“Hay que superar la ola de odios”: Gustavo Gallón

Gustavo Gallón, miembro de la Comisión de Garantías de Seguridad creada a raíz del Acuerdo de Paz. / El Espectador

El defensor del Pueblo reveló un informe que debería asustar: este año ya se cuentan 52 asesinatos de líderes sociales; la cifra de muertos de ese mismo sector es de 186 desde 2016, y hay 500 defensores de derechos amenazados. ¿Estamos o no en la etapa del posconflicto?

Es innegable que el conflicto armado con las Farc ha terminado y ello ha traído consecuencias benéficas para el país, empezando por la disminución sustancial de los niveles de violencia. Desarmadas y desmovilizadas las Farc, el conflicto social continúa. Toda sociedad se desarrolla en medio de conflictos. Colombia, en mayor medida, por el agudo nivel de desigualdad existente. Por eso, los analistas más cautos prefieren hablar de “posacuerdo”, para darle un nombre a esta etapa positiva, porque es mejor que la que hemos vivido antes. Pero falta todavía lograr un acuerdo de paz con el Eln y desmantelar el paramilitarismo para superar, plenamente, el conflicto armado en el país.

Según el reporte del defensor, la mayoría de homicidios y amenazas se ha presentado en regiones que tenían fuerte presencia de las Farc. ¿Podría pensarse que el paramilitarismo nunca se desactivó o que ahora, sin contraparte armada de contención, surgió su rebrote vengativo?

El paramilitarismo nunca se desactivó totalmente. El gobierno anterior rebautizó a los paramilitares que no se desmovilizaron como “bandas criminales” y les inventó el acrónimo de “bacrim”. Pero no por ello desaparecieron los paramilitares. Han estado activos durante los últimos diez u once años extorsionando, apropiándose de rentas locales, traficando narcóticos y asesinando o amenazando a defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales. Al desmovilizarse las Farc, estos grupos estaban listos a ocupar los territorios donde aquellas actuaban, y han empezado a hacerlo. Lo sorprendente es que el Estado no hubiera tomado las previsiones militares para evitar que eso ocurriera.

El informe de la Defensoría menciona a Barrancabermeja y municipios aledaños como afectados por la presencia e intimidación de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas”. ¿Cómo clasifica a este grupo?

Como dije, las estructuras paramilitares no se desactivaron a pesar de la desmovilización de sus antiguos jefes y de algunos de sus subordinados. Tales estructuras continuaron vigentes, incluidas sus expresiones armadas. Se establecieron nuevos liderazgos en cada grupo a través de guerras de sucesión internas. También ha habido guerras entre unos y otros por la disputa de territorios. Probablemente se redujo la magnitud del apoyo o la complicidad estatal con que antes contaban, pero siguen teniendo respaldo de agentes estatales y de poderes privados locales en algunos territorios. De otra forma no habrían podido subsistir.

¿Pueden sentir el efecto benéfico de la paz esas poblaciones santandereanas si regresaron la intimidación, la extorsión y la separación obligada de las familias? Volvimos casi a lo mismo, pero del otro extremo del péndulo: el paramilitar…

Por supuesto que esas poblaciones no pueden sentir el efecto benéfico de la paz. Y por eso mismo es urgente que el Estado actúe de manera contundente. Se sabe que se están ejecutando unas acciones, especialmente por parte de la Fuerza Pública, pero, a todas luces, son insuficientes.

Usted forma parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, órgano que surgió de los Acuerdos de Paz para desmantelar organizaciones criminales que atenten contra los sujetos del proceso de reconciliación. ¿Quiénes más pertenecen a esa comisión y cuál es su principal tarea?

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada en cumplimiento del Acuerdo de Paz para diseñar y supervisar una política pública frente al paramilitarismo. Está encabezada por el presidente de la República y es integrada, además, por tres ministros, las cabezas de la Fuerza Pública, las de los organismos de control y cinco miembros de la sociedad civil. Se podía prever que continuaría la violencia de los grupos paramilitares contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas de paz. Por eso era y es necesario que exista un organismo de alto nivel para enfrentar ese fenómeno y evitar que se repita la historia de violencia en las regiones.

Pero, ¿qué pueden hacer ustedes desde Bogotá? ¿La Comisión va a tener dientes, investigadores, mandatos para acelerar decisiones de la justicia?

