Investigación del Partido Liberal advierte problemas en política de tierras del país

La investigadora del Partido Liberal, Diana Morales.

El Instituto de Pensamiento Liberal presentó los resultados de una investigación sobre los problemas actuales que se mantiene en la política de tierras del país. La intención fue recapitular cómo siguen varios líos para la tenencia y distribución de las tierras.

La investigadora Diana Morales, exgerente de la campaña del Partido, dijo que se rastrearon las intervenciones estatales sobre el modelo de desarrollo agrario y las orientaciones posibles de estas intervenciones en el marco del proceso de capitalista y el mismo fenómeno de violencia en el país.

¿Cuál considera que es el aporte a la investigación que se ha venido desarrollando frente al tema?

La problemática de la tierra en Colombia ha venido suscitando nuevamente el interés de diferentes medios, de entidades y de organizaciones como tanto académicas como políticas. Al respecto, recientemente se ha publicado los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario, también de la Misión Rural y otras iniciativas de estudio que tratan de mirar la situación del campo colombiano. La investigación que publicamos con el Instituto del Pensamiento Liberal aporta fundamentalmente desde el componente político de la problemática. En este sentido, se orienta a revisar los conflictos sociales que se han tejido desde el problema agrario en las últimas décadas, y es capaz, además, de echar una mirada de largo aliento sobre cuáles serían los posibles escenarios del posconflicto, para evitar que el problema del acceso a la tierra se convierta nuevamente en un detonante de violencia en la Colombia rural.

¿Cuáles serían las explicaciones que permiten dibujar la problemática de la tierra en Colombia como parte del problema político?

En principio, el libro toma partido por dos explicaciones fundamentales. La primera sobre la forma en que el desarrollo económico del país ha tenido en la tierra solamente un componente de modernización. Y la segunda apunta a cómo el problema del conflicto agrario ha sido intervenido en las miras cortas, tímidas, para palear el problema sociopolítico y fundamentalmente para reducir la intensidad del conflicto armado interno en Colombia. De tal manera que las dos explicaciones, que confluyen, terminan retratando en el texto una intervención absolutamente tímida, la cual se ha enfocado únicamente entre el desarrollismo y la contención de la amenaza de las insurgencias.

¿Podría decir cómo el texto aporta en lo que serían los caminos importantes que permitirían superar la conflictividad agraria en el país?

Para nadie es un secreto, y el texto también lo aborda, que buena parte de la explicación del conflicto armado interno se basa precisamente en la conflictividad rural, en el modelo de propiedad de la tierra -que siempre ha sido de concentración- y que se ha caracterizado por la muy baja institucionalidad agraria. De tal forma que, en el marco del posconflicto, es absolutamente insoslayable que se empiece a pensar en la situación del mundo agrario como un problema integral que involucra no solamente la propiedad en términos de la legalización de la tierra para los dueños y poseedores, sino que además haga una apuesta fuerte por una redistribución social en el que haya un componente fuertemente político, en términos de equidad en las relaciones económicas y de poder en el campo colombiano. Y, como otro elemento igualmente importante, debe plantearse la necesidad impulsar un modelo de desarrollo agrario integral que se oriente a garantizar la asistencia técnica, el acceso a los créditos blandos, la posibilidad de acompañamiento institucional al campo; pero -sobre todo- que además se plantee la necesidad imperiosa de desarrollar una política que nivele en términos de infraestructura social y provisión de bienes públicos al campo frente a la ciudad. Y así reducir la brecha campo-ciudad, a fin de potenciar la capacidad política, económica y social del campesinado. Esta tendría que ser la orientación específica para el posconflicto.

¿Considera que el proceso de paz que se está llevando a cabo en este momento con las con las Farc apunta en la dirección correcta frente al problema de tierras?

El gobierno ha hecho una apuesta sumamente arriesgada, pero esa apuesta fructificará. Creo que el Presidente de la República se ha jugado todo su capital político para garantizar una paz estable y duradera. Esa paz estable y duradera implica, como ha venido desarrollándose con las Farc en el primer punto de la agenda que es el problema de la tierra, una serie de intervenciones positivas respetando la institucionalidad y respetando en buena medida los derechos adquiridos por los propietarios; pero también garantizando mayor acceso en la población campesina a la tierra. Sumado a esto, se debe conducir a la reconstrucción social del campo, lo cual implica focalizar las inversiones en esos territorios rurales de población dispersa que durante tantos años fueron primero olvidados por el Estado y segundo asediados por la violencia. El proceso con ELN si bien debe recoger todas estas dinámicas, todos los acuerdos con Farc, también debe proyectar una profundización de la participación política y la de la representación de esa población campesina en el universo político nacional. Creo que lo que está haciendo el Gobierno Nacional en este momento apunta en la vía correcta; es una apuesta que el país debe apoyar de manera decidida, y que en tanto podamos transformar las condiciones de vida en el campo, es posible garantizar la no repetición del conflicto armado interno y con ello la no re-victimización de miles y millones de colombianos que durante tantos años estuvieron expuestos a la violencia y el abandono estatal.

¿Cuál es para usted la institucionalidad faltante en el campo colombiano?

