“Hay una arremetida contra la JEP”: Rodrigo Granda, miembro del partido de las Farc

El exjefe guerrillero pidió sensatez a los partidos políticos que hoy discuten la ley estatutaria de la justicia transicional en el Congreso.

Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, miembros del partido de las Farc./ AFP

Para Rodrigo Granda, miembro del consejo político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay una “arremetida” de los sectores políticos que han sido opositores del Acuerdo de Paz logrado entre el Gobierno y ese grupo, ahora exguerrillero. (Lea: Justicia para la paz, empantanada en el Congreso)

Por eso, según información revelada por Blu Radio, el exjefe subversivo hizo un llamado a la sensatez a los partidos políticos que debaten la ley estatutaria que reglamenta esa jurisdicción transitoria y dejó a cargo del presidente Santos la responsabilidad de que no se pierda lo logrado hasta el momento. “El señor presidente de la República tiene en sus manos los instrumentos que pueden ponerla a funcionar para que no se vaya al precipicio todo lo que tiene que ver con la JEP, con las circunscripciones especiales, con la implementación”, señaló Granda.

Lo cierto es que la discusión del articulado de la ley estatutaria en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara está candente y Cambio Radical, uno de los partidos que habían dado apoyo constante a los proyectos para la implementación de lo pactado en La Habana, ya confirmó que votará negativamente la iniciativa por considerar que “premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla”.

Por el momento, el Gobierno hace cuentas de las mayorías que necesita en el Congreso para que la estatutaria pase sin problemas a plenarias y no se extienda mucho el tiempo para su entrada en funcionamiento. Sin embargo, también falta buscar un consenso sobre los reparos que ha expresado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, referentes a la delimitación de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria y sobre quién asumirá el juzgamiento de disidentes, reincidentes y desertores, entre otros.

De igual forma, y previendo que el camino es espinoso, el presidente Santos expidió el jueves pasado un decreto ley para que la JEP pueda empezar a operar con algunas funciones antes de que el texto sea aprobado por el Legislativo.

Temas relacionados