Jaime Castro, por el empoderamiento de municipios y departamentos en la Constitución de 1991

Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, tuvo una importante participación frente a temas de ordenamiento territorial en la Asamblea Constituyente.

Foto: El Espectador

“Hay momentos en la vida de los pueblos en que los hechos son superiores al ordenamiento jurídico y terminan desbordándolo –y legitimándose–, porque el pueblo vota un referendo o porque las más altas autoridades del Estado terminan validándolos”. En estos términos, en una entrevista concedida al diario El Universal en 2011, el exalcalde de Bogotá Jaime Castro hablaba de lo que significó para él el proceso que desembocó en la Constitución de 1991.

El político boyacense aterrizó en la Constituyente tras haber sido ministro de Justicia (en la administración de Misael Pastrana) y de Gobierno (en la época de Belisario Betancur), así como senador y precandidato presidencial por el Partido Liberal. Esa fuerza política le hizo hacer parte de la segunda lista liberal más votada y hasta disputarse la presidencia de la Asamblea con su copartidario Horacio Serpa. Finalmente, terminó integrando la Comisión Segunda, encargada del ordenamiento territorial y economías regionales.

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Para Castro, la Constitución fue un proceso en el que entraron en juego varios factores, muy particularmente el crimen de cuatro candidatos a la Presidencia, como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro: “Se agota la capacidad de resistencia del país y los estudiantes se inventan la Séptima Papeleta”, explicó a El Universal. Advirtió también que, aunque el sistema político había demostrado “capacidad para autorreformarse cuando lo necesitaba”, desde el final de los años 70 “se bloqueó”.

El exministro resaltaba que la “composición pluripartidista y pluriétnica” de la Constitución le dio legitimidad y la consolidó como un verdadero pacto del país. En esa línea, sacaba pecho por la garantía de derechos individuales y colectivos, así como acciones como la tutela, la que considera “la herramienta más eficaz para garantizar los derechos y la que ha popularizado la Constitución y masificado su conocimiento”.

De allí su énfasis en el ordenamiento y la autonomía de los territorios. Se trataba de materias que no eran ajenas para Castro, pues en el plano administrativo se ha destacado por la descentralización y la autonomía local, lo que lo llevó a ser reconocido como defensor y promotor de la elección popular de alcaldes y gobernadores.

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“El tema de la descentralización del ordenamiento territorial es muy importante. El gobierno Betancur (1982-1986) inició un proceso que completó la Asamblea Constituyente y que resumidamente uno diría, empoderó a los municipios y los departamentos, porque les dio competencias, atribuciones y funciones que no tenían antes”, sostuvo en el libro Memorias para la democracia y la paz, a propósito de los 20 años de la Constitución.

Si bien en ese texto el exalcalde destacaba los avances de la descentralización –en tanto originó un nuevo mapa político y permitió ampliar la cobertura de servicios públicos– lamentaba que la figura se pervirtió al punto que condujo a “roscas, de camarillas y de mafias políticas”, que favorecían la cooptación del Estado.

“De un momento a otro la descentralización empezó a deteriorarse, a pervertirse, a producir resultados inesperados. Se volvió coto de casa, de unas camarillas, de unas roscas, muchas veces familiares que se comportan como mafias políticas. Entonces la descentralización se volvió sinónimo de corrupción, de malos manejos, de politiquería, cayó en manos de unos grupos que utilizan el poder y abusan de él”, reclamó.

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Según Castro, muy a pesar de que impulsaron una descentralización administrativa que les dio funciones y competencias a municipios y departamentos, sumado a una descentralización fiscal para que tuvieran recursos propios, no cambiaron “las reglas de juego político para acceder al poder, para ejercer el poder, para controlar el poder a nivel local y regional, mantuvimos el mismo esquema de antes, y el mismo esquema de antes no es válido”, dijo, abogando por una reforma al sistema.

Reclamaba también que se facilitó la intervención de la política en la justicia cuando “el Consejo de la Judicatura decidió que una de sus salas fuera nombrada por el Congreso. Eso conectó el poder político con el poder judicial, que estaban separados antes del 91, y que era toda una conquista, y hoy los políticos tienen mucha influencia en la postulación de magistrados”. Para el exministro, el Parlamento también terminó por manosear a la carta magna con reformas como la que dio vía libre a la reelección presidencial: “Lo que fue el segundo gobierno de Álvaro Uribe: la politiquería y la corrupción. Los ingleses han dicho sabiamente que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Otra enmienda que atenta contra principios del 91 es la que recortó las partidas que envía el Gobierno Nacional a municipios y departamentos, para salud y educación”, sostuvo.

Incluso, en tiempos del proceso de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las Farc, Jaime Castro se destacó como un férreo opositor y pedía no equiparar lo acordado en Cuba como una constituyente. “Constituyente del 91 fue producto de una política de Estado, no de una política de un gobierno, por eso unió el país, no lo dividió ni polarizó (…) En vez de blindar el Acuerdo Final lo que había y hay que blindar es la Constitución”, reclamaba en su cuenta en Twitter.

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En una columna publicada en el diario El Tiempo, Castro pedía “manos fuera de la Constitución” y alertaba que “antes de que empezaran las conversaciones de La Habana, las Farc advirtieron al Comité Internacional de la Cruz Roja que los acuerdos que celebraran con el Gobierno tendrían el carácter de acuerdos especiales, deberían ‘pasar automáticamente a hacer parte del bloque de constitucionalidad’ y se agregarían ‘a la Constitución como si se tratase de artículos adicionales, con la misma jerarquía y valor’”.

Interrogado sobre si era conveniente o no una nueva constituyente, en 2011 Jaime Castro abogaba por una gran reforma constitucional para atender “asignaturas pendientes”. “Una, la justicia, dos, el régimen departamental y municipal. Los departamentos y sobre todo, los municipios, cayeron en manos de mafias políticas. La descentralización se volvió sinónimo de corrupción, de malos manejos, de politiquería, de clientelismo”.

Inclusive, refiriéndose a un debate que se volvió a avivar por estos días, el exconstituyente alertaba en 2018 que prorrogar los periodos de los mandatarios elegidos popularmente significaba un conejo a la ciudadanía. “Unificar el calendario electoral y prorrogar los periodos sustituye la Constitución, porque desconoce la descentralización y autonomía territorial, que son principios fundamentales de su ordenamiento. Si Congreso lo hace, su decisión es inconstitucional, ha dicho la Corte”, reclamaba.