La Comisión puede tener dientes en la medida en que ejerza las 16 atribuciones que se le asignaron, y que van desde la formulación de la política pública para enfrentar a estos grupos hasta la revisión de las hojas de vida de agentes estatales responsables de garantizar la seguridad en los territorios. También tiene competencias en relación con archivos de inteligencia, así como en el diseño de un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida frente a organizaciones paramilitares, entre otras posibilidades. Pero no está previsto que, de manera directa, se encargue de las investigaciones, aunque puede pedir informes a las autoridades competentes. La potencialidad de la Comisión radica en su mandato consistente en definir y supervisar la política pública para eliminar el paramilitarismo.

El defensor mencionó, puntualmente, el asesinato de cinco miembros de las Farc en este período de dejación de armas y de reincorporación. ¿Esos casos ya fueron identificados a plenitud?

La Comisión no tiene por objeto investigar casos, aun cuando sí puede pedir información sobre ellos y tomar medidas orientadas a que no se repitan y a urgir su esclarecimiento. Cabe aclarar que la Comisión está pendiente de organizarse adecuadamente para ejercer sus funciones mediante la adopción de un reglamento y un plan de trabajo. Es urgente que eso ocurra.

Varios miembros del antiguo Secretariado de las Farc han hecho declaraciones fatalistas: dan por hecho que corren peligro y que podrían ser asesinados. ¿El Estado puede garantizarles seguridad real o ellos están en peligro?

El Estado tiene que darles garantías reales. Colombia ha sufrido, en demasía, la tragedia de ver asesinar a excombatientes que han sobresalido por negociar la paz como Rafael Uribe Uribe, Guadalupe Salcedo, Óscar William Calvo o Carlos Pizarro. Esa dolorosa y reiterada experiencia debe ser suficientemente aleccionadora para que se tomen las medidas necesarias para proteger tanto a los combatientes rasos como a los líderes de las Farc que han dejado las armas.

Hoy no parece posible que Colombia pueda superar la ola de odios. ¿Qué opina?

Hay que avanzar hacia la superación de la ola de odios que lamentablemente existe. El Acuerdo de Paz es un enorme paso en esa dirección. Debe ser complementado por otros, como un Pacto Político Nacional para que nunca se utilicen las armas en la política ni se promueva el paramilitarismo, según lo previsto en el punto 3.4.2 del Acuerdo. La Comisión de la Verdad también está concebida para contribuir a promover una cultura de respeto y tolerancia y el Gobierno se comprometió a adoptar un Plan Nacional en Derechos Humanos. Estas y otras previsiones del Acuerdo son útiles para superar progresivamente el odio.

Cambiando de tema a otro igual de preocupante: la corrupción de jueces, magistrados y fiscales. Usted, que preside la Comisión Colombiana de Juristas, ¿qué opina sobre el estado actual de la justicia colombiana?

La mayoría de los jueces colombianos son profesionales correctos, con un alto nivel de preparación, y realizan un trabajo abnegado. Esto ha sido reconocido por observadores internacionales. Además, desde la Constitución de 1991, se han familiarizado con normas y principios internacionales de derechos humanos y con la protección de derechos de la gente común, especialmente por la acción de tutela. Pero hay también, desafortunadamente, funcionarios judiciales que no honran su investidura, tanto en las altas cortes como en los juzgados municipales y en la Fiscalía.

Aprovecho para preguntarle por un asunto que genera muchas dudas a propósito de unos abogados que están llenándose los bolsillos con políticos en problemas penales a quienes les hacen aparecer, de repente, presuntos falsos testigos. ¿Cómo se puede dilucidar cuáles de los declarantes, en un proceso, son verdaderos o falsos si a todos los pueden comprar tanto al principio como al final?

Testigos falsos han existido hace mucho tiempo. Los más caracterizados eran informantes de inteligencia que declaraban en los procesos contra defensores de derechos humanos y activistas sociales. Esas prácticas han sido descubiertas en diversas oportunidades, pues muchas de ellas eran absurdas al punto que un mismo testigo aparecía repitiendo cargos contra diversas personas, en forma mecánica. En los últimos años, sin embargo, y particularmente en relación con personas acusadas de paramilitarismo o de parapopolítica, ha aparecido una nueva generación de presuntos falsos testigos que no se conocían antes, y que se retractan de versiones iniciales que habían sido suficientemente fundamentadas. Con ello dejan la sensación de que han sido objeto de presión o de sobornos para modificar su versión original. Los jueces deben cuidar mucho la evaluación de esas retractaciones.

Se ha dicho que la corrupción del sistema judicial nace del clientelismo que se introdujo en la rama a partir de sus funciones electorales ¿Esta es la única razón para que estemos hoy deplorando lo que pasa o hay otros motivos?

