Gobierno aprueba nuevo Conpes para otorgarle al catastro categoría de servicio público

El documento pretende demostrar que ese registro administrativo no es solamente para el impuesto predial, sino para otros usos como el de ordenamiento territorial, planeación, gestión ambiental, entre otros.

-Redacción Política
27 de marzo de 2019 - 05:36 p. m.
Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación. / DNP
Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación. / DNP

El Consejo de Política Económica y Social (Conpes) publicó un nuevo documento relacionado con la política catastral para el país. De este modo, se le otorga la categoría de servicio público, es decir, los ciudadanos y los mismos mandatarios no asociarán más al registro administrativo como el fijador del valor del impuesto predial.

“La nueva política establece la estrategia para la implementación del catastro multipropósito, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información a 2025”, comentó Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación.

Los cincos puntos del Conpes incluyen una articulación institucional con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro; unos insumos para la actualización de la información del catastro; la implementación de políticas públicas y la gestión de estas mismas a lo largo del territorio nacional; la creación de mecanismos para garantizar la sostenibilidad catastral y aumentar la cobertura multipropósito de este mismo, o sea, mostrar los otros beneficios que tiene este registro administrativo.

Como lo propuso el Gobierno para el estudio de Conpes, esta nueva política catastral de multipropósito está contemplada para contratar operaciones de crédito externo con la banca multilateral hasta por USD$150 millones.

El catastro es un registro administrativo en el que se reportan los bienes inmuebles para que con base a este el Estado calcule, por ejemplo, los impuestos prediales. A la vez sirve como garantía jurídica en un pleito de propiedad y para la planeación urbana y rural de nuevos proyectos en las ciudades y municipios.

Por -Redacción Política

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