Gobierno dice que da respuesta interinstitucional a la trata de personas

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En el debate de control político en la Cámara de Representantes, las citantes cuestionaron la diferencia entre la información que manejan entidades como el ICBF y el Ministerio del Interior, encargadas de recibir los casos de las personas violentadas bajo esos delitos.

Llegó al Congreso la discusión sobre la trata de personas y la explotación sexual, que afecta en su mayoría a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y con el tema ante el país, las citantes expusieron su principal pregunta: ¿qué está haciendo el Gobierno para prevenir y responder a la problemática, para rodear a las víctimas de un flagelo transnacional?

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El debate se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, citado por Ángela Sánchez, de Cambio Radical, y Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador. Entre los vacíos que encuentran en la respuesta del Estado a la trata de personas y la explotación sexual, resaltaron las inconsistencias que hay entre los datos que manejan las entidades responsables de enfrentar estos hechos.

Por ejemplo, la representante Sánchez anotó que “no es tan fácil llamar” a la línea 018000522020, que es la habilitada por el Ministerio del Interior para recibir las denuncias e iniciar la atención a las víctimas. Adicional a ello, resaltó una diferencia sustancial entre los casos confirmados de trata de personas con de explotación sexual y el número de llamadas que llegaron a dicha línea. “En 2019 se recibieron 1.295 llamadas, pero se registraron 124 casos. ¿Cómo es esa depuración de las llamadas? ¿Por qué esa diferencia tan grande?” preguntó.

Además, Sánchez indicó que también hay un desfase en la cantidad de casos registrados por ambas entidades y que contrasta con el conteo de organizaciones que le hacen seguimiento a dichos delitos en Colombia, como lo hace Usaid. Expuso que el Ministerio del Interior reconoció 14 víctimas, cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años, y ningún afectado en el rango entre seis y 11 años, para 2019. Mientras, el ICBF respondió unos datos distintos: en el rango de 12 a 17 años registró 13 víctimas, y en el de seis a 11 años, dos víctimas. “Las cifras no concuerdan”, aseguró, añadiendo que así la diferencia disimilitud sea de una persona, la pregunta es ¿qué pasó con ese caso?

“Es importante definir un registro único de atención de las víctimas, y que podamos trabajar en una reincorporación a su entorno. Necesitamos celeridad en los procesos judiciales, tipificar de manera correcta los delitos de Escnna (Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes), porque por eso no hay condenas efectivas”, dijo.

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Betty Zorro, también de Cambio Radical, insistió en que hay “una insuficiencia de comunicación entre los organismos, trabajo aislado, y alta rotación entre los funcionarios” lo que dificulta atender efectivamente los casos, además de un serio desconocimiento por parte de la autoridad judicial para atender a las víctimas. “Les dicen ‘¿quién las mandó por allá?’. Esa no puede ser la respuesta”, afirmó.

Ante los cuestionamientos, los ministros y funcionarios citados pasaron al estrado del recinto. En cada intervención reiteraron que el Gobierno está comprometido con combatir y acabar estos flagelos, y que, contrario a los cuestionamientos, sí está dando una respuesta interinstitucional, articulada e integral.

Mientras Fernando Ruiz, ministro de Salud, aseguró que la atención y la prevención de la trata de personas y explotación de los niños es “un tema esencial en la política de protección” que impulsa su cartera, Lina Arbeláez, directora del ICBF, expresó que el Gobierno ha “priorizado” la atención a los menores de edad y que han exaltado en la política pública la preponderancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, bajo un enfoque con dos pilares: prevención y protección.

Arbeláez recalcó que el trabajo del ICBF está evidenciado en tres campañas: la red Protegerlos es conmigo (ruta nacional y territorial para la prevención, promoción de derechos, movilización social en contra del delito, vigilancia y control de explotadores sexuales), Las primeras 72 horas (acciones inmediatas de activación de las autoridades competentes luego del hecho ocurrido), y Presente contra la explotación sexual comercial (campaña de sensibilización enfocada en que la ciudadanía reconozca estos delitos e incentive a denunciar a través de la línea del Ministerio del Interior). Así mismo, dijo que para el restablecimiento de los derechos de las víctimas se exhorta la ruta dispuesta por el Ministerio de Salud y se procede a hacer las denuncias correspondientes. “Por eso tenemos una alianza con la Fiscalía”, manifestó.

