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Para 2018 se presentaron en total 2.957 candidatos a las elecciones a Congreso. Entre ellos se disputaron 108 curules en Senado y 172 en Cámara de Representantes. Solo 56 mujeres lograron asiento en el Capitolio; es decir, el 20 % de la representación. Una vez más, no se alcanzó la cuota femenina recomendada del 30 %, como objetivo para ir cerrando la brecha de género en el Legislativo. Pero, en pleno ejercicio, ese porcentaje puede variar por un tiempo; por ejemplo, en escenarios en que las congresistas tengan por proyecto ser mamás mientras ejercen la política.
En caso de darse esa situación, el segundo en la lista, quizá su mayor contendor electoral, es quien toma su lugar durante cuatro meses. Y en la mayoría de los casos con su propio equipo de trabajo y con proyectos distintos al que la titular de la curul venía construyendo y defendiendo. Contrario a las congresistas, el caso de los hombres no se torna tan adverso en cuanto a poder desarrollar sus competencias, pues la licencia es de apenas ocho días y el ausentismo por este período no es reemplazable. Además, en muchos de los casos, los parlamentarios no hacen efectivo este derecho y siguen en su actividad sin perder registro en medios y continuando con las correrías de los fines de semana.
Dada esta realidad, hay legisladoras que insisten en que no puede haber una disyuntiva entre ser mamás y hacer política; algo que las hace sentir en desventaja ante sus colegas hombres, quienes, si llegasen a ser papás, no verían afectado en lo más mínimo sus períodos congresionales. Lo anterior ha generado que senadoras como Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien tuvo una licencia de maternidad en 2017, hayan planteado su inconformismo y, de paso, expuesto una voz demandante a una situación que otras congresistas, en su momento, prefirieron dejar pasar en silencio. Por eso, en el proyecto de ley para la transformación y modernización del Congreso, que busca implementar el voto y las sesiones virtuales, se incluyó en uno de sus artículos la opción de que, tanto padres como madres, escojan si desean tomar sus licencias o continuar en actividad legislativa de forma remota.
José Daniel López, representante de Cambio Radical e impulsor de esa iniciativa, considera una penalidad dicha incompatibilidad existente entre maternidad y ejercicio parlamentario, que, en últimas, para él, va en detrimento de la participación política de las mujeres como colectivo en el Congreso. “No estamos proponiendo la eliminación de la licencia de maternidad, pero sí queremos dejar la puerta abierta para que la congresista que así lo quiera pueda teletrabajar desde su casa, continuando con su representación política mientras está cuidando a su bebé. Esta medida contribuiría al propósito más amplio de reducir brechas para la participación política de la mujer, que sigue siendo muy precaria en nuestro país”.
Cuando Paloma Valencia se enfrentó al dilema de tener que abandonar el Congreso por cuatro meses para cumplir con su licencia de maternidad, en ella recayeron una serie de dudas y dificultades. En principio estuvo la preocupación de desamparar a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pues había escuchado que en estos casos llegaba un nuevo equipo traído por su reemplazo. “Afortunadamente pude conservar a las personas más esenciales de mi curul, porque quien entró, Faruk Urrutia, es amigo mío e hicimos un acuerdo”.
En segundo lugar, para ella, el dejar de ser congresista, después de haber ganado unas elecciones, es una realidad digerible, pero que debe de ser una opción, mas no una imposición. “Cuando uno tiene que desaparecer de la escena política por una disposición legal, le causa un gran daño en cuanto a la capacidad de poder recuperarse y ser competitivo. No puede ser que tener un hijo signifique un costo profesional y, por ende, se retrase su posibilidad de desarrollo laboral”.
En otras palabras, para la senadora, “la esencia del machismo es creer que porque uno tiene un hijo no puede hacer nada más” y que, si la licencia de maternidad es un derecho del recién nacido, como muchos representantes han querido hacer ver (entre ellos algunos del Centro Democrático), argumentando en contra del debate del proyecto, debería de funcionar en igualdad tanto para hombres como para mujeres, o que entre ambos se pacte quién toma la licencia, si se comparte o se flexibiliza. “Lo que no puede decirse es que el derecho de recién nacido significa el derecho a restringir las posibilidades de desarrollo profesional de su mamá”.
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Con Valencia comulga Gabriel Santos, su colega de partido en Cámara. “La maternidad es uno de los grandes íconos en temas de desigualdad laboral y esto se lleva, también, a la arena política. Hay posiciones fundamentalistas injustas que las expresan sobre todo los hombres. Aquí hay que ponderar los dos derechos: el de la madre y el del recién nacido, y dar como opción elegir si seguir en la actividad legislativa desde la confianza de la casa. Con esto cerraríamos la brecha de participación política en cuanto a la disyuntiva de la maternidad”. Asimismo, Santos aplaude la oportunidad que le dio el trabajo remoto para apoyar en las tareas del hogar, especialmente cuando en unos meses será papá.
Es más, la sentencia C-543 de 2010 sienta jurisprudencia en cuanto a que las licencias de maternidad y paternidad son derechos dobles e integrales. En palabras de Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, son derechos de la familia. “Esto supone corresponsabilidad en la crianza, que, de manera conjunta, el padre y la madre compartan el compromiso del cuidado del recién nacido”, dijo la representante, quien ve lejano su proyecto de ser madre debido a las lógicas del Congreso como están contempladas hoy en día. Y habla de la ponderación entre este derecho mencionado y el de la representación política de la minoría que son las mujeres. “También es el derecho de los electores que depositaron en una congresista su confianza. Por eso no hay un derecho que triunfe sobre el otro”, insistió.
Bajo este planteamiento, Natalia Ramírez, profesora del derecho del trabajo de la Universidad de los Andes, reconoce que esta propuesta es una buena idea para asegurar la participación reducida de las mujeres en el Congreso, pero, a su juicio, con este se manda un mensaje social equívoco, por más de que la reglamentación solo se haga a nivel parlamentario. “Si las parlamentarias pueden seguir trabajando durante el período de licencia, parecería que se estuvieran tomando unas vacaciones, cuando este tiempo es de intenso trabajo de cuidado que no debe de ser menospreciado”.
Así mismo, el planteamiento que Ramírez dimensiona es que el hecho de seguir participando remotamente desde casa, al menos votando, como lo especifica el proyecto, significaría que "no se estaría interrumpiendo el contrato, como lo hace la licencia, y si no se interrumpe no se estaría tomando la licencia pagada por la EPS". Lo que supone para la académica una "dificultad práctica" de la misma licencia. En estos casos, explica, "los acuerdos que hagan empleador y trabajador en contra de esos mínimos (licencia) se tendrán por no escritos".
A fin de cuentas, en la Ley Quinta –que reglamenta al Congreso– no hay un apartado exclusivo sobre las licencias de maternidad, por lo que, a juicio de Ramírez, estas se pueden considerar, según la norma, como faltas temporales. En estos casos, se llama al segundo en la lista para hacer el reemplazo por el tiempo en el que el parlamentario se ausentará. Igualmente, para ella, está situación se complica porque, a su modo de ver, esta idea demanda modificar la norma constitucional y para llevar a cabo esto se requiere el trámite de un acto legislativo y no un proyecto de ley.