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Luego de la prorrogación de la suspensión de la licitación que busca extraer el Galeón San José, hundido en las inmediaciones de las Islas del Rosario, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que está trabajando para evitar que las empresas cazatesoros se apropien del contenido del barco.
Según ella, lo que se está planeando sentará un precedente a nivel internacional para la conservación del patrimonio sumergido, porque además del San José, se estima que son más de 1.100 navíos hundidos en aguas territoriales.
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"Aquí no se trata solamente de resolver el caso de un galeón, se trata de tener una política de Estado que garantice que todo ese patrimonio cultural sumergido es de Colombia. No vamos a estar nosotros cambiando de criterios según cual sea el nuevo hallazgo o cual sea entonces el cazatesoros que le aparezca al Gobierno", dijo Ramírez a Efe.
Hasta el próximo 10 de octubre, el Gobierno tendrá plazo para decidir sobre la licitación, la cual ha estado revestida por polémica. En síntesis, la firma estadounidense Sea Search Armada (SSA), que en 1982 advirtió de las coordenadas donde podría estar el galeón, está en una pelea con el Gobierno para que cumpla una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le reconoció derechos sobre la mitad de los tesoros. Es más, el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó la decisión el pasado mes de marzo.
La situación de la extracción del navío se conoció hasta 2015, cuando había un proceso de alianza público privada para esta tarea, en el que señalaron que se presentaron unas condiciones para que quedara un único candidato, la empresa británica Maritime Archeology Consultants (MAC).
Precisamente, la vicepresidenta, encomendada para esta tarea, afirmó que la pelea con SSA no incide en el proceso de licitación, la misma que ha estado suspendida desde el año pasado a punta de prórrogas.
De por medio está la ley 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto "proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido". Según esta, forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".
Sin embargo, la ley determina que no se considerarán patrimonio cultural sumergido las "cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas", así como los "bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes".
Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de "hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación".
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En este sentido, la vicepresidenta hizo hincapié en que se suspendió la licitación puesto que se le garantizaba a la empresa "el derecho a quedarse con una parte muy significativa en especie del tesoro que se pudiera extraer. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pensamos que una vez se extraiga el galeón con todo su contenido, hay que preservarlo en Colombia porque lo consideramos que es parte del patrimonio cultural nuestro", explicó la vicepresidenta.
Por eso comentó que "cuando se extraiga" el galeón, su contenido "va a permanecer totalmente en Colombia como parte del patrimonio cultural" del país. El galeón español fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía cargado a Cartagena de Indias, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
El hallazgo del San José fue anunciado en noviembre de 2015 por el expresidente Juan Manuel Santos, quien puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, lo que incluía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo.