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El ambiente en Cafesalud está cada vez más enrarecido. Una semana después de que se conociera la destitución del presidente de la EPS, Guillermo Grosso, en medio de un escándalo por sus gastos extravagantes en los 90 días que estuvo al frente de la entidad, antier se conoció el asesinato del revisor fiscal de la entidad, Luis Alfredo Caicedo. Un homicidio rodeado de extrañas circunstancias y conjeturas, pues ocurrió pocas horas antes de que Caicedo se presentara ante la junta directiva de la empresa para entregar un informe sobre su turbia contratación.
En realidad, el comienzo de este escándalo hay que situarlo en 2011, cuando estalló la crisis en la EPS Saludcoop —en ese momento la más grande del país, con una vasta red empresarial— y salieron a la luz pública los pecados del entonces presidente, Carlos Gustavo Palacino. Ese mismo año, la entidad fue intervenida y, luego de un lustro, el pasado 25 de noviembre, el Gobierno optó por su liquidación. Entonces, el Ministerio de Salud y la Supersalud decidieron transferir sus 4,6 millones de afiliados a Cafesalud, una de las tres EPS que pertenecían al grupo Saludcoop.
A su vez, la EPS Cafesalud es dueña de su propia red de clínicas y hospitales, llamada Esimed. Por eso se valorizó significativamente, quedando en óptimas condiciones para su venta, una operación de la que empezó a hablarse con mucho ruido y que se calcula podía concretarse a mediados de este año. Según algunos cálculos económicos, esta red de clínicas y hospitales está avaluada en cerca de $2 billones y se estima que puede tener una base de usuarios de más de seis millones de colombianos. En esas condiciones, salta a la vista que hay muchas fuerzas en disputa.
La primera de las cuatro fuerzas principales está representada en el abogado Luis Martín Leguizamón, actual agente liquidador de Saludcoop, quien, además de ser cabeza visible de la intervención, a través de grabaciones filtradas a los medios, desde hace varias semanas dejó ver su interés en la salida de Grosso. En la orilla contraria quedaron los sindicatos de Saludcoop que ejercen una férrea oposición a la intervención de la entidad, y sobre todo a la posible venta de Esimed, es decir, de la red de clínicas y hospitales de Cafesalud.
Algunas fuentes consultadas por este diario aseguran que detrás de los sindicatos está el mismísimo Carlos Palacino, fundador del grupo empresarial Saludcoop, hoy en el exterior y sin mayores apremios judiciales. Su interés consistiría en recuperar buena parte de su antiguo imperio económico y confiaría en que no haya venta de la red de clínicas y hospitales que alguna vez manejó a sus anchas.
Los otros, que poco se dejan ver pero tras bambalinas muestran su interés en el botín de Cafesalud, son algunos políticos que ya han tenido influencia en otras entidades de salud y ahora buscan manejar esta en cuerpo ajeno. Incluso, ya es un secreto a voces que alcanzaron a conformar un frente común para evitar la salida de Grosso, de quien se dice que tampoco ha perdido del todo su influencia. El Espectador supo de al menos dos reuniones de congresistas pidiendo la continuidad de Grosso. Una de ellas se habría dado en Cartagena.
El pasado 1º de marzo, horas después de la salida de Grosso, un grupo de parlamentarios, a través de emisarios, intentaron llegar hasta la Casa de Nariño para abogar por el destituido directivo. Lo que buscaban eran cuota burocrática en Cafesalud, en los departamentos de su origen. Entre los interesados han estado Antonio Correa (Córdoba), José Alfredo Gnecco (Cesar), Andrés Cristo (Norte de Santander), Eduardo Pulgar (Atlántico), Lucy Contento (Meta), Berner Zambrano (Nariño), Holger Díaz (Santander), Sandra Villadiego (Bolívar), Alfredo Deluque (La Guajira) y Roy Barreras (Valle).
Un audio sin orden judicial conocido por este diario muestra la influencia política que se venía presentando en Cafesalud. En la grabación, Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud, expresa su preocupación al interventor Leguizamón por las contrataciones que hizo la gerente de Esimed, Nidia Guerrero. “Me dicen que sacaron a todo el mundo en las sedes regionales y que ella habría realizado contrataciones con criterio político. Lo segundo es que creo que ella no tiene el perfil de esta tarea”, se oye decir a Muñoz.
La idea original de los directivos de Cafesalud era que Grosso sólo estuviera tres meses en la entidad, y que luego tuvieran libertad para elegir un nuevo mando en la EPS. Al mismo tiempo, Cafesalud debía prepararse adecuadamente para recibir a los nuevos usuarios de sus servicios que llegaban de Saludcoop. Incluso, por esta razón, el Ministerio de Salud le hizo un préstamo de $200.000 millones. El propósito era que apenas Cafesalud diera muestras de recuperación, le pagara al Estado la deuda, antes de ser puesta en venta.
Tras la venta, el Gobierno podía recuperar el dinero perdido por los malos manejos de Palacino y su grupo y, de paso, evitaría seguir manejando una EPS. Lo anterior porque en el Ministerio de Salud existe la convicción de que al Estado no le ha ido bien como administrador en el sector. La muestra más reciente fue el caos en que terminó convertido Caprecom, paradójicamente también cruzada por los intereses de varios políticos y más de un empresario. Hoy esta entidad está en proceso de liquidación.
Lo cierto es que, más allá de las buenas intenciones del Gobierno, algo sigue oliendo mal en la transición de Saludcoop a Cafesalud y, por lo pronto, la nueva entidad, junto con su red de hospitales, hoy presenta pésimos índices de atención a sus miles de usuarios. Aunque la expectativa hoy está concentrada en el informe que debía presentar el asesinado revisor fiscal Luis Alfredo Caicedo sobre los malos manejos en la entidad, también existe interés en los organismos de control por saber qué políticos siguen al acecho y qué empresarios están interesados en quedarse con la EPS.
Al margen de estas conjeturas, al menos a manera de reseña judicial, cabe recordar que ya han transcurrido cuatro años desde que se destapó el escándalo de Saludcoop y, aunque desde octubre de 2012, Carlos Palacino y otros directivos, además de con millonarias multas, fueron sancionados por el Ministerio Público con 18 años de inhabilidad tanto para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, en la Fiscalía las pesquisas no han prosperado. Hay ocho procesos, ninguno en investigación formal, y a Palacino sólo lo han citado una vez para escuchar su versión.
*Después de que se publicara este artículo el sindicato Conaltrasaco, manifestó que no tiene ningún nexo con Carlos Palacino, el expresidente de Saludcoop. Además indicaron que su organización ha interpuesto más de siete denuncias penales y disciplinarias ante la Fiscalía sobre el proceso de intervención.
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