Iván Cepeda: "Estamos volviendo a los tiempos de las Convivir"

El representante dijo que esa situación queda evidenciada tras conocerse varios episodios de violencia contra reclamantes de tierras en los últimos días.

A raíz de los recientes hechos de violencia en los que resultó asesinado el hijo de un reclamante de tierras en El Carmen de Bolívar, el plan develado para asesinar al defensor de derechos humanos Juan David Díaz, y las agresiones sufridas por la comunidad de Las Pavas, por parte de civiles armados, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro dijo que no se puede seguir afirmando que estos son hechos aislados, y que por el contrario, obedecen a una especie de cadena criminal, de la cual hacen parte los denominados ‘Ejércitos antirrestitución’ de tierras.

Para el congresista, “la primera medida de protección que debe adoptar el Gobierno es reconocer que existen estructuras paramilitares que están haciendo de guardianes de las tierras despojadas, que ejercen persecución a reclamantes de tierras o personas que ya han sido restituidas, especialmente en la Costa Atlántica”.

Con respecto a los Departamentos de Seguridad, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia, Cepeda afirmó que “estamos volviendo al tiempo de las ‘Convivir’. Estos Departamentos son organizaciones de carácter privado que asumen funciones y se toman atribuciones de Fuerza Pública, en el caso de las Pavas, con el objeto de reprimir y hostigar a comunidades que están en sitios donde el Incoder permitió su permanencia”.

El representante requirió una respuesta urgente del Superintendente de Vigilancia sobre si se está legalizando el paramilitarismo nuevamente, bajo esta figura de Departamentos de Seguridad.

Cepeda recordó que en los últimos dos años ha denunciado y alertado a las autoridades para que atiendan las constantes amenazas contra los campesinos de El Carmen de Bolívar, Las Pavas (Bolívar), Bellacruz, y Pitalito (Cesar), y varias organizaciones de víctimas.

En particular, la comunidad de Las Pavas ha sido víctima de amenazas de muerte, hechos intimidantes como tiros al aire y a los pies de los campesinos, quema y destrucción de cultivos, lesiones personales, y amenaza de violencia sexual contra menores. En el caso de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar, sus miembros fueron desplazados hacia otros municipios por las graves amenazas.