"La aplicación de los acuerdos con la FARC será más larga": Emilio Archila

Desde España, el alto consejero para el Posconflicto advirtió que la aplicación del acuerdo de reincorporación de los excombatientes a la vida civil podría requerir siete u ocho años, frente a los dos y medio estipulados al principio. Y enfatizó que el gobierno Duque está comprometido con la aplicación de los acuerdos de paz.

Emilio Archila, alto consejero presidencial para el Posconflicto.Archivo El Espectador

La implementación de los acuerdos de paz con la hoy desmovilizada guerrilla de la FARC será más larga de lo previsto, advirtió el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, en entrevista con la Agencia EFE en Madrid, España. Sin embargo, el funcionario recalcó el compromiso del gobierno de Iván Duque con el cumplimiento de lo pactado.

“El presidente está absolutamente comprometido con la aplicación exitosa de los acuerdos”, insistió Archila, quien, ante los problemas de violencia política que sigue afrontando el país, subrayó el esfuerzo de las autoridades con mejorar la protección a los desmovilizados y a los líderes populares, varios cientos de los cuales han sido asesinados en el último año, negando además que el Gobierno haya actuado con lentitud.

De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este viernes en Ginebra del fuerte aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia, ya que se han registrado 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de este año. Esas cifras llegan después de que, en 2018, la violencia política causó 648 asesinatos en el país, según un informe divulgado recientemente por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep.

Archila, quien adelanta una gira por Europa, culpó de gran parte de esa violencia a “grupos armados que operan en las zonas donde antes actuaban las FARC”, en general relacionados con los programas voluntarios de sustitución de cultivos de coca. Y recordó también que el presidente Duque anunció, el pasado martes, la creación de un cuerpo especial de magistrados para investigar y perseguir a los responsables de amenazas y crímenes contra los líderes sociales.

Aun así, precisó que según las cifras oficiales “no ha habido aumento de los ataques contra líderes sociales”, aunque “eso no le resta trascendencia al tema”, y garantizó “la preocupación del Gobierno por proteger" a ese colectivo. “La mejora de la seguridad es muy prioritario para nosotros y se han creado plantes de protección muy robustos”, señaló. De paso, recordó lo sucedido a finales de los años 80, cuando miles de líderes y miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados: “No vamos a permitir que eso suceda nuevamente”.

Sin embargo, aclaró Archila, de lo excombatientes de las Farc muertos de forma violenta desde la firma de los acuerdos de paz, unos 120 según informaciones de prensa, en “solo tres casos” se ha establecido una motivación política, con los acusados ya identificados o detenidos.

El alto consejero para el Posconflicto recalcó igualmente que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre las que la Corte Constitucional deberá tomar una decisión, no supone “de ninguna manera” un intento gubernamental de modificar los acuerdos de paz por la puerta de atrás. “Ninguna de las garantías fundamentales para los excombatientes está en esos seis artículos objetados”, enfatizó.

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Archila reconoció que la aplicación de parte de los acuerdos requerirá más tiempo del previsto inicialmente. Por ejemplo, dijo, la aplicación del acuerdo de reincorporación de los excombatientes a la vida civil podría requerir siete u ocho años, según experiencias de otros procesos internacionales, frente a los dos y medio estipulados al principio.

Pero más tiempo aún tardarán los planes a largo plazo para crear infraestructuras en las zonas rurales más abandonadas, como agua, alcantarillado o comunicaciones, que pueden extenderse por diez o quince años. Según los datos entregados por el funcionario, todo el proceso tiene un presupuesto de unos $120 billones (cerca de US $37.000 millones), en el que es fundamental el vital apoyo internacional, especialmente el de la Unión Europea, impulsado en buena parte por España.

Finalmente, Archila se refirió a la situación con respecto a Venezuela, calificando a Nicolás Maduro como un “usurpador” y advirtiendo que en la frontera común conviven “todos los males posibles”, como narcotráfico, la presencia del ELN, el comercio ilegal de oro o el contrabando de gasolina. “Si Maduro sigue ahí, mi trabajo es mucho más difícil”, concluyó.