Gobierno, Fiscalía y Farc se reunieron para llegar acuerdos sobre la JEP

En la reunión se hicieron ajustes al texto de la ponencia, en lo que se refiere a los delitos relacionados con el conflicto armado, el testaferrato y los reincidentes y disidentes.

EFE y Archivo

El ministro de Interior, Guillermo Rivera, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez y los excomandantes de las Farc, Pastor Alape e Iván Márquez, se reunieron durante alrededor de seis horas este miércoles en la Vicepresidencia de la República para realizar varios cambios al texto de la ponencia de la JEP y, así, destrabar su paso por el Congreso.

Los cambios que se hicieron en el texto se refieren, sobre todo, a la penalización para delitos relacionados con el conflicto armado como narcotráfico, testaferrato, y a los reincidentes y disidentes, temas que han generado especial debate.

A pesar de las fuertes críticas que le ha hecho a la JEP durante los últimos meses, Martínez, al término de la reunión, aseguró que este encuentro fue una “oportunidad muy provechosa para mostrarle a las Farc la importancia que tienen las proposiciones que ha llevado la Fiscalía al Congreso”. También resaltó que tanto las Farc como la Fiscalía estuvieron de acuerdo en los temas.

(Lea aquí: Acuerdo de Paz, una política de Estado por 12 años).

Otro que se manifestó al respecto fue el Rivera, quien afirmó que la reunión fue productiva y que “descubrimos que estábamos de acuerdo en los objetivos, avanzamos en la precisión de la redacción para que no haya duda en las competencias de la jurisdicción especial para la paz y justicia ordinaria”.

Al final de la reunión también estuvo el presidente Juan Manuel Santos quien dijo: “Todo ha estado tranquilo, y así vamos a seguir, esta reunión es para lograr un acuerdo conjunto”. Aun así, Pastor Alape aseveró que todavía quedan puntos pendientes por acordar.

La reunión entre el fiscal, el ministro de Interior y las Farc se dio el mismo día en el que los magistrados de la Corte Constitucional decidieron, de manera unánime, blindar jurídicamente los acuerdos por los próximos doce años, al decidir que los siguientes tres gobiernos no podrán modificar nada del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc.

“La Corte determinó que la incorporación del acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución”, explicó el alto tribunal mediante un comunicado de prensa que entregó el presidente de la corporación, Luis Guillermo Guerrero.