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En mayo de 2017, los habitantes de Buenaventura salieron a marchar e iniciaron un paro cívico reclamando la atención del Gobierno Nacional ante las carencias que el puerto vallecaucano padece desde lustros atrás en servicios básicos como agua potable o en derechos como el acceso a la educación en todos sus niveles, además de la alta tasa de desempleo. Fueron 22 días de protestas que obligaron a que el entonces presidente Juan Manuel Santos dispusiera de un equipo de alto nivel para atender la situación, con el que se llegó a un acuerdo a partir de unos compromisos adquiridos por el Estado.
En los meses siguientes hubo avances, pero también incumplimientos. En mayo de este año, el Comité Ejecutivo del Paro Cívico hizo un corte de cuentas y presentó como logros el haberse sancióonado la Ley 1872, que garantiza los recursos para cumplir con las obras prioritarias para la ciudad por una vigencia de 10 años, más de un billón de pesos por año. Por otra parte, en salud se aprobaron recursos para una ciudadela hospitalaria por $183 mil millones y $12.500 para la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Ablanque de la Plata.
En agua y saneamiento básico, $28 mil millones para el plan de choque de agua, con inversiones específicas como $164 mil millones para la ampliación de la planta de Venecia y $25 mil millones para el acueducto rural, entre otras inversiones. Y en educación se logró la ampliación de 139 plazas docentes, la declaratoria de Política Pública del Pacto por la Educación, y $25 mil millones por aumento de recursos para educación básica.
Pero faltan muchas cosas por hacer y faltan recursos. Por eso, con el cambio de gobierno, la expectativa de los bonaverenses estaba en las decisiones que se tomarían en el Congreso frente al Presupuesto de la Nación para 2019, aprobado precisamente ayer. Y al menos en el papel, los resultados son satisfactorios pues el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que las partidas presupuestales de FonBuenaventura quedaron incluidas y que también se cumplirá el acuerdo a través de vigencias futuras y créditos que serán invertidos, previa aprobación del plan especial de inversión acordado.
El Fondo Autónomo para el Desarrollo de Buenaventura (FonBuenaventura) fue el principal acuerdo logrado entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico. Se trata de un fondo especial que garantiza recursos para ejecutar el plan de desarrollo definido, con el fin de cerrar las brechas de pobreza en el puerto vallecaucano, donde la mitad de la población se reconoce como víctima del conflicto armado. Los recursos comprometidos están estimados en $1,6 billones para inversión en diferentes proyectos, especialmente en servicios públicos sanitarios, educación, vivienda e infraestructura.
Según el senador Alexander López Maya, del Polo y de quien se puede decir es el principal vocero en el Congreso del Comité del Paro, era necesario que el ministro de Hacienda se comprometiera durante la discusión del proyecto de Presupuesto con garantizar esos recursos, porque hasta el momento solo dos entidades nacionales, el Ministerio de Educación y el IDEAM, le habían informado por escrito que estaban incluidos los recursos que hacen parte del acuerdo establecido entre el Estado y Buenaventura.
Además, teniendo en cuenta que la instalación de las mesas de implementación y cumplimiento de los acuerdos se estaba dilatando, el pasado 14 de septiembre López Maya le solicito al presidente Iván Duque que le diera continuidad a los acuerdos firmados. “Estabamos preocupados porque los acuerdos del Gobierno Nacional con Buenaventura no estaban reflejados en el Presupuesto General de la Nación, por eso ayer en la plenaria de la Cámara le solicite al ministro de Hacienda que asignará los recursos y hoy lo comprometí para que el billón seiscientos mil millones de pesos quedaran aforados en el Presupuesto y poder dar solución a los graves problemas sociales que tiene Buenaventura”, enfatizó.