Incoder y Procuraduría denuncian robo de tierras en Antioquia

Más de 100 mil hectáreas fueron usurpadas a través de adjudicaciones irregulares, con la participación de funcionarios públicos.

En Antioquia se adjudicaron   a familias poderosas baldíos  entre 5 y 20 hectáreas, violando la normatividad.  / Archivo
En Antioquia se adjudicaron a familias poderosas baldíos entre 5 y 20 hectáreas, violando la normatividad. / Archivo

El Ministerio de Agricultura, a través del Incoder y la Procuraduría, realizaron un estudio sobre la adjudicación de terrenos baldíos en Antioquia. ¿El resultado? Alrededor de 100 mil hectáreas fueron robadas al Estado mediante maniobras fraudulentas, con complicidad de servidores públicos, que se las adjudicaron a familias poderosas de dicho departamento, especialmente en Urabá. Los terrenos deberían ser destinados a campesinos pobres.

“Pedimos celeridad en las investigaciones. Creemos que además de funcionarios, exfuncionarios y excontratistas del Incoder, hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios, personal de registro, notificadores, entre otros eslabones aún no detectados”, afirmó Miriam Villegas, gerente del Incoder.

Entre las tipologías identificadas se registraron: titulación ilegal de baldíos a personas con altos patrimonios, titulaciones ilegales de extensiones de tierra que sobrepasan los límites permitidos por la ley, sobornos por parte de funcionarios de la entidad a campesinos y formularios y resoluciones falsas.

Producto de estas pesquisas se abrieron más de 1.500 expedientes de titulación de baldíos, expedidos entre 2007 y 2011, que ya están en poder de las autoridades competentes. Entre los funcionarios que posiblemente participaron de este fraude figuran: tres directores territoriales de Antioquia, un coordinador técnico, cuatro funcionarios de nivel profesional y técnico y dos excontratistas.

En el informe presentado por la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, se advirtió que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se han venido presentando casos donde se adjudican baldíos a personas que no son objeto de la reforma agraria.

El documento señala que el Incoder, pese a haber sido notificado en repetidas ocasiones de adjudicaciones irregulares, no ha tomado cartas en el asunto. A su vez, afirma que el Incoder ha venido adjudicando tierras a “cualquier ciudadano que tenga bienes urbanos, con tal que no aparezca con bienes rurales”. La norma dice que para ser beneficiario es requisito no tener ninguna propiedad rural.

Esto ha llevado, de acuerdo con el Ministerio Público, a que por esta vía se adjudiquen baldíos para construir casas de veraneo y locales comerciales. “En múltiples oportunidades (...) concluía este despacho que se estaba violando la ley haciendo adjudicaciones no autorizadas. Es tal el desconocimiento frente a lo manifestado en los conceptos del Ministerio Público, que incluso ya se dice expresamente en la resolución que se adjudica para casa de veraneo o local comercial”.

Así las cosas, la Procuraduría señaló que se han otorgado extensiones que oscilan entre 5 y 20 hectáreas sin explotación alguna. “No encontramos ni en la Ley 160 ni en los decretos que la modifican una autorización para adjudicar fincas, casas de veraneo o locales”, indica la denuncia.

Uno de los casos identificados es el de Fabiola Betancour, a quien le fue adjudicado un baldío el 27 de octubre de 2011 para construir una cabaña de veraneo. Otro ejemplo es el de Doris Amparo Peña Restrepo, a quien se le dio un terreno para ejecutar un “local de dos plantas”.

El Incoder, en palabras de la Procuraduría, no ha cumplido con la obligación de hacer los estudios de solicitud antes de dar luz verde a una adjudicación. “Tampoco ha tenido eco la Procuraduría al plantear las graves consecuencias que pudieran generarse al no cumplirse esta obligación”.