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Pasado más de un mes desde que el Comité Nacional del Paro entregó al Gobierno su pliego de peticiones, con 104 solicitudes y propuestas para superar el estallido social que enfrenta el país, este viernes el Ejecutivo entregó los resultados de la revisión –punto por punto– del documento. En opinión del Ejecutivo, del total de peticiones, el 19 % son inviables. Dicho en otras palabras, para el Gobierno una de cada cinco demandas no tiene asidero.
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Así lo confirmó a El Espectador Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y designado por el presidente Iván Duque para articular la denominada Conversación Nacional, quien sostuvo que cada Ministerio –según su competencia– analizó cada una de las peticiones.
Precisamente, se prevé que el detalle de esas conclusiones sea presentado al Comité en una próxima reunión, cuya fecha aún no ha sido definida, pues en lo que va de 2020 las partes no han logrado ponerse de acuerdo para reanudar los diálogos. La última vez que se sentaron fue el 17 de diciembre, cuando celebraron su sexta reunión. De acuerdo con Molano, lo que resta ahora es definir una metodología para tener “una conversación práctica”.
Peticiones inviables
Entre las demandas que no tienen viabilidad fiscal, es decir, que afectan las finanzas públicas, se encuentra volver a Ecopetrol una empresa 100 % estatal, que “podría valerle a la Nación $15 billones”, o eliminar el impuesto del 4 x 1.000, “que puede llegar a costar hasta $8 billones, afectando la inversión social para sectores como salud o educación”, dijo Molano.
A nivel político, las relacionadas con el modelo de Estado, el Ejecutivo descarta también replantear o modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa, así como el desmonte del ESMAD de la Policía. “Estamos hablando de la función constitucional de protección del Estado de la vida e integridad de todos los ciudadanos (…) El Esmad garantiza la seguridad de quienes marchan y quienes no, las capacidades de la Fuerza Pública no son susceptibles de ser negociadas, esto en atención a que se derivan del mandato Constitucional y legal”, agregó el director.
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Para el Gobierno, tampoco está en discusión la eliminación de la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud, pues el Comité reclamaba que las actividades y recursos de este sector fueran manejados exclusivamente por instituciones públicas.
Se determinó además como inviable dar marcha atrás a la Ley de Crecimiento Económico o reforma tributaria, que terminó siendo aprobada por el Congreso en diciembre pasado. “Eso ya está aprobado el Congreso. Era necesaria hacerla por sostenibilidad fiscal. Allí se incluyeron medidas sociales, que han ayudado a atender los requerimientos de las mismas movilizaciones”, manifestó Molano.
Tampoco se discutirá el retiro de Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) y la prohibición del uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos: “Lo que se está haciendo son unos estudios frente al glifosato. Se hizo público un decreto para hacer unas evaluaciones en salud y de impacto ambiental. En ese sentido, se pueden hacer comentarios al decreto que está en discusión, pero es una propuesta inviable porque es un punto que hace parte de la seguridad nacional”, declaró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Peticiones en las que el Gobierno no tiene competencia
Por otro lado, el Ejecutivo dictaminó que en el 6 % de las peticiones no es competente para negociar, pues se trata de temas que son del resorte del Congreso o de la Rama Judicial. Entre ellas se cuenta la libertad inmediata de las personas detenidas en desarrollo de las protestas. “Eso corresponde a la Fiscalía y la Rama Judicial”, dijo Molano.
Adicionalmente, el Gobierno no tiene competencia para desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de homicidios y torturas.
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Peticiones a revisión: solo el 10 %
De acuerdo con Molano, del total de las peticiones, solo 10 % son susceptibles de revisión con miras a llegar a acuerdos. Entre esas se cuenta el retiro del proyecto de ley estatutaria por el cual se pretende regular la protesta, así como el compromiso de abstenerse de promover cualquier iniciativa normativa que tenga como fin ese propósito.
Adicionalmente, se podría llegar a negociar el Plan Nacional de Salud Rural, que –pide el Comité del Paro– debe contar con un presupuesto asignado, que priorice la atención en las mujeres rurales, “históricamente invisibilizadas, relegadas y discriminadas en la atención en salud, así como en los beneficios de estrategias de salud rural comunitaria”.
Sin embargo, el director defendió que el 65 % de las solicitudes ya las están atendiendo, como el estudio para prohibir el uso de armas de letalidad reducida o la firma del Acuerdo de Escazú (ya suscrito), que busca promover el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Frente al trámite de la reforma al sistema pensional y la garantía de un sistema de protección social a la vejez, Molano dijo que se trata de temas que ya se están atendiendo. “Hoy no hay ningún proyecto ni de reforma laboral o pensional. Cualquier iniciativa que se vaya a discutir se hará al interior de la Mesa de Concertación Salarial, en la que tendrán presencia los trabajadores, el sector productivo y el Gobierno”, precisó.
Finalmente, el funcionario destacó que, paralelo a la mesa con el Comité del Paro, se avanza con la Conversación Nacional que se adelanta con otros sectores y se da continuidad al Plan de Desarrollo. “La Conversación continúa, el Gobierno no paró. Este diálogo busca producir resultados, que ya se están dando, como las decisiones de empleo para jóvenes; los beneficios en la Ley de Crecimiento Económico; el tratado Escazú; la creación de la mesa de la juventud y la política de transición energética”.