Ingresos injustificados, al desnudo: el sexto punto de la Consulta Anticorrupción

La pregunta 6 de la Consulta Anticorrupción hace referencia a obligar a todos los electos a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.

La Consulta Anticorrupción requiere de más de 12 millones de votos para que sea avalada. Archivo

Hacer públicas: estas son las dos palabras claves para entender el punto seis de la Consulta Anticorrupción, que llegará mañana a las urnas de todo el país. Básicamente, el penúltimo mandato del mecanismo de participación ciudadana propone que todo el que ocupe o aspire a ocupar un cargo de elección popular publique tres declaraciones a la ciudadanía: la de bienes y patrimonio, la de renta e impuestos y la de conflictos de interés.

¿Con qué fin? La exsenadora Claudia López, una de las principales promotoras de la Consulta, lo resume así: “Para que uno sepa con qué entra y con qué sale cada político del cargo”. De esta manera, añade, “peso que no pueda justificarse con su ingreso salarial, peso que se tiene que ir para extinción de dominio y, posiblemente, a ser objeto de investigaciones”.

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Dicho mecanismo de vigilancia y control, que ya es aplicado en países como México, sería una de las lupas más claras que tendrían las instituciones y los colombianos para determinar quién aprovecha los empleos públicos para enriquecerse con negociaciones por debajo de la mesa y así dejar a los corruptos al desnudo.

Por esta misma razón, no es de extrañar que los miembros del Legislativo hayan mostrado en años anteriores una total resistencia a la medida, tumbando iniciativas similares que les exigían más claridad en su gestión. “Lo que más les duele a los corruptos no son los poquitos años de cárcel que hoy pagan, sino el bolsillo, que se les pierda lo que robaron. Además, con esa información en la mesa, se busca también revisar la red de potenciales testaferros”, explica la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, otra de las promotoras.

(PODCAST: lo que busca la Consulta Anticorrupción, explicado punto por punto)

Hace tres años, López y la entonces representante Lozano presentaron ante la Cámara el proyecto de ley 147 de 2015, que apuntaba a una “transparencia legislativa” a través de la rendición de cuentas completa y constante de parte de los congresistas, tanto de su asistencia y participación durante su estancia en el Capitolio —hoy incluido en el punto cinco de la Consulta Anticorrupción— como de su patrimonio y “las actividades que puedan significarle ingresos económicos adicionales al cargo de representación popular”.

El proyecto se empolvó por no haber sido debatido en el tiempo reglamentario y terminó archivado. Nuevamente, el 20 de septiembre de 2016 tocó las puertas del Congreso, pero a la fecha no ha tenido el primer debate. De ahí que se acuda a la realización de una consulta popular. “El Congreso jamás aprobó ni aprobará esto por su propia cuenta, ni porque lo presenten el presidente o la bancada más fuerte. Toca que la ciudadanía le imponga los cambios”, declara Lozano.

Este mes, de hecho, el paquete legislativo presentado por el nuevo gobierno incluyó un proyecto que busca que los servidores públicos presenten su declaración de renta anualmente para que pueda ser conocida por cualquier ciudadano. Sin embargo, fue retirado tras las denuncias de un mico. El Ministerio del Interior aseguró que lo modificaría para posteriormente presentarlo de nuevo. Sin embargo, tendría que pasar por el consenso de los legisladores, por lo que es más efectivo y rápido reglamentar esta medida vía consulta.

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De alcanzar aproximadamente 6,5 millones de votos para el Sí en esta pregunta, es decir, la mitad más uno de los sufragios de los votantes necesarios para que el mecanismo sea válido, el Congreso tendrá un año, a partir del 26 de agosto, para darle dientes e incorporar a la ley este y todos los mandatos que fuesen aprobados. “No lo va a discutir ni a modificar, no puede decir ‘publiquemos esta declaración, pero dejemos reservada esta otra’ a su conveniencia. Los congresistas desarrollarán la ley, pero no la podrán tergiversar ni quitarle el alma. Precisamente en eso consiste la fuerza de más de 12 millones de colombianos”, advierte Lozano.

 

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Paulina Tejada @PauliTejadaT

Política

Ingresos injustificados, al desnudo: el sexto punto de la Consulta Anticorrupción

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