobierno contrastan con las presentadas también hoy en la misma plenaria. Con base en las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la senadora Aída Avella denunció que solo en 2020 (entre el 1 de enero y el 23 de noviembre) han sido asesinados 259 líderes, 65 casos más que los que contabiliza el Ejecutivo en más de dos años.
Las estadísticas de Indepaz indican que, en promedio, al menos cinco líderes y defensores son asesinados cada semana en Colombia. Por otro lado, Avella sostuvo que desde el 23 de marzo del 2020 hasta el 23 de noviembre 2020, es decir, en tiempos de pandemia, han asesinado 179 líderes asesinados.
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Al revisar por poblaciones afectadas, se observa que una de cada tres víctimas era indígena (89 crímenes). Le siguen campesinos (79), líderes comunales (30), líderes cívicos (25), afrodescendientes (15), sindicalistas (10), miembros de la comunidad LGTBI (tres), mineros (tres), periodistas (tres) y ambientalistas (dos).
Frente a excombatientes, las cifras indican que desde el 01 de enero del 2020, hasta el 20 de noviembre 2020, han asesinado a 242 de ellos. En materia de masacres, se contabilizan 77, en las que han perdido la vida 306 personas, siendo Antioquia (18), Cauca (12) y Nariño (nueve) las regiones más afectadas.
Ante este panorama, Avella responsabilizó al Gobierno de Iván Duque, e incluso dijo que miembros del Ejecutivo y del partido de gobierno (el Centro Democrático) han estigmatizado a los líderes sociales.
“Aquí en Colombia es evidente que el Gobierno Nacional juega un papel de pasividad en el genocidio y, en algunos de los crímenes, las víctimas advierten de la participación de agentes del Estado en los crímenes, en el terror en el campo y las masacres”, precisó la parlamentaria.