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En la madrugada de este martes, se conoció una carta que le envió el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) al presidente Iván Duque en la que le pide retirar a Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, del gabinete por “haber mentido, agredido al Senado e inducido al Gobierno a violar la ley”.
A las faltas de Trujillo que se refiere el parlamentario de la oposición es haberle dicho a la opinión pública que el Gobierno cumplió con el fallo del Tribunal de Cundinamarca. Este resolvió una tutela que 25 senadores interpusieron alegando que para que militares extranjeros (en este caso norteamericanos) viajaran al país y se quedaran una temporada se requería de una autorización expresa por parte del Congreso.
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En ese sentido, el pasado 2 de julio el Tribunal le dio 48 horas al Gobierno, que no tramitó ningún permiso, a suspender las actividades de la misión de asesoramiento de los militares de EE. UU. y enviarle al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, legada y permanencia de la brigada”.
La semana pasada, el ministro de Defensa aseguró que el entonces presidente del Senado, Lidio García, le envió una carta a la secretaria Jurídica de Presidencia, Clara María González, con la que indicó que había recibido conceptos de 69 congresistas de siete partidos, quienes consideraron que la brigada podía operar. Para Trujillo, este apartado se trató de la “autorización” que el Gobierno debía obtener por parte de la corporación.
Este lunes, Lidio García pidió rectificar la información porque “no se encuentra ajustada a la verdad que el Congreso hubiese ‘autorizado’ la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano” y que la carta remitida a González “no tiene ningún alcance jurídico que comprometa a la corporación porque simplemente se trató de una comunicación de carácter informativo respecto de la gestión de 69 senadores”.
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En ese sentido, el senador Robledo aseguró que el jefe del despacho de Defensa indujo una noticia falsa y que nunca se retractó y verificó la información que circula. Es más, en un comunicado tras el pronunciamiento de Lidio García, Trujillo manifestó que “no hay lugar a ninguna rectificación, toda vez que lo que usted solicita rectificar jamás se ha afirmado”.
Sigue Robledo: “El ministro se niega a rectificar porque él reunió a los medios de comunicación con el objetivo de engañarlos, induciéndolos a creer en la mentira de que unas cartas con unas opiniones de unos senadores sobre las tropas de EE.UU en Colombia eran equivalentes a una decisión formal del Senado”. A este suceso de acciones del jefe del despacho las señaló de una violación al ordenamiento jurídico del país, especialmente porque pone en riesgo la soberanía nacional.
Bajo ese entendido, Robledo demandó que el presidente pidiera su renuncia. De fondo, hay un problema de comunicación con relación a la carta aludida enviada a Clara María González. Para un lado, se trata de uno de los pasos que determinó el Tribunal de Cundinamarca en el fallo, recibiendo el visto bueno de la mayoría de la corporación. En medio está Lidio García quien se defiende al asegurar que se trataba de una misiva informativa y no una autorización. Y por el otro lado está la oposición que dice que esta situación podría generar una acción de prevaricato por reanudar las actividades de los militares.
El Gobierno ha explicado varias veces que la misión militar “obedece al desarrollo de la cooperación de los Estados Unidos con Colombia, no a tránsito de tropas. Por tratarse de actividades de asesoría y entrenamiento, y no de tránsito de tropas, la autorización obedece a las facultades propias del presidente”. Y desde un principio sostuvo que no se debía tramitar ningún permiso por estos motivos. Aunque Presidencia manifestó que acató el fallo del tribunal, apeló la decisión ante el Consejo de Estado.
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El tribunal de lo contencioso administrativo, tras las declaraciones de Trujillo con relación a la supuesta autorización”, envió un comunicado desestimando las declaraciones del ministro. “La orden de suspensión rige hasta tanto el Senado de la República, no el presidente de esa Corporación, menos aún un grupo de congresistas, decida si asume o no su deber funcional, para lo cual debe mediar un acto de la Corporación pública, mediante una sesión de la Plenaria del Senado, en la que el pleno de la Corporación discuta y vote sobre el particular”.
A principios de junio, al país arribaron 53 soldados de la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad de EE. UU. (SFAB por sus siglas en inglés) para asesoras a militares en zonas cocaleras del país.