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Este jueves, la Corte Constitucional abrió un debate nacional sobre la conveniencia o no del uso del glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la Iglesia no estaba invitada a la audiencia pública, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Óscar Urbina, se manifestó en contra del herbicida.
“Yo lo viví cuando fui obispo de Cúcuta. En toda la región del Catatumbo, veía cómo, especialmente los niños, se brotaban, como cuando a uno le da un tremendo salpullido en la piel”, comentó monseñor Urbina a Canal 1 en referencia al glifosato.
Ahondando en los temas de salud, evidenció su preocupación frente al aumento de cáncer de pulmón. "Ahora no sabemos cómo afecta esto al sistema respiratorio”, insinuó con cautela el presidente de la Conferencia.
En ese sentido, asegurando que no apoya los cultivos ilícitos, pidió por otros métodos para erradicarlos y solventar a las familias que viven de la coca. “Son todas esas poblaciones que están en esos territorios. Yo viví en carne propia esta situación”, aseguró.
El Gobierno, en voz del presidente Iván Duque, el fiscal Néstor Humberto Martínez y los ministros de Salud, Juan Pablo Uribe; Medio Ambiente, Ricardo Lozano, y Defensa, Guillermo Botero, defendió el uso de este herbicida, argumentando que se debe de acabar con la amenaza que representan los cultivos ilícitos en la cadena del narcotráfico.
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Por otro lado, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, en el que también se cuenta al exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y al gobernador de Nariño, Camilo Romero, se defendieron otras formas para acabar con los cultivos ilícitos, esgrimiendo, también, los perjuicios demostrados científicamente al medio ambiente y el bienestar de las personas.
“(En mi Gobierno) propusimos que el enfoque exclusivamente punitivo se reemplace por un enfoque de derechos humanos, de salud pública, de más educación y prevención, sin dejar de combatir las mafias que controlan el negocio”, dijo Santos.
En el informe de monitoreo de septiembre de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que las hectáreas de cultivos de uso ilícito en el país ascendieron a 117.000, una cifra histórica para Colombia.