Hablando de obras públicas para beneficios personales

Ahora que el expresidente Uribe insinúa que Gina Parody y Cecilia Álvarez podrían haber influenciado la adición de una vía para beneficios particulares, vale la pena recordar el enfrentamiento que en 2013 protagonizó el exmandatario con Salomón Kalmanovitz por obras que habrían favorecido su hacienda de El Ubérrimo.

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Cristian Garavito

El país político se encuentra alborotado más que nunca por cuenta del caso Odebrecht y el tema de la corrupción ha pasado a ocupar las primeras planas de la agenda nacional, teniendo como telón de fondo el adelanto de la disputa electoral por el poder de 2018. Y en ese tire y afloje, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, es protagonista fundamental, no solo como denunciante sino también como blanco de ataques por parte de sus contradictores, entre ellos el mismo gobierno. 

Fue Uribe quien insinuó que la familia de la exministra de Educación, Gina Parody, se había visto beneficiada con la adición de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en el proyecto de la llamada Ruta del Sol, hecho en el cual además estaría involucrada la entonces ministra de Transporte y pareja sentimental, Cecilia Álvarez. Según el exmandatario, las dos tuvieron que ver con en el documento Conpes con el que se realizó la modificación cuando tenían que haberse declarado impedidas, pues la vía presuntamente favorecía intereses de la familia Parody en el sector postuario.

En respuesta, a través de un comunicado público, Parody y Álvarez dijeron que dicho señalamientos obedecen al deseo de Uribe de “dilatar, distraer y esquivar a la opinión pública”, tras la detención de su viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. “Nadie en el país se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio (…) el país nunca ha visto al senador Uribe mover un dedo para que sus hijos aclaren líos con la justicia ni para responder por los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración”, señalaron.

Más allá de quién tenga la razón, porque hasta de demandas penales se ha hablado, lo cierto es que historias de obras que se hacen con cuantiosas inversiones para favorecer a altas personalidades, bien sea políticas o empresariales del país, hay por doquier en el país. Y precisamente hay una en particular que involucra al mismo expresidente Álvaro Uribe y que en octubre de 2013 fue denunciada en su columna de El Espectador por Salomón Kalmanovitz, titulada “La expansión del Ubérrimo”, que, como se sabe, es la hacienda de propiedad del exmandatario en cercanías de Montería (Córdoba).

En su escrito, el excodirector del Banco de la República se refiere a un informe de la Contraloría (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013) en el que se revela que Uribe y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del ya desaparecido  Incoder y a cargo de Corpoica, que privilegiaron el distrito de riego Mocarí, en el que se ubican los 59 predios que conforman la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., que a esa fecha sumaban 1.479 hectáreas. El lío es que, cuenta Kalmanovitz, la función del Incoder no era la de emprender inversiones en distritos de riego y drenaje, por lo cual su cambio de misión en la Ley de Desarrollo Rural fue declarado inexequible.

Y en lo que tiene que ver con Corpoica, su función era la investigación y asistencia técnica y era ilegal que interviniera como contratante de obra en los distritos de riego. “Sin embargo, el decreto 732 de 2008 privilegió a Mocarí para recibir inversiones públicas de Corpoica que beneficiaron el patrimonio familiar de los Uribe Moreno, sin que el presidente advirtiera que existía impedimento alguno cuando lo firmó, junto al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. En un debate sobre el problema agrario que organizó Semana por esa época, el exministro Arias me acusó de mentiroso, pateando el tablero del debate”, agrega el analista.

Y concluye: “Las inversiones públicas en Mocarí fueron del orden de $3.302 millones, de los cuales $1.411 millones se destinaron a canales de drenaje que beneficiaron predios de la mencionada sociedad. Hay que recordar que las S.A.S. fueron creadas por ley de diciembre 2008, no requieren de revisor fiscal y pueden declarar todos los costos que quieran con facturas simples, de tal modo que la mayor parte de ellas terminan exentas del impuesto a la renta. El actual director de la DIAN manifestó la inconveniencia de las S.A.S., pues se convirtieron en vehículo de evasión y elusión de impuestos. De esta manera, el segundo gobierno de Uribe redujo el recaudo tributario, al tiempo que privilegiaba gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante”.

Por supuesto, la columna tuvo riposta por parte de Uribe, quien aseguró que él sólo se beneficiaba del drenaje, pero no del riego, y se fue lanza en ristre contra Kalmanovitz: “No mienta, mi familia y yo pagamos tasa de mantenimiento de canales a pesar de inundaciones y no favorezco contratos”, escribió en su cuenta de Twitter. “No tengo tierras en el distrito de riego de Mocarí. Sí tengo en el distrito de drenaje. Mi familia y yo somos de los pocos que hemos pagado las tasas de mantenimiento no obstante que en varias ocasiones hemos sufrido inundaciones por falta de atención del Estado”, argumentó. Sin embargo, en el ambiente quedó la pregunta del por qué Uribe no se declaró impedido para firmar un decreto que favorecía sus propiedades, pues de cualquier manera, riego o drenaje, las obras se hicieron con dineros del Estado.