Gobierno fija condiciones para erradicación forzosa de cultivos

Más de 560 familias del Caquetá sustituirán cultivos ilícitos de manera voluntaria. Las Farc acompañarán el proceso para que se desarrolle en el marco de la no repetición.

Redacción Politíca
26 de febrero de 2017 - 04:59 p. m.
En el programa de sustitución de cultivos habrá remuneración desde el millón de pesos.  / Archivo
En el programa de sustitución de cultivos habrá remuneración desde el millón de pesos. / Archivo

En septiembre del 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció al país que su Gobierno le daría un nuevo enfoque al problema de las drogas de uso ilícito. En ese entonces, el jefe de Estado decidió darle respuesta al evidente fracaso de la política que se venía aplicando en Colombia, teniendo en cuenta las cifras que demostraron que las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos iban creciendo.

Por eso, se decidió partir de un enfoque basado en el respeto por los derechos humanos y darle un tratamiento de salud pública, además de modificar el tratamiento frente a la criminalización de quienes participan en el cultivo, producción y consumo de drogas. Así las cosas, en el Acuerdo de Paz con las Farc se logró agenda el punto de solución definitiva al problema de drogas ilícitas. Las Farc han utilizado el narcotráfico como medio de financiación para la guerra.

En desarrollo de los textos pactados en La Habana, finalmente, se dio en enero de este año el primer paso para poner en marcha el plan estratégico encaminado a erradicar los campos sembrados con drogas de uso ilícito y se firmó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-, que permitirá a las comunidades participar activamente en la construcción y desarrollo de los proyectos productivos para la sustitución.

Este fin de semana, justamente, cerca de 560 familias del municipio La Montañita, en Caquetá, suscribieron ese pacto en el que se comprometen a sustituir alrededor de 213 hectáreas de cultivos de uso ilícito, de unas 350 contaminadas, según la propia comunidad.

A raíz de ese compromiso surgen una serie de requisitos que, de no ser cumplidos, el Gobierno entrará a actuar de manera contundente. De esta manera, en el pacto acordado entre el Gobierno, las Farc y la comunidad de esa región del país, se dejó claro que sí podrá haber erradicación forzosa en el marco de los programas de sustitución voluntaria, en los siguientes casos: 

  1. Cuando las familias de una comunidad que ha suscrito el acuerdo colectivo no se inscriban en el programa y se nieguen a sustituir voluntariamente los cultivos ilícitos.
  2. Cuando las familias incumplan los compromisos adquiridos a través de la inscripción en el programa sin que medie caso fortuito o fuerza mayor. 
  3. Cuando se trate de cultivos de uso ilícito sin “dueño”, esto es, sin un responsable identificable de su establecimiento y sustitución voluntaria.
Adicionalmente, añade el acuerdo firmado el fin de semana, en todos los casos de incumplimiento por parte de las familias, se procederá a la exclusión de las mismas del PNIS.

El compromiso de las comunidades, finalmente, tendrá que ser la de sustituir voluntariamente los campos con drogas de uso ilícito, su no resiembra, no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito, ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos. 

El programa arranca con el desembolso de un millón de pesos mensuales de en remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, por un periodo de 12 meses.

Por Redacción Politíca

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