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El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, denunció este miércoles, en un debate de control político al Ministerio de Justicia, que el Gobierno Nacional desconoce la ubicación de los procesos judiciales de ocho exjefes paramilitares que fueron extraditados. La discusión se desarrolló junto a la coyuntura del regreso al país del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40.
En ese sentido, Sanguino señaló que desde el Estado no se había establecido ninguna ruta para que, a su regreso, estos actores del conflicto armado colombianos contaran la verdad a las víctimas.
“En las resoluciones de extradición de estos exjefes paramilitares no hay ninguna mención que garantice su regreso al país. Resulta que se extraditaron a unos señores que tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana y con las víctimas y en ningún lado dice que deben regresar al país”, señaló el congresista.
Según Sanguino, citando documentos de ministerios y consejerías, “de los 32 desmovilizados de las AUC extraditados, 12 ya retornaron al país, 12 siguen vinculados a justicia y paz y de 8 se desconoce su estado judicial”.
Y expresó que esos ocho procesos son los de Jhon Eiderlber Cano Correa, alias Flechas; Huber Aníbal Gómez Luna, alias el Mello Rico; Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias Topo; Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias Nacho; José Gregorio Terán Vásquez, alias el Pipón; y Jhon Alexander Posada Vergara, alias Jhonny Cano.
“¿Cómo es posible que el Gobierno no sepa de la situación jurídica de quienes extradita? Parece que a este gobierno, de la misma línea política del gobierno que afanadamente los extraditó entre 2006 y 2010, se le olvidó que por fuera del país están presos unos hombres que cometieron delitos en Colombia y que deben regresar el país a contar la verdad”, comentó el senador de la oposición.
Por esa razón, para el senador se hace necesario darle trámite a uno de sus proyectos de ley radicados en que se busca fortalecer la Ley de Justicia y Paz y se protejan los derechos de las víctimas.
En esa iniciativa se incluye un artículo que abre la puerta para que los exparamilitares que se retiraron de manera voluntaria de ese proceso puedan ser readmitidos por una única vez “siempre y cuando no haya cometido ningún delito con posterioridad a su desmovilización colectiva o individual”.