“El acoso sexual en el espacio público no es un asunto menor”: Katherine Miranda

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La representante de la Alianza Verde lidera el proyecto que busca tipificar el manoseo, tocamiento, exhibicionismo, seguimientos y grabaciones no consentidas como delito en el Código Penal. Por ahora, la iniciativa determina una pena entre dos y cuatro años de cárcel.

La escena es grotesca, incómoda y humillante, pero no es la única escena que solo una mujer haya vivido y denunciado. El caso ocurrió en agosto pasado y la denuncia la hizo pública una mujer en Medellín que tuvo que presenciar cómo el taxista que la movilizaba se masturbaba y le hacía preguntas y propuestas indecentes. Este no fue un hecho aislado porque hay una construcción estructural en clave patriarcal que les hace creer a los hombres que disponen del cuerpo de las mujeres, sustrayéndoles su autonomía y dignidad. Aunque la víctima mencionada interpuso la denuncia ante las autoridades, lo que sigue es un debate sobre los delitos a imputar, debido a que el comportamiento del taxista, en letra, no está especificado en el Código Penal.

De acuerdo con el caso, el aparato judicial entra a revisar si fue un acto sexual violento, acto sexual abusivo, hostigamiento o injuria de hecho, y, en muchas ocasiones, la discusión sobre qué marco debe de dictársele medida al victimario reduce la gravedad del delito en sí y la estructura detrás que sigue permitiendo que hechos como el narrado ocurran. O, en el peor escenario, al no llegar a un acuerdo, se puede caer en un realidad de impunidad que revictimiza a las mujeres que se atreven a denunciar.

Pensando en las mujeres y en la necesidad que entre todos los actores del país (Legislativo, Judicial, Ejecutivo y sociedad civil) creen entornos seguros y no discriminantes a las mujeres, la representante Katherine Miranda radicó un nuevo intento parlamentario por tipificar el acoso sexual callejero como delito penalizable, para que las víctimas tengan una herramienta y las autoridades judiciales un escenario para imponer justicia. El Espectador habló con ella para conocer en detalle la propuesta.

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¿Por qué tipificar como delito el acoso sexual callejero?

El problema del acoso sexual en el espacio público no es una cuestión aislada de seguridad. Tiene su origen en el sistema estructural de la discriminación de género y la violencia contra las mujeres. Por eso ONU Mujeres ha estado interesada en este tema y apoya a nuestro proyecto de ley. Adicionalmente, hay un problema jurídico, llamémoslo un vacío, en nuestra legislación penal. Cuando se presentan comportamientos como manosear o tocar en el transporte público no existe un tipo penal específico que permita sancionar y castigar este tipo de conductas. Se presentan muchísimos problemas de imputaciones, precisamente por los límites que hay entre los delitos de injuria de hecho, acto sexual violento, acto sexual abusivo y hostigamiento. Esto redunda muchísimo en una revictimización y, en el peor y la mayoría de los casos, una impunidad total.

¿Cuáles son los alcances de esta ley?

Si se aprueba la ley haríamos un reconocimiento del problema del acoso sexual callejero, saber que existe y se está trabajando en el tema. Y también les daríamos a las mujeres ciudades más seguras donde ellas puedan transitar sin que se sientan vulneradas. Y lo obvio es que los operadores judiciales tendrían un tipo penal absolutamente específico para poder castigar la comisión de estos hechos y sin problemas de tipo de jurídico.

El proyecto obliga al Gobierno a hacer campañas con relación al acoso callejero, ¿es suficiente para socavar la mentalidad machista que naturalizó los piropos y les generó a las mujeres temor de salir vestidas como quieran?

Este proyecto contempla hacer unas campañas muy fuertes con relación al acoso callejero, lastimosamente en Colombia parece ser aceptado este tipo de actuaciones precisamente porque no está tipificado como delito en el Código Penal y no pasa de ser una injuria de hecho. Considero que este proyecto de ley contribuiría a disminuir el problema y también en su reconocimiento, que se acepte y se hable del tema, que se hable del acoso sexual callejero que sufrimos las mujeres en los espacios públicos.

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¿El proyecto, además de castigar entre 2 y 4 años de cárcel, busca imponer otro tipo de sanciones (servicio social o multas)?

El articulado no contempla una pena adicional a la privativa, sin embargo, estamos abiertos para que tanto en las ponencias y en los debates mejore y realmente se puedan contemplar otro tipo de penas, incluso cambiar la pena propuesta inicialmente y que lo determine un juez de acuerdo con la gravedad del delito.

¿A nivel regional, qué países ya han tipificado este delito y esto cómo se ha visto traducido en la seguridad de las mujeres en el espacio público?

Efectivamente a nivel regional algunos países ya lo han hecho, como Perú, Argentina, Panamá, Paraguay. La tendencia regional es que, con una herramienta para denunciar, las denuncias han aumentado considerablemente, lo que redunda en más garantías para el acceso a la justicia de las víctimas.

¿Cómo es la situación de acoso callejero en Colombia?

Las cifras de acoso callejero en Colombia que se han realizado para el programa de Naciones Unidas son dramáticas. En principio, muestran que las principales víctimas de acoso en el espacio público, tanto en la calle como en el transporte, son las mujeres jóvenes. En un informe de 2014, en Bogotá, seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de agresión sexual en espacio público. Las mujeres encuestadas reconocen algunos comportamientos de acoso sexual como delitos, aunque aún no lo son. Por ejemplo, el 78% de las encuestadas estuvo de acuerdo con que el exhibicionismo es un delito; el 86% lo manifestó con manoseos, tocamientos y roces; el 84% coincidió con los seguimientos; el 80% con intimidación; el 92% con fotografías o grabaciones del cuerpo no consentidas y con connotación sexual. Así mismo, el 84% de las mujeres manifestó sentirse insegura montando Transmilenio. Esto hace muchísimo más ahínco en la necesidad de sacar adelante este proyecto de ley.

En Medellín, en otro estudio, se encontró que el 91% de las mujeres no se gasta el tiempo para denunciar porque saben que quedará en la impunidad. A nivel macro y nacional falta que el Congreso cree el marco normativo para que las iniciativas desde las ciudades y municipios tengan dientes, para que los jueces tengan una base para dictar medidas, para que las mujeres tengan herramientas de denuncias, para lograr una transformación cultural importante e impedir que se sigan normalizando estos comportamientos.

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¿En el Congreso ya ha habido intentos de legislar en la materia?

En las legislaturas pasadas se radicaron iniciativas en las que se ha buscado tipificar como delito este tipo de conductas, en especial cuando ocurren en el transporte público. Por ejemplo, en el 2014 hubo un proyecto de ley que tenía como objeto adicionar en el Código Penal el delito de acoso sexual en el transporte público. También, el año pasado, la Fiscalía General de la Nación fue autora de un proyecto que buscaba castigar los tocamientos y el exhibicionismo libidinoso con penas de hasta seis años. Esperamos que este proyecto salga adelanta, ya que cuenta con el apoyo de casi la totalidad de las representantes a la Cámara.

¿Ha pensado los efectos que el proyecto le podría traer al sistema penitenciario?

Frente a la congestión carcelaria reconozco el pésimo estado de las cárceles, pero creo que el acoso sexual en el espacio público no es un asunto menor y requiere toda la atención del Estado para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. La intención no es que la medida penal no sea suficientemente disuasoria para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, claro, esto acompañado de una pedagogía y de una concientización sobre el problema por parte del Gobierno y de los entes territoriales. No podemos desistir de esta propuesta porque veamos las cárceles en hacinamiento. Este es un asunto grave y que de verdad vulnera los derechos de las mujeres.

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