Juan Camilo Restrepo: encontré un Incoder cooptado por paramilitares

Quien estuvo por más de tres años al frente de la cartera agropecuaria, explica los alcances del primer acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Jua Camilo Restrepo. /Archivo
Jua Camilo Restrepo. /Archivo

El saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, habló con El Espectador sobre el acuerdo agrario logrado entre el Gobierno y las Farc. Sostuvo que el acuerdo es sobre todo un compromiso para profundizar la política de desarrollo agrario que el gobierno Santos venía implementando y que el mundo rural vivirá una transformación muy importante. También, explicó que el compromiso no comprende un número determinado de Zonas de Reserva Campesinas ni de hectáreas destinadas para esta figura. Y descarta que estas figuran reciban el derecho a la consulta previa.

Restrepo también señala que la ola invernal fue la prueba más grande que tuvo que asumir como ministro y que no lo deja de sorprender haber encontrado a un Incoder cooptado por el paramilitarismo y al servicio de intereses personales de personas turbias.

Si se lee con cuidado el acuerdo entre las Farc y el Gobierno se ve que la mayoría de los puntos corresponden a la política agraria de Santos…

Aunque hay temas novedosos, como la creación de la gran jurisdicción agraria nacional, que es diferente a la que existe para efectos de la restitución de tierras, hay que convenir que el resumen de los acuerdos convenidos en La Habana sí parte de lo que se ha venido haciendo durante la actual administración. De manera que no es que estos temas se hayan descubierto en la mesa de diálogos. Pero la novedad es que se adquiere el compromiso de profundizar la política, que donde se estaban invirtiendo 10 pesos, en el posconflicto se invertirán 100, buscando reducir sensiblemente los indicies de pobreza en el mundo rural.

¿En el acuerdo parcial, que no se conoce, existe desarrollo de los puntos plasmados en el comunicado conjunto o es sólo enunciación de temas?

Lo que se divulgó es un resumen de los grandes temas de que trata el texto de los acuerdos. Pero las partes han considerado no divulgar los textos completos de los acuerdos hasta que el todo este negociado. Pero existen más de 20 páginas en donde cada uno de los puntos del comunicado están debidamente desarrollados con compromisos cuantitativos y cronológicos.

En materia de Zonas de Reserva Campesina, ¿qué se estableció?

En el acuerdo no es que se entre a decir que habrá 45 Zonas de Reserva Campesina o que estas se extenderán en 9 millones de hectáreas. Nada de eso se dice. Se hace un reconocimiento genérico de que son un instrumento útil, entre los muchos que existen, para hacer esquemas territoriales de desarrollo rural. Y se dice que así como existen seis Zonas de Reserva Campesina, puede haber más. Pero serán en la línea en que dispone la ley y en ningún caso rodeadas de soberanismos jurídicos.

¿Y se contempla que los campesinos establecidos en estas tengan derecho a la consulta previa?

El doctor Humberto de la Calle dijo que las Zonas de Reserva Campesina no tendrán el estatus especial que hoy contemplan los resguardos indígenas. Los campesinos colombianos no son una minoría sino el núcleo racial y étnico predominante en el campo colombiano.

¿Qué diferencia la política de formalización de la propiedad del Gobierno y lo que se pactó en La Habana?

El acuerdo dado a conocer esta semana se aplicará sólo si el conjunto de puntos de la agenda de diálogos es acordado y ratificado. Si se firma la paz, se deponen las armas y los espíritus. Sólo en ese momento comienza la fase de implementación de los acuerdos. Y uno de los elementos del posconflicto rural es profundizar las cosas que se vienen haciendo, entre ellas la formalización de la propiedad agraria. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para formalizar dos millones de hectáreas y lo que se está pensando es formalizar siete u ocho millones. Esto está acompañado de dos pilares fundamentales en cuanto a la información estadística sobre el territorio colombiano: uno es el censo rural, que hace 41 años no se hace en Colombia, y otro es la actualización del catastro rural, que tiene áreas en las que ni siquiera esta formado y otras en las que tiene un rezago de más del 50%.

Uno de los sectores rurales que está más nervioso con el acuerdo de La Habana es el de terratenientes y uno se pregunta ¿cómo se va a desconcentrar la propiedad?

