Historia de la licitación que no fue

¿Por qué el sancionado y destituido director administrativo de la Cámara quería adjudicar el contrato de alquiler de vehículos?

La semana pasada, gracias a un acuerdo interinstitucional firmado por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, se logró atajar una licitación de $70.000 millones que la Dirección Administrativa de la corporación pretendía adjudicar para el arrendamiento de 215 carros para los representantes. Un contrato que ya había sido suspendido en enero pasado, luego de que la Procuraduría y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hallaran una serie de irregularidades en las licencias de las empresas que buscaban ganar la licitación.

Este antecedente prendió las alarmas sobre la posibilidad de que se estuvieran moviendo oscuros intereses detrás del millonario contrato, lo que provocó la observación especial por parte de los organismos de control. Pero lo que más llama la atención es que Jairo Jaramillo Matiz, director administrativo de la Cámara de Representantes —a quien la misma Procuraduría ratificó hace pocos días su destitución e inhabilitó durante 14 años por irregularidades en la modernización del Salón Elíptico del Capitolio—, mantenía firme su intención de llevar a cabo dicha licitación, afirmando que era evidente la falencia de vehículos para los parlamentarios.

Sin embargo, El Espectador tuvo acceso al oficio D.S. 4.4-1425.11, del 27 de septiembre de 2011, firmado por el mismo Jaramillo Matiz y elaborado por el jefe de la División de Servicios de la Cámara, Juan Miguel Tawil, según el cual el estado del parque automotor de la corporación legislativa no era tan “complejo” como se había planteado en un principio. De los 164 representantes, sólo seis no contaban con vehículo asignado, entre ellos Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien cuenta con un dispositivo especial de seguridad otorgado por el Ministerio del Interior, por lo cual no requiere este tipo de dotación.

En cuanto al estado de los vehículos, el citado informe señala que de los 265 con que cuenta la Cámara de Representantes, sólo 10 se encuentran en malas condiciones. En conclusión, la corporación necesitaba a lo sumo 20 carros para suplir las falencias de su parque automotor, diagnóstico que desvirtuaba la necesidad de realizar la licitación, a un costo de $70.000 millones, para el arrendamiento de nuevos carros para los congresistas.

A oídos de Jaramillo Matiz y de Tawil llegaron los comentarios sobre la no tan evidente necesidad de asumir este millonario gasto y, un día después, remitieron el oficio D.S. 4.4-1527.11, en el cual el balance arrojaba diferencias sustanciales. De acuerdo con este nuevo informe, la mitad de los representantes se habían acercado a la División de Servicios de la Cámara a poner en conocimiento el mal estado de sus vehículos y el parque automotor se dividía en tres tipos: los que se encuentran en buen estado, los que presentan desgaste precario y generan altos costos por su mantenimiento, y los no blindados. Con este nuevo oficio, la Dirección Administrativa de la Cámara ratificaba la necesidad de realizar la licitación para el arrendamiento de los carros.

En el mar de dudas frente a la trasparencia del contrato, se creó entonces una mesa interinstitucional en la que trabajaron el entonces secretario general de la Presidencia y hoy ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el Ministerio de Hacienda; el mismo Óscar Naranjo; el exauditor de la República, Iván Gómez Lee, y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, la cual concluyó con el acuerdo interinstitucional ratificado la semana pasada y que frenó la polémica licitación, dejando los esquemas de seguridad de los representantes en manos de la Policía Nacional.

Y es que la preocupación frente a los contratos que venía suscribiendo Jaramillo Matiz era evidente desde el 24 de junio, cuando la Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, lo sancionó con destitución e inhabilidad por irregularidades al suscribir el contrato interadministrativo entre la Dirección Administrativa de la Cámara y la sociedad Infotic, por valor de $11.930 millones, para la modernización del Salón Elíptico del Capitolio, el cual, a juicio del organismo de control, debió realizarse por medio de concurso.

Este fallo fue ratificado en segunda instancia el pasado 10 de octubre. Lo curioso es que, coincidencialmente, Jaramillo Matiz, al conocer la decisión, ordenó por medio del oficio D.A. 4-2678/11 la centralización de la correspondencia, lo que hizo más compleja la notificación de la sanción impuesta por el Ministerio Público y le permitió continuar manejando la ‘chequera’ de la corporación por unos días más.

Ahora, la Procuraduría y la Contraloría están revisando con lupa los contratos que firmó Jairo Jaramillo Matiz durante su gestión. Y es que la preocupación no es de poca monta, pues el director administrativo de la Cámara de Representantes contaba con un presupuesto de más de $196.000 millones para los gastos de funcionamiento en la vigencia 2011.

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