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La súbita decisión del Canal RCN de cancelar el lanzamiento del nuevo programa de Pirry despertó curiosidad. Se rumoraba que la decisión se debió a que en la primera emisión se iban a hacer fuertes denuncias contra un importante político. Ayer, durante una entrevista en W Radio, la periodista Diana Salinas, que trabajó con Pirry en la investigación para ese primer programa, acabó con las conjeturas. La información involucra al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y tiene que ver con la compra de un predio rural en Risaralda. (Vea las diferentes versiones alrededor de la polémica por la cancelación del programa de Pirry)
La primera revelación de la periodista Salinas tiene que ver con presuntas irregularidades en las que estaría involucrado el senador Mauricio Lizcano en relación con la concesión de un permiso ambiental –fechado el 30 de junio de 2016– para el funcionamiento de una estación de gasolina en un predio de 51 hectáreas conocido como Guamerú, en jurisdicción del municipio de Quinchía (Risaralda). El permiso fue otorgado al senador Lizcano y a su padre, el exrepresentante a la Cámara Óscar Tulio Lizcano.
El predio fue adquirido en 2012, junto con otros dos lotes ubicados en la vereda El Callao, y suman 56 hectáreas con 13 mil metros cuadrados. Las tres matrículas inmobiliarias de Guamerú, sin embargo, tienen anotaciones que señalan que desde 2014 son terrenos reclamados por familiares de Blanca Ofelia Correa, quien había adquirido el predio en 1995 mediante una hipoteca, a través de la empresa M H Pineda. Tanto Blanca Ofelia como su compañero sentimental, Juan Fernando Acosta, desaparecieron el 3 de noviembre de 1996 en raras circunstancias.
En 2001 el terreno quedó en manos de la empresa M H Pineda y finalmente fue rematado. Entonces los compradores fueron los Lizcano, quienes un año después de adquirirlo comenzaron a tramitar las licencias y permisos para construir en este una estación de gasolina. Para esto recurrieron al Invías, luego a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y hasta a la Corporación Autónoma de Risaralda (Carder), que finalmente otorgó la licencia ambiental.
Los reparos sobre el asunto son varios. Primero, al senador Mauricio Lizcano se le señala de haber comprado un terreno en proceso de restitución y cuyos dueños habían sido desaparecidos. Con el agravante de que para la época de la adquisición del predio, él ya era congresista . A eso se suma el hecho de que mientras ocupaba su curul tramitó permisos y licencias para la construcción de la referida estación de gasolina.
Sin embargo, para el senador Mauricio Lizcano lo que ha habido en este caso son versiones erradas. Empezando por el presunto conocimiento que tenía su mamá sobre la situación del terreno. “Nosotros somos compradores de buena fe. Cuando ya estábamos muy avanzados, dos años después de haber comprado, nos demandaron ante la Unidad de Víctimas pidiendo la restitución del predio. Ahí supimos del problema. Nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de los dueños. Qué íbamos a saber nosotros que 30 años antes en esa finca, que ha pasado no sé por cuántos propietarios, habían desaparecido dos personas. Mi mamá dijo que sí sabía, pero se enteró fue por la demanda que nos pusieron”, aseguró Lizcano en diálogo con W Radio.
El presidente del Congreso fue enfático en insistir que los trámites para pedir las licencias y autorizaciones pertinentes nunca fueron realizados por la familia, pues se contrató a un experto para el asunto. “Mi papá, que es quien ha estado al frente de ese proceso, delegó en un señor, experto en bombas, que se llama Nicolás Cardona. A él se le entregó todo. Nosotros no hemos hecho trámites. Le puedo asegurar al país y pongo mi credencial como garantía. Llamen al director del Invías, al de la ANI, al Ministerio de Minas, y pregunten si en algún momento he visitado a cualquier funcionario en Colombia a pedir que haga una gestión para esa bomba de gasolina”, recalcó Lizcano.
En contraste, para la periodista Salinas existen suficientes elementos para que las autoridades determinen si Mauricio Lizcano incurrió en faltas disciplinarias o penales. “Lo que me despertó sospechas fue ver la relación que Lizcano tenía con varios lobistas en el Congreso. Y aunque no tiene nada de malo, me llamó la atención. Entonces empecé a preguntarme quién era el presidente del Congreso, y es así como llego a este tema. Comencé encontrando las licencias ambientales, los permisos. Y esos documentos me llevaron a construir todo el mapa”, expresó.
Sin embargo, la investigación de la periodista Diana Salinas no se quedó en el tema de la estación de gasolina y el debate sobre el predio en etapa de restitución. Ella asegura tener documentación que apunta hacia un posible enriquecimiento ilícito en el caso del exsenador Óscar Tulio Lizcano y que además sabe de una serie de contratos de los padres del senador con administraciones locales de la región donde se ubican sus intereses políticos y económicos. En definitiva, lo que estaba detrás de la suspensión del programa de Pirry sí era una auténtica bomba periodística, que ahora le estalló en las manos al presidente del Congreso.