Cuando se mira la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia se observan dos fenómenos corroborados estadísticamente: primero, ha habido una efectiva concentración de la tierra, que se dio sobre todo en la década de los 80 y 90, cuando se acentuó la compra de tierras por parte de narcotraficantes. El Gini se acentuó negativamente. Pero al mismo tiempo, las cifras muestran algo aparentemente paradójico pero que no lo es: que 80% de las parcelas que se trabajan en Colombia no tienen un área equivalente a media Unidad Agrícola Familiar (UAF). Eso habla de atomización en la tenencia de la tierra. En Colombia conviven dos fenómenos aparentemente contradictorios: alta concentración en la propiedad de la tierra y sofocante minifundización.

¿Cómo va a funcionar el banco de tierras?

En el acuerdo se dice: vamos a crear un gran banco de tierras que el Estado utilizará para hacer poblamientos campesinos, que serán los grandes ganadores de este proceso. Las tierras saldrán de varias fuentes: la recuperación de baldíos, tierras decomisadas a los narcotraficantes –que hoy duermen el sueño de los justos en Estupefacientes-, viejas tierras del fondo agrario, podrán comprarse algunas, aplicarse las figuras jurídicas para la expropiación con indemnización, cuando se justifique, o extinción de dominios. En fin, son muchos riachuelos que conducirán a formar el banco de tierras, que serán entregadas a los campesinos que carecen de ella. A los que tienen, se les está formalizando o restituyendo, se les acompañará con asistencia técnica, riego y drenaje, vivienda rural, etc. Y valga recordar que todo esto se hará de conformidad con la ley y la Constitución. A nadie se le va a atropellar su derecho a la propiedad. Quienes tenga tierras bien habidas y debidamente explotadas no tiene que temer de este programa agrario.

¿Es todo eso posible de cumplir? Porque es un proyecto ambicioso

Sí, pero el Estado colombiano se ha empezado a preparar para que fiscalmente haya los medios para hacerlo. Hay que mejorar la institucionalidad para hacer ese gran desarrollo rural y hacer los cambios legales que requiere. Pero si de los acuerdos llegasen a salir propuestas de cambios legislativos y los acuerdos mismos, habrá un proceso de refrendación popular. No creemos que deba ser una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Usted, como especialista en temáticas agrarias, cree que debe haber una restricción al latifundio o a la ganadería para poder cumplir con lo anunciado?

Los mecanismos que están en ciernes, la actualización del catastro por ejemplo, conduce a que las normas tributarias empiecen a ser eficaces, concretamente el impuesto predial. De forma que el mercado de tierras y el uso de las mismas empieza a ser determinado por un factor fiscal que no va a justificar tierras ociosas, ni tenencia para fines especulativos. En ese mismo momento se empieza a generar un círculo virtuoso en el que el latifundio improductivo se lo van a comer los impuestos y el minifundio se va a estimular mediante formas colectivas que lo hagan más viable. De manera que el juego de ‘garrote y zanahoria’, las unas con impuestos severos que desestimulen tierras ociosas, y los otros con estímulo a la agricultura productiva, con énfasis en los pequeños, conducirán a un país con menos ganadería extensiva y con más agricultura.

¿Y la famosa extranjerización de la tierra?

Esto no está en el acuerdo y las Farc han declarado que si está bien controlada, no son enemigos de la inversión extranjera. Nuestra posición está plasmada en el proyecto de ley en el que decimos que si la inversión extranjera es sana, si se sabe quién llega a invertir, si hay registros y controles, y quien llegue a comprar tierras no venga a especular sino generar empleo, no riñe con el programa de desarrollo rural sino que es un factor de incorporación de tecnologías. No nos gusta lo que se ha dado en algunos países africanos, en donde inversionistas han comprado porciones desmedidas de territorio para tener reservas rurales para la geopolítica y enfrentar la famosa crisis alimentaria. Pero una inversión debidamente controlada no vemos por qué deba prohibirse.

¿Cuánto será el costo de un programa como el que se está planeando?

Piense en lo que llaman el dividendo de la paz. Si Colombia invierte cinco, seis u ocho billones anuales menos en guerra y se los pone al desarrollo rural, ahí habrá un impulso importante.

Una apreciación que no debe alegrar a muchos militares…

Pero eso es el dividendo de la paz, porque el gasto militar es grande por la guerra, pero si la eliminamos nos quedan unos márgenes muy importantes para esto. Ahora, el posconflicto no es un asunto sólo de plata –que requerirá mucha- sino de instituciones. Vamos a necesitar unas instituciones de desarrollo rural mucho más fuertes.

Pasemos a hacer un balance de su gestión, ¿por qué irse del Gobierno a sólo un año de terminar el período?