En principio es claro que la institucionalidad ha venido debilitándose, por no decir que ya casi ha sido desmantelada en su totalidad. Indudablemente debe ser un acceso a la tierra, de hacerse más expedita estas dinámicas de restitución de tierras debe garantizarse la legalización de los títulos de propiedad, para que las comunidades que históricamente han habitado los territorios tenga acceso real y legal a las tierras; debe generarse estudio de catastro multipropósito. Aquí, además varios de los experimentos de los años 70’s pueden, en una dinámica renovada, garantizar una mejor intervención pública en el campo. Primero, por supuesto un banco de fomento, un banco de segundo piso, un banco garantista de los préstamos, que permita que el campesinado, al pequeño y mediano productor acceder a créditos blandos, que acceda a la propiedad de la tierra, a través justamente de la compra de no solamente de la propiedad sino además de insumos, maquinaria, etc. Hasta el momento, el papel que ha cumplido el Banco Agrario es muy tímido. No obstante, no se puede desconocer que algunas de las reformas que se vienen o que ha hecho desde el Ministerio de Agricultura están apuntando justamente en una profundización de la bancarización (en el mejor sentido de la palabra) para que los campesinos puedan acceder a créditos. Un segundo elemento tiene que ver con una asistencia técnica a gran escala, con capacidad de fomento, que apunte a facilitar el uso de mejores técnicas y de nuevas tecnologías en el mundo agrario. Eso implica potenciar todas las instituciones que están orientadas en ese sentido, como por ejemplo Corpoica y las otras agrupaciones que acompañan la investigación en el mundo agrario. En tercer lugar, se tiene que reconstruir toda la vida social y política que perdió el campesinado, víctima del conflicto armado interno, durante tanto tiempo. En eso, no solo debe referirse a la Unidad de Víctimas, sino a una política integral que garantice la reparación, pero que más de eso, garantice también la transformación positiva de las condiciones políticas y sociales del campesinado para que pueda ser otra vez protagonista en la vida nacional.

¿Las intervenciones del gobierno están orientadas a garantizar la no repetición de la violencia en el campo colombiano?

En este momento se está pensando en una posible reforma de la Ley de tierras y se están desarrollando también una seria de orientaciones de críticas a la Ley de Víctimas. Primero no se puede desconocer el avance importante que se ha tenido al aplicar estas políticas y como su aplicación han garantizado que miles de colombianos que antes habían sido objeto de la violencia y el desplazamiento puedan retornar a sus territorios. Ahora bien, no basta con eso, el campo colombiano que aun soporta fuertes dosis de violencia: bandas criminales emergentes, carteles contra la restitución de tierras, resistencia de actores ilegales mafiosos al retorno del campesinado. Además el campo colombiano resiste una apuesta lamentable de una inserción al mundo del comercio internacional fundamentalmente con los agrocombustibles y los procesos agro industriales. En ese sentido, el gobierno está en la mitad del escenario; este debe aunar el camino, desde la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas, pero sobre todo desde una posición más garantista, que permita que el campesinado colombiano pueda ser un protagonista fundamental en el desarrollo del campo colombiano, en términos económicos, sin estar sometido a la presión de las multinacionales ni a la presión de los grandes hacendados ni a la presión de todas las organizaciones legales e ilegales que impiden que el mundo agrario se pueda desarrollar en términos justos

Así las cosas usted, desde la investigación ¿se propone una revisión de la Ley de Tierras?

Más que una revisión de la ley de tierras, creo que se debe hacer una profundización de su contenido. En ese sentido, lo que apunta el libro en este sentido es a develar que desde una posición tímida el Estado colombiano por más de sesenta años, ha superpuesto que la intervención debe centrarse en la modernización del aparato agrario o simplemente en la reducción de la conflictividad, a través de formas de que se quedan cortas como los créditos blandos. Reformar la ley de tierras debe cambiar de tal manera que le dé mayor garantía a la población campesina, negra, raizal, palenquera y a las minorías que habitan los territorios, para que sean tenidos en cuenta en toda la temática de profundización de la ley.

¿Usted considera entonces que el gobierno debería de profundizar más su discusión con los gremios y con los actores económicos del sector económico colombiano?

Esta debe ser una posición intermedia. El campesinado colombiano ha sido víctima de la violencia por cincuenta sesenta años, ha sido abandonado, ha padecido una institucionalidad agraria inexistente, un mercado injusto, una estructura económica extremadamente incipiente y a su vez el empresario y la gente que ha venido invirtiendo en el mundo agrario se encuentra con una debilidad institucional, que impide garantizar la confiabilidad de la inversiones el campo colombiano. Se necesita de la inversión pública y privada, de la inyección de nuevas tecnologías, de las vías de comunicación… de intervención de los grandes actores económicos en el país; pero también se necesita un modelo más justo que permita insertar al campesinado a esa dinámicas, sino en igualdad de condiciones en un ejercicio de equidad que le permita competir de forma cierta en esas iniciativas de competencia gran escala. Entonces, no es simplemente que se garantice para el capital y los grandes inversionistas la llegada al campo sino que a esos grandes inversionistas a ese capital que llega invertir se le ponga reglas claras, para una inclusión del campesinado de una manera más justa, adecuada más equitativa y que el campesinado tenga la posibilidad de ser el receptor directo de la política pública para desarrollar el campo y para equilibrar la balanza en ese sentido.