Infundadas

Las objeciones presidenciales a las reformas constitucionales no tienen fundamento. Un análisis comparado de las constituciones latinoamericanas refuerza esta tesis.

La única Constitución en América Latina que le permite al presidente objetar parcial o totalmente una reforma constitucional es la de Chile. Este poder de veto fue una invención del gobierno de Pinochet. Quedó plasmada en la Constitución de 1980, aprobada en un cuestionable plebiscito. Es una de las pocas instituciones de la dictadura que todavía siguen incrustadas en el actual régimen.

Quizás en reacción a este despliegue autoritario las constituciones de Nicaragua, Perú y Venezuela le prohiben expresamente al presidente objetar las reformas constitucionales. En Uruguay, sin embargo, la prohibición data de 1967. Las constituciones de los demás países no dicen nada al respecto, pero de ello no se debería deducir que el poder de veto de las reformas constitucionales es una facultad implícita. En ninguno de esos países, que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido reformar la Constitución, por vía de interpretación, para introducir un poder de veto del presidente.

¿Por qué habríamos de aceptar nosotros una interpretación semejante? A Rodrigo Uprimny, un auténtico demócrata liberal, le he leído enjundiosos argumentos en favor de tan cuestionable tesis. Creo que en su caso ha operado lo que uno podría llamar “la astucia de la razón autoritaria”. Su pasión contra la impunidad lo ha hecho respaldar la tesis del presidente. Muchos congresistas también lo han hecho, pero motivados por otra pasión: la de conservar su curul. La apostilla de la teoría económica de la democracia es que la de los congresistas no es una pasión, sino su razón de ser.

Los defensores de la tesis del presidente parecen ignorar los efectos de largo plazo (abrirle un boquete autoritario a la Constitución) en pos de prevenir los efectos de corto plazo (que un montón de bandidos se hubiesen beneficiado de la reforma a la justicia). Empero, podrían replicar que el balance no es entre efectos de largo y corto plazo sino entre efectos reales e hipotéticos. El poder de veto presidencial sería, a lo sumo, un riesgo lejano, no un peligro real e inminente. Además les asiste un razonamiento con mucho pedigrí: la ética de la responsabilidad. Arguyen que no es el formalismo el que debe orientar la interpretación de la Constitución sino la consideración de los efectos de adoptar una u otra tesis.

Nuestra dúplica, la réplica a su réplica, es que la nuestra también es ética de la responsabilidad. A los congresistas les damos las gracias por haber sido tan disciplinados y tragarse el sapo de las objeciones. Gracias a ellos, y también al gobierno, los procesos siguen su curso contra los acusados. Pero el proceso constitucional no debe parar aquí. Los indignados demandamos responsabilidad, rendición de cuentas. Al país le saldría muy caro pasar de agache ante esta infamia.