Yo había hablado con el presidente hace dos meses –cuando le presenté mi renuncia- que ya había cumplido mi ciclo. Mis objetivos están cumplidos: pusimos en marcha las instituciones de la Ley de Restitución de Tierras y es un hecho irreversible; y a pesar de las dificultades que ha tenido la agricultura, hemos tenido un crecimiento importante: 2.4% en el 2011, y 2.6% en el 2012. Es decir, el sector creció en dos años sensiblemente más de lo que creció en la segunda mitad del gobierno Uribe. Todavía no vamos a la velocidad de crucero de la minería o los hidrocarburos, pero la locomotora ya se está moviendo. La encontramos en un taller de reparación suspendido y ya está andando. El presidente me pidió que me quedara hasta que concluyera el primer punto de La Habana y ya se cumplió. Y quedo muy satisfecho. Mi ciclo está cerrado y le he dicho al presidente que quedo a su disposición para colaborar en algo concerniente al posconflicto rural, que es la fase que comienza cuando se firme la paz.

¿Cómo encontró al ministerio y como lo deja?

Yo quiero mirar hacia adelante más que hacia atrás. Lo que encontré en el Ministerio lo sabe la opinión pública. Lo único que quiero resaltar de mi gestión es que le dimos valor al apellido de este Ministerio: el desarrollo rural. Porque encontré un Ministerio que parecía que se avergonzara de su apellido.

¿Qué fue lo más difícil en estos tres años?

Hubo momentos muy difíciles. La ola invernal porque no había en los anales de Colombia un caso como este. Un millón de hectáreas bajo el agua, 300 mil hectáreas de la ladera inundadas, más de un millón de cabezas de ganado que hubo que mover para que no se murieran de hambre, problemas fitosanitarios por todas partes, destrucción de las vías terciarias del país y un impacto muy grande en los pequeños campesinos. Ese fue el momento más difícil para mí.

Desde un comienzo usted advirtió que en su gestión levantaría muchas llagas y ha hecho infinidad de denuncias sobre lo que venía sucediendo con la institucionalidad agrícola, ¿qué fue lo peor que encontró en el Ministerio?

En un ministerio como este no se llega para ser monedita de oro y que todo el mundo lo aplauda. Y aquí se pisaron callos y se tocaron intereses creados a veces sin confesarlo. Pero lo que más me ha impresionado de lo que encontré fue el grado de corrupción y de cooptación por intereses turbios, especialmente de paramilitares, de que llegó a ser objeto el Incoder. Porque mal que bien es el instituto que tiene el Estado colombiano para manejar la reforma agraria y el desarrollo rural.

¿Qué encontró exactamente?

Por ejemplo, expedientes culposamente ignorados y olvidados. También estamos revisando cerca de 2.000 expedientes de adjudicaciones espurias, de viejos tiempos del Incoder en que se entregaron tierras baldías a gente opulenta o se les adjudicó mucho más de una Unidad Agrícola Familiar, cuando ese es el límite, o que se entregaron a gente que o estaba viviendo como colonos sino en lujosas casas en Medellín. La semana pasada pusimos las denuncias penales para recuperar 44.000 hectáreas. Y también ha sido difícil pero gratificante poner en marcha la institucionalidad de la Ley de Tierras. Hubo cortejos para politizar la institucionalidad pero no lo permití. No podía yo correr el riesgo de que se me convirtiera en una nueva Estupefacientes.

¿Y con qué siente que quedó en deuda?

Pues hay mucho que se hubiera podido hacer con una institucionalidad más fuerte. Por ejemplo, el tema de riego y drenaje. Me deja un poco triste que un esfuerzo tan grande, como lo fue la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural, en la que trabajó un equipo de los mejores expertos en desarrollo rural, y que está lista hace un año, no la hubiéramos podido llevar al Congreso por los trámites laberínticos, costosos y endemoniadamente complejos de las consultas con indígenas y afro descendientes, que andan a paso de tortuga y no me permitieron llevar la ley al Congreso. Espero que mi sucesor lo pueda hacer.

¿A qué se va a dedicar?

Por el momento a descansar un poco. Volveré a mis temas, la docencia, escribir y pensar en la familia que la tengo un poco olvidada por los trajines de este Ministerio. Una familia que ahora está creciendo con dos adorables nietos.

¿Y cuándo se va?

Creo que en ocho o diez días debo estar entregando el puesto.

¿Y tiene planes políticos? Porque por ahí lo han nombrado para candidato presidencial o al Congreso…

Pues si me pregunta por aspirar a algún cargo de elección popular no.