Una resolución expedida por el Gobierno puso nuevas condiciones que dejan por fuera a 184 pesqueros de Providencia, que fueron afectados por el fallo de La Haya y por eso iban a ser compensados con una ayuda estatal.
El corto romance que tuvo el Gobierno y los pescadores de San Andrés, por cuenta de las medidas de choque que prometió el Ejecutivo para mitigar el impacto que tuvo el fallo del Tribunal de la Haya, que le quitó cerca de 70 mil kilómetros cuadrados de mar al país, parece haber llegado a su fin. La molestia creciente de esta comunidad tiene que ver con una reciente resolución, del 6 de febrero de 2013, que les cambió a los pescadores las reglas de entrega de los subsidios que el Ejecutivo se comprometió a pagar.
Todo se remonta al 5 de diciembre de 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que se le iban a reconocer a los pescadores un subsidio de 1 millón 800 mil pesos por seis meses. La comunidad pidió que no querían que estos ingresos se politizaran como sucedió, según ellos, con los subsidios del programa Sea Flower Keepers, y por eso pidieron que se integrara un comité para escoger a los pescadores beneficiarios. Santos dio el aval y así se hizo. El 21 de diciembre el Gobierno expidió la resolución 2117 que autorizó los subsidios y estableció las condiciones para acceder a ellos. Una de estos lineamientos estableció que los beneficiarios tendrían que estar en el registro de pesca del departamento. El comité empezó a depurar la lista, y el 24 de enero entregaron un registro de 365 personas, que avalaron las tres organizaciones de pescadores de Providencia.
Pero todo cambió el 6 de febrero cuando el Gobierno expidió una nueva resolución que modificó las condiciones y excluyó a aquellos pescadores que no se encontraban inscritos en el registro departamental de pesca y agricultura antes del 19 de noviembre de 2012, a la vez que dijo que quienes tienen otros contratos tampoco tendrían el beneficio.
Esto despertó el malestar en la comunidad porque de esa lista establecida 184 personas quedaron suspendidas. Entonces el run run de críticas al Gobierno se volvió a escuchar en las islas. “Le recordamos al presidente Santos que estos no son subsidios para mitigar la pobreza sino para compensar el impacto del fallo de La Haya”, dijo Roxana Torres, representante de la cooperativa 'Fishing and Farming' que agremia cerca de 200 pescadores de Providencia, quien el pasado lunes intentó sin éxito tomar la palabra en el evento de inauguración de la sede del Icetex en San Andrés al que asistió Santos.
La incomodidad reside sobre todo en que las nuevas condiciones no se compadecen con la realidad que viven los pescadores. Por ejemplo, quienes no van a los cayos del norte a pescar, y por eso nunca les han exigido el registro de pesca, solo se inscribieron a éste tras el anuncio que hizo Santos del subsidio. También “es absurdo”, dice Torres, que pidan como requisito que el pescador no tenga otro trabajo o contrato, ya que la mayoría consiguen otras actividades porque nadie alcanza a vivir dignamente solo como pescador en las condiciones actuales.
“No digo que no pueda haber colados, pero hay personas como Elvis Navarro, que toda la vida ha vivido de la pesca, educó a sus hijos con eso, y quedó por fuera del subsidio porque tiene un contrato como director deportivo con la Alcaldía de un millón de pesos, que empieza a las 3 de la tarde, luego de su actividad de pesca que empieza a las 3 de la mañana”, precisó Torres, la misma mujer que a finales del año pasado denunció que el fallo de La Haya, podría desencadenar un desastre ambiental por la sobre explotación industrial del cayo Roncador, el banco de peces que se salvó de ser concedido a Nicaragua. “El país quedó con una porción de tierra improductiva, que sólo sirve para tener soldados ejerciendo soberanía, cuando a los pescadores no les interesa para nada la tierra sin el agua”, dijo en su momento Torres.
Por lo pronto, en Presidencia siguen estudiando el tema de los subsidios porque no quieren que algunos avivatos terminen con un beneficio que no les pertenece. Mientras eso sucede la resolución sigue vigente y los isleños, cada vez más molestos, entre otras razones porque para el primero de abril, cuando empieza la temporada de langosta, el gobierno de Nicaragua prometió que hará cumplir el fallo de La Haya en sus nuevas aguas, y esto, pone en riesgo la extracción del preciado crustáceo para los pescadores colombianos.