De igual forma, María Victoria Angulo, ministra de Educación, afirmó que su entidad también tiene otro convenio con la Fiscalía, construido hace un mes “para trabajar más coordinadamente en los procesos de investigación contra presuntos abusadores”.

Sobre las inconsistencias con los datos reflejados en el Ministerio del Interior, Arbeláez explicó el proceso para confirmar un caso y posterior denuncia de trata de personas. “Cuando un defensor de familia abre proceso de restablecimiento de derechos hace un esquema de verificación. Cuando Mininterior hace el reporte, el ICBF toma el que hay hasta el momento. EL defensor puede desestimar y filtrar si es o no un delito de trata de personas. Por eso la diferencia en las cifras”, comentó, declarando que “no es un tema de inconsistencias, acá trabajamos de la mano. Es un tema de tiempos”.

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A su turno, pasó el viceministro Daniel Palacios al Estrado, en representación de Alicia Arango, ministra del Interior, pues dijo que ella está atendiendo las conversaciones con la Minga indígena. Después de un discurso político sobre el tema, Palacios recordó que la trata de personas va más allá de la explotación sexual (otra tipificación es trabajo forzado, matrimonio servil, esclavitud y servidumbre) y que por tanto son términos que “se ven trastocados a la hora de definir el peso judicial sobre el delito”.

Además de aseverar que el Mininterior no solamente está trabajando en la prevención de los delitos, sino también en el seguimiento a las investigaciones, Palacios dijo que en la nueva estrategia integral su cartera tiene un rol de “coordinar” a las entidades del Estado, activar el comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, y de asesorar y asistir técnicamente a las entidades territoriales en sus planes de acción.

Frente a la diferencia sobre las cifras con las del ICBF, dijo que no todas las llamadas que entran a la línea mencionada terminan en una denuncia. “Igualmente, que haya una denuncia de la víctima no significa que se traslade a una denuncia judicial”, y recordó que la cartera de la política en ese tema no reporta a Usaid. “Ellos recogen información de diferentes entidades. Pero si hay un trabajo articulado en el Mininterior, es con la Embajada de EE. UU., y quiero reportar que Colombia fue certificado nuevamente en la lucha contra la trata de personas”, agregó.

Sobre la discusión de la respuesta estatal a la trata de personas, el viceministro fue enfático en asegurar que hay un avance en el tratamiento por parte del Mininterior: en la nueva estatregia que están implementando, cambiaron el abordaje: pasaron de un enfoque delictual a uno de violación de los derechos humanos. " Le metimos un enfoque más diverso, incluyendo a poblaciones campesinas, migrantes (una de las grandes afectadas por esta problemática), indígenas y poblaciones fronterizas. Se amplía la perspectiva", opinó.

Aunque Palacios también dijo que el Gobierno camina hacia la implementación de una escuela de formación para funcionarios como fiscales y policías, para que comprendan los delitos y las dinámicas sociales que les dan paso, entre otros compromisos mencionados, esa respuesta ideal para rodear a las víctimas aún es largo. Según dijo Lina Arbeláez, es el tercer delito más lucrativo en el mundo, luego del tráfico de armas y el narcotráfico.

Un delito lucrativo, por supuesto, en países como Colombia, donde los índices de pobreza y extrema pobreza aumentan (según dijo recientemente el DANE), al igual que el desempleo, ingredientes que componen el caldo de cultivo de la explotación sexual y trabajo forzado tanto al interior del país como hacia otras naciones. “La explotación sexual aparece como un elemento de reivindicación económica”, añadió el representante César Lorduy. Así, según el Gobierno, el compromiso y las acciones para mitigar estos delitos son los factores constantes. Según las citantes y otros representantes, deben actualizar con más ahínco las estrategias para hacer un real frente estatal a la trata de personas.

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