Las funciones electorales atribuidas a las altas cortes han agravado el problema al alimentar una variante de la corrupción, que es la politización de algunos de sus miembros. Pero jueces venales han existido siempre. Quizás antes era más difícil advertirlo porque la sociedad estaba menos organizada para vigilar el sistema judicial. Hoy hay mejores condiciones para hacer esa tarea.

Nunca nos imaginamos que la corrupción y la politización de la justicia llegara tan lejos como para que se presentara un caso tan sorprendente como el que protagonizó el director anticorrupción de la Fiscalía. ¿Cree que el señor Gustavo Moreno fue seleccionado por el fiscal por sus méritos como lo asegura Martínez o podría ocultar un tipo de clientelismo judicial y político?

La vinculación de Gustavo Moreno como director anticorrupción de la Fiscalía es un episodio oscuro que debe aclararse. No es admisible que haya sido nombrado sólo por haber superado la prueba del polígrafo. Este gravísimo incidente, unido a otros casos de corrupción conocidos recientemente, debe dar lugar a una inspección a fondo de la Fiscalía.

En otros países, un funcionario se ve forzado a renunciar por mentirle a la opinión pública o por ocultar información. ¿Cree que el fiscal es responsable político por este caso?

Creo que el fiscal debe explicar adecuadamente cómo se produjo el nombramiento de ese sujeto. En principio, debe responder por el hecho de haberlo nombrado porque, hasta el momento, no ha habido una explicación satisfactoria.

En cuanto a la denuncia del fiscal contra el senador Robledo por las críticas de éste contra el primero, para usted, ¿esa denuncia es inconstitucional por cuanto desconoce la inviolabilidad de los congresistas? ¿Es inapropiada por el poder del fiscal sobre las investigaciones penales y porque los jueces de Robledo son los votantes de Martínez?

“Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”, según el artículo 518 de la Constitución. En tales condiciones, no veo cuál pueda ser el fundamento jurídico de la denuncia del fiscal Martínez contra el senador Robledo. Por otra parte, es cierto que la denuncia penal formulada contra el doctor Robledo pueda dar lugar a la recusación de más de un funcionario judicial por su participación en la elección del fiscal.

Desarrollo de la paz, en la mira

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, pese a las acciones del Estado en defensa de personas vulnerables a ataques, hasta el 5 de julio pasado se reportaron 52 líderes sociales y defensores de derechos asesinados en lo corrido del año, y 186 muertes violentas del mismo sector de población, desde el 1° de enero de 2016. Además, el defensor Carlos Negret constató cinco homicidios selectivos de exmiembros de las Farc en trance de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. También se confirmó la hiperactividad del grupo que se autodenomina “Luis Alfonso Echeverría” de unas “Autodefensas Gaitanistas” que extorsionan y amenazan a los habitantes de Barrancabermeja y otros municipios de Santander y que recluta forzadamente a jóvenes desde los 15 hasta los 25 años de edad para conformar “combos” urbanos de dominación. Esta situación se presenta, del mismo modo, en otras regiones, pese a la creación de la llamada Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “cuyo objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones (…) que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o (…) políticos, o (…) contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos (de paz)”.

La diferencia entre el optimismo y la esperanza

Este país patina siempre sobre el mismo barro de odio y venganzas. ¿Es optimista o pesimista frente al futuro del país en materia de paz?

Más que optimista, tengo esperanza en que se consolide la paz y en que avancemos hacia una convivencia civilizada. Para ser defensor de derechos humanos se necesita tener esperanza. Pero, a diferencia del optimista, eso no significa cruzarse de brazos, sino luchar para convertir tal esperanza en una realidad. El Acuerdo de Paz contiene una serie de medidas para ese propósito.

Respecto de la demanda de nulidad que interpuso ante la Corte Constitucional contra la sentencia del “fast track”, debido al voto “prejuzgado” del magistrado Carlos Bernal, ¿confía en que se caiga? Veo difícil que la Corte se retracte…

Ciertamente es difícil que la Corte se retracte de una decisión tan delicada. Pero las pruebas sobre el pronunciamiento del magistrado Carlos Bernal sobre el asunto respecto del cual falló al día siguiente de posesionarse en su cargo, son contundentes. Ese pronunciamiento constituye una causal inequívoca de impedimento para actuar como juez respecto de esa demanda. La Corte debería aceptar que el magistrado ha debido declararse impedido y que la sentencia está viciada de nulidad.