La justicia transicional

En años recientes, las discusiones sobre el contenido, alcance y confección de un modelo de justicia transicional para Colombia han cobrado especial importancia.

Se promulgó la Ley de Orden Público y el Régimen de Protección, Asistencia y Atención para la Población Desplazada, que sumadas a las dificultades y bondades del proceso de desmovilización de las antiguas autodefensas, la adopción de un régimen de indemnizaciones administrativas, la reciente aprobación de la Ley 1424 de 2010 y la discusión en el Congreso —por segunda vez— de un proyecto de ley de reparación a víctimas, nutren cada día el debate sobre el modelo de transición hacia la reconciliación nacional.


Todo proceso de transición no se concentra únicamente en la adopción de normas e instrumentos de carácter jurídico. Por el contrario, la aplicación de un modelo de justicia transicional implica toda una transformación social que involucra una reunión de esfuerzos por parte del conglomerado social, el Estado y la comunidad internacional. Se requiere, por ello, que la sociedad civil asuma al unísono y con convicción la necesidad de adoptar mecanismos que conduzcan a la reconciliación nacional y, eventualmente, a una paz duradera y estable.


Lo paradójico es, tal vez, que algunos sectores pretendan calificar estos esfuerzos como parte de las herramientas de justicia transicional, por el simple hecho de que sean mecanismos con carácter transitorio. Si bien es cierto que los mecanismos de transición no tienen la vocación de permanencia en el tiempo, también lo es el hecho de que un proceso de justicia transicional construido, parafraseando a Desmond Tutu, sobre brechas de desigualdad social, es como sentarse en barriles de pólvora que pueden en cualquier momento estallar en el resurgimiento del conflicto.


En otras palabras, la justicia transicional no se extingue una vez la transición se complete mediante la desmovilización de los alzados en armas (para el caso colombiano), pues su éxito dependerá, en gran medida, de la activación de mecanismos adicionales que se implementen para lograr reducir las brechas de desigualdad social. Esto es particularmente cierto en países en donde, como en Colombia, las diferencias sociales y económicas fueron las causas que iniciaron la confrontación armada. Si bien hoy esas causas ideológicas han desaparecido de los estandartes de los grupos armados ilegales, permiten, sin lugar a dudas, que dichos grupos sigan nutriendo sus filas y aumenta un resentimiento que puede desembocar en el recrudecimiento del conflicto armado.


Un primer paso para reducir estas brechas sociales es la reparación a los más vulnerables: las víctimas de la confrontación armada. Reparación que debe ser entendida como el otorgamiento no sólo de una indemnización económica o la importantísima y vital restitución de tierras, sino también como la materialización de medidas de rehabilitación física y psicológica, de satisfacción y reparación simbólica y de las garantías de no repetición.


Algunos sectores sostienen que es imposible pensar en un proceso de transición hacia la paz cuando todavía existen grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, cuando cerca del 10% de la población colombiana ha sido victimizada y cuando su estado de vulnerabilidad proviene precisamente del conflicto, los esfuerzos estatales por repararlas deben iniciarse antes de que la confrontación llegue a su fin.


*Director de Justicia Transicional, Ministerio del Interior.


 

Temas relacionados