El presidente Iván Duque Márquez anunció el sábado que les pedirá al consejero para la Estabilización, Emilio Archila, al ministro de Justicia Wilson Ruiz y a la Cancillería que soliciten a la Misión de la ONU en Colombia extender su mandato en el país con una tarea adicional: verificar la aplicación de las sanciones propias a los máximos responsables de crímenes durante el conflicto.
“Que quede también claro que cuando hablamos de justicia estamos todos clamando por que la justicia sea efectiva, que entrañe sanciones ejemplarizantes, y que también garanticemos que en los territorios las penas se cumplan”, manifestó el primer mandatario desde Carepa, Antioquia, a donde asistió el fin de semana para el lanzamiento del proyecto Modelos de Justicia Local y Rural.
Según el presidente, también era necesario reconocer la reparación: “Las víctimas no quieren ser revictimizadas, y se ven revictimizadas cuando los máximos responsables no aportan los bienes, se ven revictimizadas cuando los máximos responsables no reciben sanción y ostentan altas dignidades del Estado”.
En ese mismo sentido, hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se estructuren sanciones que se hagan realidad “para que los colombianos mantengan confianza”.
Esta semana se cumplieron cuatro años desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, pacto que terminó con la dejación de armas y el otorgamiento de curules en el Congreso a excombatientes de esa guerrilla.
Sin embargo, el camino para hacerlo realidad no ha sido fácil y son varios los ataques que ha tenido el acuerdo de paz, sobre todo desde el uribismo, argumentando que se pactó la impunidad para los exguerrilleros.