La justicia envuelta en política

La designación de Edgardo Maya como candidato del alto tribunal para ocupar la Contraloría develó las presiones políticas que rodean las funciones electorales de las cortes.

El exprocurador general, Edgardo Maya Villazón.

La elección del exprocurador Edgardo Maya como candidato de la Corte Constitucional para suceder a Sandra Morelli en la Contraloría generó una controversia que excedió el ámbito judicial. Las acusaciones cruzadas entre magistrados por supuestas faltas a los deberes constitucionales del alto tribunal desencadenaron una polémica sobre las presiones políticas a las que son sometidos los magistrados cuando se trata de ejercer funciones electorales. Al parecer, más allá de las discusiones sobre las calidades académicas de los posibles ternados, lo que ocurrió en la deliberación que condujo a la designación de Maya fue un fuerte pulso entre fuerzas políticas por hacerse al organismo de control.

El pasado miércoles, los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio protestaron públicamente por los procedimientos que precedieron la designación de Maya. A su juicio, “se desconoció no sólo el reglamento de la corporación, sino también los principios constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad, participación y debido proceso” al ampliar la convocatoria de candidatos para incluir a tres preseleccionados que ya habían sido rechazados en una primera votación: los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla y Camilo Tarquino, y el exprocurador Maya.

Ayer, en diálogo con Blu Radio, el presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, dijo que las acusaciones no tenían ningún asidero, pues, según él, “se agotaron todos los procedimientos” que exige el reglamento de la elección de candidato. Además, al ser cuestionado sobre las supuestas presiones de la Unidad Nacional, del mismo Gobierno y de sectores cercanos al expresidente Ernesto Samper a favor de Maya, Vargas sostuvo que “la Corte ha demostrado hasta la saciedad su absoluta independencia, tanto del Gobierno como de los directorios políticos”.

Sin embargo, Vargas no desconoció haber participado, en el mes de mayo, en una cena en la casa del fiscal Eduardo Montealegre, en la que varias personas cercanas al liberalismo habrían impulsado el nombre de Maya como ternado por la Corte frente a varios magistrados. Al respecto, el expresidente Samper sostuvo que “no tengo grupo político, ni mucho menos con ese nivel de influencia. Yo ya estoy en el retiro. Claro que tengo simpatía personal por el doctor Maya y respeto lo que él hizo en la Procuraduría. Si Maya resulta elegido no es un beneficio para la Unidad Nacional, es una prenda de garantía para el país”.

Fuentes del uribismo también cobraron, y recordaron que hace tres meses, a mediados de marzo, el expresidente Álvaro Uribe sostuvo a través de las redes sociales que el presidente Santos y Germán Vargas Lleras, hoy elegido vicepresidente, estaban detrás de la candidatura de Edgardo Maya como ternado para la Contraloría. “El presidente Santos llama a las altas cortes a proponer candidato para contralor y Vargas Lleras adelanta una cena con el mismo propósito. Eso es presión delictual”, indicó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Así como el expresidente Samper desmintió las presiones, el Gobierno Nacional también terció en la polémica entre magistrados. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo: “Cuánta razón hemos tenido en plantear la necesidad de despojar a las cortes de las funciones electorales que las distraen de la función básica de fallar expedientes. La decisión política de presentar el proyecto de reforma es del Gobierno y se está trabajando en eso. Tenemos claro que un tema inamovible es que a las cortes se les va a quitar esa pesada carga de estar nombrando gente”.

Este diario conoció que la designación de Maya causó revuelo en la Unidad Nacional. Mientras los liberales y Cambio Radical se muestran ajenos a la polémica de las supuestas presiones, e incluso se dice en los mentideros políticos, estarían dispuestos a elegir a Maya como contralor; en el Partido de la U habría una división sobre la conveniencia de aceptar a una persona tan cercana al liberalismo y que, en el pasado, como procurador, no fue un aliado de esa colectividad.