:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/vqRtMFoMKJitL8qJytrK_1AuzoA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KWWPVTHSBRF5VOKM6272TRD6RI.jpg)
A mediados del 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó la creación de un cargo que sentó un precedente para todas las personas LGBT en el mundo: un experto independiente en orientación sexual e identidad de género. Dentro de la ONU, existe esa misma posición para otros temas: afrodescendientes, tortura, derechos humanos y solidaridad, entre otros. La creación de la plaza para temas LGBT se dio en medio de una reñida votación en la Asamblea General de la ONU con 86 votos a favor, 77 en contra y 16 abstenciones, lo que demuestra que la mirada hacia la discriminación y la defensa de la diversidad sigue siendo un terreno de disputa en el escenario internacional. Sin embargo, la posición se sostuvo y el costarricense Víctor Madrigal lo ocupa desde el 2017. Ahora está en Colombia para, según dice, dar a conocer su mandato a las organizaciones de la sociedad civil y establecer con ellas una comunicación directa que permita generar transformaciones significativas.
(En video: Comunidad LGBTI: ¿qué ha hecho el Congreso por sus derechos?)
¿Cuál es la situación de las personas LGBTI en América Latina?
Existe una situación de gran vulneración de derechos. Mi mandato entiende que esta vulneración es el resultado tanto de la orientación sexual como de la identidad de género. Ahora bien, la experiencia de la violencia y la discriminación son el resultado de la unión de muchas identidades, de la interseccionalidad. Es decir, no es lo mismo ser un hombre gay que vive en un entorno urbano que una mujer lesbiana que vive en un contexto rural. La realidad de una persona pobre con baja escolaridad es distinta a la de una persona que tiene formación universitaria.
¿Pero es por su orientación sexual o identidad de género que son vulnerables a la violencia?
En ese contexto, ambos son factores que ubican a las personas en situación de riesgo y que provocan un ambiente dificilísimo que hemos constatado desde los informes de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, desde mis informes al Comité de Derechos Humanos y desde la Comisión Interamericana. Todos coincidimos en que es una situación gravísima de vulneración de derechos. Hace poco estuvimos celebrando el día de conmemoración de la personas trans. Durante el último año murieron 311 personas exclusivamente por el hecho de ser trans, en América Latina.
(Para recordar: Los retos que vienen para Bogotá en materia LGBT)
¿Cómo atiende esto el sistema judicial de nuestros países?
Hay graves obstáculos de acceso a la justicia. El acceso es casi nulo. Los últimos estudios arrojan menos de un 1% de casos condenados. Es decir, tenemos un 99% de impunidad en América Latina. Y esa es solamente la punta del Iceberg. Los obstáculos del acceso a la justicia son tan grandes, que la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian. Son muchos los delitos de los que ni siquiera nos enteramos.
¿Cómo ve el caso colombiano?
En general, en Colombia hay una situación muy interesante de claroscuro. Hay avances muy grandes en la jurisprudencia, establecidos a través del litigio estratégico ante instancias como la Corte Constitucional. Hay iniciativas interesantes de política pública, y experiencias únicas a nivel mundial, como las voces LGBT en la agenda de la paz.
(Jerrika: la trans que quería demostrar que todos somos buenos)
¿Y cómo hacer que ese litigio estratégico impacte en la vida cotidiana de la gente?
El litigio no puede ser lo único. Permite que se reconozca un estándar, pero se necesita eliminar la impunidad, asegurar que haya acción de la justicia, que haya política pública conforme, y otros estándares de derechos humanos. En general, no lo digo particularmente por el caso colombiano, hay que unir ese litigio estratégico con la percepción de la gente hacia las personas LGBT. El problema es que alrededor del mundo, consistentemente, se han puesto en su lugar órdenes que asocian automáticamente a las personas LGBT con tres cosas: el delito, la enfermedad y el pecado. Por lo tanto, se considera a las personas LGBT como delictivas enfermizas, y pecaminosas. Esto afianza la idea de que no pueden ser buenas ciudadanas. Por eso, existe una convicción de que es válido, legítimo, ser violento contra ellas, pues los mecanismos de represión son violentos en sí mismos. El mecanismo de represión del delito es la persecución penal, el mecanismo de represión del pecado es la perdición eterna. El de la enfermedad, puede ser, inclusive, el tratamiento forzado. Son mecanismos que se han construido por centurias.
(Lea: Así afectó el conflicto armado al territorio y las comunidades étnicas del Chocó)
¿Podría decirse que esta población está siendo sometida a una especie de tortura social?
En materia de tortura en general lo que pasa es que la gente asocia la tortura con las dictaduras en América Latina. Durante los primeros años de este siglo, conforme se fueron creando instituciones democráticas, las personas pensaron que las formas de tortura habían desaparecido, pues la asociaban con las dictaduras.
¿Pero sigue sucediendo?
Los casos que llegan al sistema global y al sistema regional demuestran que en la idea de infringir violencia contra las personas LGBT, hay una intencionalidad: la de castigar la no conformidad con lo que es considerado una norma. Cuando se infringe dolor, se infringe con una crueldad muy particular. En las denuncias con las cuales he entrado en contacto en diversos países, hay una tendencia a que la tortura sea sexualizada. En los hombres homosexuales se concentra en el ano, por ejemplo. En una docena de países en África y Medio Oriente, en los que la homosexualidad es todavía un crimen, arrestan personas y luego las violan en lo que, se supone, es un examen anal, con el aparente objetivo de determinar si han tenido penetración anal. Eso no tienen validez alguna; está demostrado que no tienen capacidad probatoria. Son una forma de tortura. Por otro lado, la violencia contra las lesbianas es cruel. La tortura contra ellas también es sexualizada. Me preocupa lo que alrededor del mundo mal se conoce como una “violación correctiva”: la idea de que una lesbiana que sea violada por un hombre va a corregirse, porque no hay otra opción para ella que alcanzar el goce sexual con un hombre. Ambas situaciones demuestran cómo la tortura está asociada al imaginario de lo que se refiere al sexo.
¿Qué estrategias contra la discriminación conoce y considera replicables?
Hay países, como Uruguay, que están estableciendo una legislación muy interesante de reconocimiento legal de identidad de género. Esa experiencia demuestra que la emisión de leyes de reconocimiento legal de la identidad de género es muy útil para dar impulso de transformación a la existencia de las personas trans, que viven aisladas de la salud, de la educación, de la vivienda, de todo. Otra práctica interesante generada en algunos países de Europa, Asia y de América Latina, es el nombramiento de comisionados presidenciales que se encargan de la temática de igualdad y la problemática LGBT. También creo profundamente en la integración social: figuras deportivas, de la cultura y el arte, que se manifiestan a favor de la inclusión. Esos gestos tienen un poder enorme y hay que replicarlos.
(Electos LGBTI: un triunfo por la igualdad política)
¿Qué le recomendaría a un menor o adolescente LGBTI que se enfrenta un panorama tan difícil como el que describe?
Le diría tres cosas que a mí me habrían servido a esa edad. La primera: reconocer su propia identidad y su orientación son procesos muy personales. Esa niña o niño tiene que entender que es la más alta manifestación de la libertad, a la que tiene derecho en todo momento de su vida. La segunda: cada vez existen más espacios de ayuda, de apoyo. No está sola. Los derechos que tenemos, son el resultado del trabajo de mucha gente que nos antescedió. Su trabajo nos abrió muchas puertas para que hoy podamos ser personas felices, porque podemos serlo. Finalmente, no desesperar ante las dificultades. Esa es la clave.