Gobierno apoya proyecto uribista para reconocer la doble instancia retroactiva

Así lo dijo Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. Ante la iniciativa, propuesta por el Centro Democrático que revivió por la extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, la jefe de la cartera política dijo que ese recurso es una garantía del debido proceso al que todos tienen derecho.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que su cartera apoya el proyecto de segunda instancia retroactiva. Archivo El Espectador

“La doble instancia retroactiva es una garantía del debido proceso. Todas las personas, en cualquier época, tienen derecho a ella”, dijo este miércoles Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, sobre la intención del Centro Democrático de radicar un proyecto que posibilite la segunda instancia de manera retroactiva para aquellos condenados en única instancia, es decir, por un solo tribunal. 

El debate sobre ese recurso revivió a raíz de la extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura y una de las cabezas visibles del uribismo. Arias fue condenado en 2014 por ser el responsable de autorizar el desembolso de unos dineros que favorecieron a empresarios, en el llamado caso de Agro Ingreso Seguro. Y, ante su llegada al país para cumplir con su condena de 17 años, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, en compañía de su partido, prendieron las alarmas para que la doble instancia aplique en el caso de Arias, juzgado únicamente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

(Para contexto: Extradición de Andrés Felipe Arias reabre debate de segunda instancia)

Bajo ese panorama, la jefa de la cartera política habló sobre la postura del Gobierno frente al caso de Arias y el proyecto uribista. En entrevista con W Radio, Gutiérrez expresó que, efectivamente, el Ministerio del Interior “sí apoya la necesidad de la doble instancia retroactiva, que aplique para todos los procesos. Esto es una cosa de derechos fundamentales”. Y reiteró que el presidente Duque dejó claro que será el Congreso el “que determine el tiempo de la aplicación del recurso”. “Pero, puedo asegurar que esto, mirándolo como un derecho, en últimas debe ser aplicado en cualquier tiempo”, aseguró. 

De esa manera, Gutiérrez hizo aún más explícito el apoyo del Gobierno a este proyecto, una medida que no solo beneficiaría a Arias para que su proceso sea reabierto y revisado por segunda vez, sino a un número incontable de personas condenadas. Según Juan David Vélez, representante a la Cámara por el Centro Democrático y promotor de la iniciativa, son alrededor de 250 aforados que podrían hacer uso de ella, en caso de que se convirtiera en ley. En ese sentido, una cuestión que ronda a la propuesta es la posible avalancha de procesos que llegarían a la rama judicial. Pero, tal idea sigue siendo una conjetura del posible futuro que podría desencadenar el proyecto que, según la bancada del Centro Democrático, será radicado el próximo 20 de julio, día en que inicia el nuevo período legislativo. 

(Lea: El futuro de Andrés Felipe Arias está en manos del Congreso)

Sobre el caso Arias, Gutiérrez reiteró que, según su conocimiento, no hay ninguna orden del alto Gobierno para evitar que se conozcan imágenes de Arias detenido en la Escuela de Caballería, a raíz de la controversia que le generó a los medios no poder capturar el momento de su llegada al país. “Esto no compete al Ministerio del Interior, pero no he oído de que se haya dado una orden al respecto. Como ser humano considero que esta es una tragedia que ha vivido esa familia. Habrán casos que seguramente no son tan reconocidos, sin mayor publicidad, pero reitero: aquí lo que vale la pena rescatar es que hay de por medio un dolor profundo de una familia y eso lo tenemos que respetar”, manifestó la ministra ante el medio radial. 

Entre otros temas, la funcionaria se refirió también a la objeción por inconveniencia que presentó el Gobierno frente al proyecto de depuración normativa que fue aceptado en el Congreso. La iniciativa pasaba a sanción presidencial para convertirse en ley, la cual busca eliminar cerca de 12.000 leyes obsoletas. Sin embargo, entre ellas se iba a suprimir una que le permitía a la Corte Suprema investigar y juzgar a los aforados constitucionales, por ello el presidente presentó un pero a la ley que iba a firmar. 

“Esa situación la encontró la oficina jurídica de la Presidencia de la República, durante la revisión para ser sancionada. La secretaría jurídica vio que esta norma no corresponde a una derogatoria por cuanto efectivamente quedaría desajustado el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados, razón por la que es objetado por el presidente. Él  dio la orden de que este proyecto fuera objetado para que el Congreso revise la eliminación de esta norma”, explicó. 

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-Redacción Política

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Gobierno apoya proyecto uribista para reconocer la doble instancia retroactiva

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