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Luego de casi cuatro horas de debate, el Senado de la República aprobó el proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, básicamente, contiene las normas de procedimiento para que funcione la justicia transicional. Un elemento fundamental que otorgará seguridad jurídica a las decisiones que adopten los magistrados de la JEP, quienes tendrán a su cargo los procesos para juzgar a los responsables directos o indirectos del conflicto armado en Colombia.
Desde hace varios días, la discusión sobre la reglamentación de la JEP se convirtió en una piedra en el zapato para la implementación del Acuerdo de Paz y para el Gobierno, y su debate en el Congreso se dio en una coyuntura determinante: las elecciones presidenciales y la posterior victoria de Iván Duque en la segunda vuelta, el pasado 17 de junio. Un mandatario electo, que en su campaña política insistió en la promesa de hacerle modificaciones a lo pactado con la hoy desarmada guerrilla de las Farc.
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En ese sentido, la gobernabilidad de Duque en el capitolio fue puesta a prueba mucho antes de su posesión como el nuevo inquilino en la Casa de Nariño, ya que fue él quien asumió la vocería de la oposición de su partido, el Centro Democrático, a la ley de procedimiento. La puja no fue fácil y la terminó ganando la que será la nueva bancada de gobierno, pese a que la subcomisión delegada por la mesa directiva del Senado para destrabar la JEP no accedió a las principales pretensiones del uribismo: limitar la participación en política de los responsables de los crímenes graves, claridad sobre la extradición y crear un proceso especial para miembros de la Fuerza Pública.
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Luego de las negociaciones entre las coaliciones políticas con asiento en la subcomisión, se votó lo acordado por consenso. Es decir, más de 20 proposiciones lideradas por el uribismo pasaron sin mayores contratiempos. A la media hora de iniciado el debate en el Senado, ya se había aprobado el 97 % del articulado. El meollo del asunto vino cuando se discutió la facultad de la JEP ante cualquier solicitud de extradición de un actor del conflicto armado, de practicar pruebas con el fin de determinar la fecha de la comisión del delito y la diferenciación en el tratamiento judicial entre exguerrilleros y los actores de las fuerzas estatales.
Frente al primer punto, la propuesta inicial del Gobierno puntualizaba que el tribunal “podrá decretar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de comisión de la conducta”. Un elemento cuestionado por el senador del uribismo Jaime Amín, quien consideró que con esa fórmula se quería legislar en favor del exguerrillero Jesús Santrich, hoy preso y pedido en extradición por supuestamente intentar enviar a Estados Unidos, al menos, 10 toneladas de cocaína. “Cuando uno personaliza, pierde los argumentos”, replicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y agregó: “no tenemos interés en favorecer a nadie judicialmente”.
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Sin embargo, estos argumentos del Gobierno no fueron tenidos en cuenta y los senadores decidieron despojar a la justicia transicional de esta facultad. Según la senadora Paloma Valencia, con ello, “las solicitudes de extradición no serán injustificadamente dilatadas cuando ya la Corte Suprema de Justicia está capacitada para investigar”. En opinión del senador Roy Barreras, de la U, coordinador ponente del proyecto, haber tomado esa decisión implica inducir a la JEP a un error elemental, como verificar la identidad de la persona que es solicitada en extradición.
Y fue más allá. Advirtió que se pone por encima el interés del gobierno norteamericano en la lucha contra las drogas que la estabilidad de la paz de Colombia. “Extraditar a quienes firmaron la paz envía un mensaje funesto para quienes hicieron la tarea de desvertebrar a una guerrilla como las Farc”, señaló. En contraste, el congresista José Obdulio Gaviria se fue lanza en ristre en su contra: “No distinga entre la paz de Colombia y los cultivos ilícitos, doctor Roy. Ustedes llenaron a Colombia del estiércol maldito del dinero de la coca. Ese es el resultado principal de la política de paz que ustedes propiciaron”, afirmó Gaviria.
De la misma manera, las nuevas mayorías en el Senado votaron añadir un artículo que le da un procedimiento “especial y diferenciado” al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública respecto a los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. El senador Roy Barreras y Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, advirtieron que ya funciona la sala de Amnistías e Indultos con este fin. Por eso, recalcaron, no solo se está poniendo en el limbo jurídico a los uniformados sino también bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Las bancadas a favor de la propuesta uribista afirmaron que, al contrario, se da mayor seguridad jurídica y se protege “su honra y su buen nombre” .
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“En términos del Mundial, hemos logrado ganar el último partido de este campeonato de la paz 2014-2018. Nos metieron un par de goles ilegales en el último minuto, pero el VAR, que es la Corte Constitucional, los va a corregir”, señaló Roy Barreras. Por su parte, el jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, le pidió a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de los nuevos artículos votados.
Alrededor de la aprobación de la reglamentación de la JEP confluyeron varios actores. El presidente Juan Manuel Santos le venía insistiendo al Senado desde hace días sobre la necesidad de agilizar la reglamentación para que la justicia transicional arranque a operar con mayor legitimidad. Lo mismo hizo la Misión de las Naciones Unidas en Colombia que, el pasado martes, instó tanto al Gobierno como al Congreso a remover los “obstáculos” que impiden, a su juicio, que la implementación del Acuerdo de Paz cumpla con los compromisos de la justicia y de los derechos de las víctimas. En ese sentido también se pronunció Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, quien le solicitó al Senado de la República estar a la altura del compromiso histórico con las víctimas y el proceso de paz.
Incluso, la cúpula militar envió este miércoles, muy temprano, una carta a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático —que además tuvo sobre sus hombros la negociación con el Gobierno de aquellos puntos en los que difieren sobre la reglamentación—, en la que le expresó que la ley de procedimiento se necesita con urgencia y que, aunque agradecía la disposición de hacer mejoras, considera que ya existen elementos para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública que acuden a la JEP. En la misiva, se afirmó que la reglamentación es indispensable “para blindar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública en los ámbitos nacional e internacional”.
Lo cierto es que, con la aprobación de los dos puntos de honor en los que no cedió el Centro Democrático, quedó en evidencia que la gobernabilidad del presidente electo, Iván Duque, está lo suficientemente consolidada como para llegar, vía legislativa, a promover más cambios a lo pactado en Cuba. De hecho, ya se vislumbran los primeros. Así quedó en evidencia al término de la votación. La senadora Valencia, quien fue felicitada por el expresidente Uribe, leyó un texto que deja advertir cuál puede ser el siguiente paso: “Los magistrados de la sala especial deberán tener amplio conocimiento de DIH y de los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas. Deberán ser elegidos con un procedimiento trasparente que asegure su imparcialidad”.
El presidente Santos se limitó a reconocer lo positivo que tiene el resto del articulado aprobado que, según dijo, garantizará a las víctimas del conflicto armado el cumplimiento de sus derechos. Eso sí, manifestó tener “serias dudas de constitucionalidad” respecto de las dos modificaciones que introdujo el Centro Democrático, y aclaró que las nuevas reformas, como la limitación de la participación en política de los exguerrilleros que anuncia el uribismo, serán muy difíciles de materializar.
*En la madrugada de este jueves se votará el texto de conciliación sobre la reglamentación de la JEP. En el Senado, quedaron delegados Juan Manuel Corzo (Conservador), Roy Barreras (la U), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Antonio Correa (Opción Ciudadana). En la Cámara, Alejandro Carlos Chacón (liberal), Hernán Penagos (la U), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).