Impunidad, respuesta para violencia sexual

“Respuesta estatal para los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia ha sido claramente insuficiente”.

En varias manifestaciones las organizaciones de mujeres han pedido que su cuerpo no sea un trofeo de guerra, y que tampoco sea vulnerado por las lógicas violentas de la confrontación interna. / Diana Sánchez

La gran y lamentable conclusión después de cinco años de la expedición del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional que ordenó investigar los crímenes sexuales cometidos dentro del conflicto armado es que la impunidad es casi total para estos delitos, que han golpeado durante décadas a las mujeres del país de manera habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, como lo reconoció el alto tribunal. En el auditorio del Hotel Estelar Suite Jones, en Bogotá, hoy se presenta el quinto Informe de Seguimiento al cumplimiento de esta directriz. La presencia de la Fiscalía, que debía estar en primera fila, aún era incierta ayer. Lo único que sabían las organizaciones de mujeres que están detrás de este acto es que el ente investigador había mandado un fax desde el despacho general para cancelar su asistencia. Esto a pesar de que la Corte Constitucional requirió a la Fiscalía cuando expidió este auto para que adoptara en un lapso breve las medidas necesarias para que los casos avanzaran de manera célere y se iniciaran las investigaciones de los que aún no hubieran sido investigados.

“La respuesta brindada por el Estado para superar la impunidad y los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia ha sido claramente insuficiente. Aunque se han implementado algunas medidas puntuales, éstas no responden a una política en los términos señalados por la Corte Constitucional y en esta medida no responden a un abordaje integral que permita superar la impunidad”, dice el documento de 76 páginas que conoció El Espectador.

La información entregada por la Fiscalía habla de ello. De los casos relacionados con la violencia sexual asociada al conflicto armado, 95 se encuentran en investigación preliminar o indagación, 16 en instrucción, 4 han sido precluidos, 26 han sido archivados por resolución inhibitoria, 5 cuentan con resolución de acusación, 18 tienen sentencia condenatoria y uno sentencia absolutoria. Pero lo más preocupante es que en este seguimiento no se encontró una sola sentencia condenatoria con información fiable. “Al contrastar las tablas en abstracto con las matrices de los casos aportadas por la Fiscalía, no existen las 18 sentencias condenatorias que reporta el órgano de investigación, sino solamente cinco. De las 18 sentencias condenatorias que la Fiscalía señala que existen, once corresponden a la información aportada por las unidades seccionales de Fiscalías y siete a la Unidad de Derechos Humanos. De esas once sentencias de las unidades seccionales de Fiscalías, sólo obran en los registros cuatro bajo la categoría de condena o ejecución de pena. Las restantes no tienen registro alguno en la base de datos. Y de esas cuatro condenas que aparecen, dos tienen sentencia condenatoria por homicidios y no por tipos penales relacionados con violencia sexual. Las otras dos sentencias dicen haber sido adelantadas por la Unidad de Delitos Sexuales de Quibdó; sin embargo, los casos a los que se refiere ocurrieron en Tolima y Arauca”, dice el documento para explicar lo poco confiable que son estas cifras oficiales. Para completar este panorama, “según la propia Fiscalía, no existe un presupuesto asignado específico para abordar esta temática, dado que el presupuesto es general para toda la institución”, dice el documento.

La Procuraduría, que de acuerdo con el Auto 092 de la Corte Constitucional debería “realizar una supervigilancia sobre el desarrollo de los procesos investigativos y de restitución de derechos fundamentales”, ha tenido una actuación muy precaria. Contrario a lo que la misma Procuraduría dijo en su informe a la Corte Constitucional de febrero de 2013. Al menos eso creen las organizaciones que componen esta mesa de seguimiento, que le solicitarán a través de este informe a la Corte Constitucional que exhorte nuevamente a la Procuraduría para que intervenga en todos los casos mediante una estrategia jurídica articulada y definida. El papel de la Defensoría del Pueblo también ha sido muy pobre en el asesoramiento y orientación legal a las mujeres víctimas.

Después de cinco años, el Auto 092 de 2008 parece haberse quedado en el papel, aunque el conflicto armado sigue vivo y dando números cada vez más negros. Por eso, una vez más, esta mesa de seguimiento urge en su informe a las diversas entidades del Estado a que adopten medidas inmediatas para estas mujeres. A la vez, recuerdan la necesidad de que se cree una política de protección. Por eso le piden a la Corte Constitucional que le ordene al ente investigador que presente en tres meses un plan de acción integral para superarla impunidad en los casos de violencia sexual asociados al conflicto armado.

Los relatos de quienes han salido a denunciar son desgarradores: “Cuando salió el auto 092 de la Corte Constitucional, las mujeres víctimas vimos en esa medida un salvavidas. Nosotras decíamos que nos habían entregado un carro sin saber manejar. Por eso pedimos ayuda a organizaciones de mujeres amigas. El encuentro que tuvimos en octubre de 2009 selló las amenazas que vendrían. Hasta que llegó el día en que mientras me violaban me decían que siguiera hablando del auto 092 y que lo que me estaban haciendo también se lo iban a hacer a mi hija, y a mis compañeras, que les advirtiera. Desde ese día no tengo asiento en ningún lado y me reubico constantemente, porque las amenazas no han dejado de llegar”, dijo Giovana Sáenz, una de las cientos de mujeres cuyo cuerpo terminó siendo un trofeo de guerra .