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En un documento de más de 200 páginas, Human Rights Watch denuncia los graves riesgos en que se han visto envueltos quienes han accedido a la ley de víctimas y restitución de tierras. Amenazas contra sus vidas, asesinatos y nuevos desplazamientos, además de total impunidad en los casos documentados, son los principales problemas que penden sobre quienes buscan volver a las tierras que los violentos les arrebataron.
“El presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir las tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, aseguró el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
La ong norteamericana realizó trabajo de campo durante un año y medio, entrevistando a 250 reclamantes de tierras y funcionarios públicos que intentan implementar la “histórica ley”, como la catalogó el Presidente Santos el día de su promulgación. Los casos más graves de violencia contra reclamantes se han presentado en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, territorio que por lo general sufren la presencia de grupos neoparamilitares.
Durante el trabajo de campo, se documentaron 17 casos de atentados contra reclamantes, en los que fueron asesinados 21 personas, también se recogieron 80 denuncias de reclamantes que afirman haber recibido graves amenazas. Al tiempo que se registraron más de 30 nuevos desplazamientos de familias que buscan que el Estado les devolviera las tierras que alguna vez los violentos les quitaron.
Los registros oficiales dan cuenta que desde julio de 2011, cuando se promulgó la ley, cerca de 500 reclamantes de restitución han informado sobre intimidación para que desistan de recuperar sus fincas. De igual forma, el sistema de protección de personas ha determinado que 360 líderes se encuentran en grave riesgo. Human Rights Watch expresa su preocupación por la falta de justicia en estos casos. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes”, señaló Vivanco.
Y las información que suministran es desoladora. De las 17 mil investigaciones por desplazamiento forzado la Fiscalía no ha dictado condena ni en el 1% de los casos, es decir, tan sólo se han proferido cinco condenas. A pesar de que Vivanco resaltó el trabajo de la Unidad de Protección, consideró que las medidas que se toman no son suficientes para detener esta campaña de saboteo a las aspiraciones de quienes han sido víctimas del despojo. “En Colombia, intentar recuperar su tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizados, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los matan por exigir sus derechos, prácticamente nunca tienen que rendir cuentas ante la justicia”, refirió Vivanco.
“El problema no se solucionará con chalecos antibalas ni escoltas. Solo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”, concluyó el director de Human Rigths Watch.