Instauran tutela contra el Congreso para que acelere la implementación de la paz

59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos, y 60 líderes sociales y víctimas de todo el país, le exigen al Legislativo que deje de jugar con el futuro de la paz y que cumpla con los deberes asignados por sus electores, la ciudadanía y la Constitución.

la ley estatutaria de la JEP sigue empantanada en el Congreso. Archivo

Un grupo de 59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos, en unión con 60 líderes sociales y víctimas de todo el país, interpusieron una acción de tutela en contra del Congreso de la República y el presidente Juan Manuel Santos, para que se adopten con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de los acuerdos de paz pactados con la guerrilla de las Farc en La Habana.

Exigimos al Congreso de la República dejar de jugar con el futuro de la paz. A los congresistas les exigimos asistir a todas las sesiones y cumplir con los deberes asignados por sus electores, la ciudadanía y la Constitución. La aprobación de las normas para implementar el Acuerdo de Paz dejó de ser una cuestión de opiniones políticas y es una obligación de todos los órganos del Estado colombiano con las víctimas y el país”, señalan las organizaciones en un comunicado público.

La tutela, instaurada ante el Tribunal Superior de Bogotá, pide concretamente que cese la vulneración de los derechos fundamentales a la paz y a la reparación integral; ordenar a los congresistas que de manera inmediata se abstengan de abusar de sus facultades parlamentarias o de omitir el deber de asistir a las sesiones, para impedir la implementación del Acuerdo Final con la debida diligencia y buena fe en desarrollo del derecho a la paz; y al presidente de la República, convocar a sesiones extraordinarias al Legislativo y emitir un mensaje de urgencia respecto de aquellos proyectos de ley priorizados para la implementación de la paz.

Asimismo, piden que el Gobierno radique los proyectos de ley pendientes y priorizados para dicha implementación; así como promulgar con la debida diligencia, buena fe y participación de las víctimas los decretos reglamentarios pendientes para la efectiva implementación y puesta en marcha de cada uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz en el marco de sus competencias. Y que se les ordene a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, se les dé trámite a todos los proyectos de ley en curso dentro del procedimiento legislativo especial para la paz ("fast track"), en sesiones permanentes durante cada uno de los días restantes de vigencia del mismo.

En este sentido, se solicita también que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los congresistas a las sesiones y adoptar las sanciones que correspondan en caso de fallas. Y que se garantice la celeridad en el trámite legislativo, impidiendo que se desplieguen maniobras de entorpecimiento a las funciones del Congreso mediante el abuso en los usos de tiempos para intervención de los legisladores o las bancadas, las constancias, las proposiciones y demás actuaciones que excedan el principio de buena fe. Igualmente se pide que las votaciones se hagan en bloque, siempre que sea posible, para la aprobación de los proyectos legislativos.

Los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara respectivamente, deberán además garantizar la preservación del quorúm, mediante el llamado al orden y convocatoria a las sesiones, y enviar los expedientes legislativos a la Corte Constitucional en los términos fijados por el Acto Legislativo 01 de 2016, según requiera esta corporación, sin ninguna dilación injustificada. Y se pide que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicie las investigaciones y sanciones disciplinarias a las que haya lugar según el Código Disciplinario Único a funcionarios dentro de las entidades accionadas que hayan actuado de mala fe.

Por otra parte, en caso de que algún proyecto de ley prioritario o necesario para la implementación del Acuerdo Final no alcance a surtir el trámite dentro del procedimiento legislativo especial para la paz o “fast track”, se pide ordenar al Congreso que se le dé tramite por la vía ordinaria y de la forma más expedita posible.

Las organizaciones firmantes de la tutela argumentan que ya se han agotado todos los mecanismos que desde la ciudadanía se podían impulsar para hacer que el Congreso cumpliera con su tarea de implementar los acuerdos de paz, pero hasta el momento lo que ha demostrado el Congreso es que no quiere.avanzar. De hecho, a solo 20 días de que termine la vigencia del “fast track”, sólo se ha aprobado un 18% de las leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el punto 1 sobre Reforma Rural Integral, en el que se evidencian los mayores retrasos.

“Las dilaciones, maniobras y actuaciones negligentes de un sector del Congreso, han conllevado a un estancamiento del proceso de aprobación normativa, lo cual genera incertidumbre entre los excombatientes, descrédito para el Estado colombiano y constituye una amenaza para la consolidación de la paz”, concluyen los firmantes.