La agenda de las mujeres en el Congreso

Una de las iniciativas busca garantizar a las mujeres rurales el acceso a la tierra y a proyectos productivos. / EFE

Con el ánimo de ir más allá del control político y la promoción de proyectos de ley, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer comenzó a hacer un trabajo de exploración, con ayuda de ONU Mujeres, para identificar cuáles son las iniciativas legislativas en trámite dentro del Congreso que están relacionadas con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, para hacerle un seguimiento al avance de sus trámites y analizar su enfoque.

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Son 59 proyectos referenciados con corte a 19 de diciembre de 2019 y están divididos en ejes temáticos: no violencia, participación política, economía del cuidado, mujeres rurales, planeación con enfoque de género, derechos laborales y derechos sexuales y reproductivos. Lo preocupante es que 36 de ellos están pendientes del primer debate y, en caso de no llevarse a cabo antes del 20 de junio, se hundirían. Solo uno está a la espera de salir del Legislativo y convertirse en ley. Estas son las iniciativas más importantes.

Sanciones a la violencia política contra la mujer

Fue presentado por el senador Juan Luis Castro, de la Alianza Verde. Aún está pendiente su primer debate en la Comisión Primera de Senado. Busca prevenir, vigilar y castigar cualquier hecho de violencia política contra las mujeres para garantizar su participación como candidatas y miembros de los partidos políticos.

La iniciativa define la violencia política como “cualquier acción, conducta u omisión de violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica basada en el género”. Asimismo, aboga por la creación de una estrategia nacional contra la violencia política contra las mujeres y un comité integrado por los ministerios del Interior y Justicia, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Policía y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entre otras entidades. Se incluye, por ejemplo, el seguimiento y la medición a casos de violencia política.

Eliminación de libertad condicional y beneficios por delitos sexuales

Presentado por la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, en julio de 2019. Pendiente de primer debate en Comisión Primera de Senado. Como bien dicta su nombre, busca eliminar cualquier beneficio, entiéndase rebajas, libertad condicional y casa por cárcel, entre otros, a las personas que hayan cometido algún delito sexual, tanto contra una mujer o menor edad, principales víctimas de este crimen.

Tipificar la violencia sexual cibernética

Fue presentado por el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, en agosto de 2019. También está pendiente su primer debate en Comisión Primera de Senado. Al igual que la iniciativa anterior, está pensado para mujeres y menores de edad, siendo estos la población más vulnerable a ser víctimas de este comportamiento. Los castigos serán de cinco a ocho años de prisión y multas de diez a quince salarios mínimos mensuales en caso de que se compartan contenidos sexuales, eróticos, audios e imágenes de la intimidad de una persona, con o sin la autorización de esta.

Financiación de procesos políticos para mujeres

Fue presentado por las congresistas Ana María Castañeda (Cambio Radical) y Adriana Magali Matiz (Partido Conservador) y está pendiente de segundo debate en plenaria de la Cámara. Este proyecto aterriza mejor lo dispuesto en la Ley de Cuotas sobre el deber de los partidos de invertir recursos de la financiación estatal a mujeres, jóvenes y grupos étnicos. Sin embargo, esto no se cumple y el dinero termina destinándose, por ejemplo, a la celebración del Día de la Mujer. Esta propuesta pide aumentar la inversión, de un 5 a un 10 %, para las mujeres en capacitaciones en participación política y formación.

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Medidas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciara

Fue presentado por los senadores Rodrigo Lara y Temístocles Ortega, de Cambio Radical, y Paloma Valencia, del Centro Democrático. Está pendiente su primer debate en la Comisión Primera de Senado. Lo que busca es que para mujeres cabeza de familia condenadas por hurto, tráfico de estupefacientes o delitos relacionados, las penas sean iguales o inferiores a seis años en caso de que se demuestre que la comisión de estos está asociada a las condiciones de marginalidad y que impidan a la madre mantener su hogar. También se podría sustituir la pena por servicios de utilidad pública.

Licencia de maternidad para edilesas y diputadas

Fue presentado en agosto de 2019 por la senadora Emma Claudia Castellanos y la representante Ángela Sánchez, ambas de Cambio Radical. Está pendiente de la discusión del primer debate en la Comisión Primera de Senado. Al igual que la lucha que hubo en el Congreso por el pago de la licencia de maternidad para senadoras y representantes, este proyecto busca que se paguen los honorarios correspondientes a las sesiones realizadas en ausencia de edilesas y diputadas por ese mismo motivo.

Proyecto de licencia compartida

Fue presentado en agosto por los congresistas Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, Gabriel Santos, del Centro Democrático, y Ana María Castañeda y José Daniel López, de Cambio Radical. Está pendiente su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. El proyecto busca crear dos alternativas adicionales a las licencias parentales. En otras palabras, los padres podrán sumar y redistribuir los períodos de las licencias de maternidad y paternidad, además de contar con licencias flexibles de tiempo parcial con la que podrán teletrabajar o cumplir media jornada laboral.

Flexibilización horaria

Fue presentado en julio de 2019 por el representante Julián Peinado, del Partido Liberal. Sigue pendiente por darse el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Busca, como bien se lee, flexibilizar el horario laboral, tanto de mujeres y hombres, que sean cabeza de hogar y tengan un trabajo de jornada continua en el sector público o privado.

Promoción de las mujeres rurales

Fue presentado en julio de 2019 por los congresistas Iván Cepeda y Alexánder López, del Polo Democrático; Aída Avella, de la Unión Patriótica, y María José Pizarro, de los Decentes. Busca ayudarles a las mujeres rurales en el acceso a las tierras, las cuales deberán de contar con proyectos productivos. También se pretende que el Gobierno les reconozca todo trabajo relacionado con la economía del cuidado a las mujeres del campo. Igualmente, apela por un financiamiento especial para ellas y un apoyo para que generen ingresos, además de la garantía de su participación en espacios de órganos de decisión.