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Un grupo de congresistas de diversas colectividades, en coordinación con el Instituto de Paz de los Estados Unidos, presentó este miércoles una radiografía con cifras del avance de la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con la otrora guerrilla de las Farc, que evidencia, entre otras que, al ritmo actual, la reparación de las víctimas del conflicto podría tomar al menos 75 años.
El informe, que se deriva además de 14 visitas a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, presenta estadísticas sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz, con corte a diciembre de 2019.
El estudio, que se centró en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza, revela también que la capacidad de dichas poblaciones en el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus “es nula y que los efectos sociales y económicos de la cuarentena son diferentes al resto del país”.
En esa línea, se indica que, desde el pasado 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de COVID – 19 en Colombia, han asesinado a 14 líderes sociales y siete excombatientes, y más de 6.000 personas han sido confinadas o desplazadas en Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño.
“En los primeros dos meses de este año la cifra de excombatientes asesinados llegó a 14, un promedio de siete mensual, superando el promedio de 4,8 excombatientes asesinados por mes en los años anteriores”, se lee en el informe.
Adicionalmente, que entre 2017 y 2019, la tasa de homicidios aumentó 25 % en municipios donde se implementan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en las poblaciones con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el incremento fue del 21 %.
Lo anterior, con el agravante de que en ocho de cada 10 municipios PDET, no hay funcionarios de policía judicial y uno de cada tres no tiene fiscales locales. Con jueces, el panorama también es preocupante: solo hay seis para cada 100.000 habitantes, mientras que a nivel nacional es de 11 jueces.
“Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que en los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes”, sostiene.
En materia financiera, el informe señala que, para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo, se tendría que estar ejecutando por lo menos $4,67 billones al año en los municipios PDET. “Hoy solo se está ejecutando $90.000 millones al año, es decir, solo el 1,36 %”, dice el estudio.
Frente a la formalización de tierras, se evidencian también diferencias entre las cifras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras y la Consejería para la Estabilización, “lo que dificulta evaluar el avance en materia de compromisos de adjudicación y formalización”.
No obstante, las estadísticas permiten ver que los avances oscilan entre el 0,47 % y el 10,3 % respecto a lo que se debería estar haciendo anualmente para alcanzar la meta. “Vale la pena recordar que los compromisos del Acuerdo de Paz contemplan una meta de siete millones de hectáreas formalizadas durante 10 años, pero para los PDET es de siete años”.
Se reprocha además que el Gobierno ha priorizado proyectos productivos individuales sobre colectivos –de agosto de 2019 a hoy, pasaron de 249 beneficiados a 1.437–, y que, con corte a enero pasado, el 59,2% de excombatientes no estaban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Ejecutivo o apoyado por cooperación internacional.
“Entre 2017 y 2018, 99.097 familias fueron vinculadas al PNIS. Sin embargo, a noviembre de 2019, tan sólo el 0,88% de las familias ha tenido acceso a proyectos productivos”, se precisa.
Este es el informe completo: