30 años de la Constitución de 1991: la búsqueda incesante del consenso

El día que comencé a trabajar en El Espectador —17 de diciembre de 1987— se cumplía el primer aniversario del asesinato de don Guillermo Cano Isaza, director del diario desde 1952. A pesar del dolor que se sentía, su espíritu seguía animando a la sala de redacción. Después de asistir a una misa en el salón comunal, los periodistas siguieron su trabajo habitual: consejo de redacción con los directores, el jefe de información y el jefe de redacción diurno.

Juan Guillermo y Fernando Cano Busquets, hijos de don Guillermo, asumieron en 1986 la dirección en compañía de don José Salgar, el periodista que más ediciones vio salir a la luz: ingresó en 1933, a la edad de trece años, cuando el director era don Luis Cano (1919-1949) y estuvo con don Guillermo Cano (1952-1986), Juan Guillermo y Fernando Cano (1986-1997) y, desde 2004, con Fidel Cano Correa, hasta su fallecimiento, en 2011. Más de setenta años.

El 29 de marzo de 1989 fue asesinado Héctor Giraldo Gálvez, abogado del periódico y periodista, quien se encontraba al frente del proceso penal por el crimen de don Guillermo. Giraldo había descubierto el origen de los recursos con los cuales se pagó a los sicarios que segaron la vida del director.

Fabio Castillo, editor de investigaciones, fue amenazado y obligado a abandonar el país. A José Guillermo Herrera y Carlos Mario Correa, corresponsales de Medellín, los amenazaron y los obligaron a abandonar la ciudad. La circulación de El Espectador fue prohibida en Medellín. Alonso Heredia, corresponsal en Bucaramanga, fue amenazado y obligado a abandonar la ciudad.

En efecto, a finales de los años 80, el ejercicio periodístico fue muy arriesgado y traumático, por el recrudecimiento de los atentados terroristas de los carteles de la droga contra el Estado, el surgimiento de los grupos de “limpieza social” y las amenazas contra los periodistas. Los directores Juan Guillermo y Fernando Cano Busquets también abandonaron el país a comienzos de 1989 y al frente quedó don José Salgar.

El año 1988 comenzó con el secuestro de Andrés Pastrana, el 18 de enero, entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá. El 25 de enero fue asesinado Carlos Mauro Hoyos, procurador general. El 29 de mayo del mismo año, en medio de la primera campaña para elegir alcaldes populares, el M-19 secuestró al jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado. Los periodistas nos turnábamos haciendo guardia en las afueras del edificio donde vivía el dirigente político o en la casa del expresidente Pastrana, bajo la lluvia, de noche, acurrucados en las chivas del periódico con los conductores y fotógrafos, tomando café con aguardiente.

El peor año de la oleada terrorista fue 1989, con el asesinato de Luis Carlos Galán, la bomba contra El Espectador, la explosión del avión de Avianca (donde murieron 110 personas) y el atentado contra el DAS (que causó la muerte de 63 personas y 600 heridos). La ventana lateral de la redacción que daba hacia la línea férrea, avenida 68 con carrera 17, había desaparecido. Durante varios meses trabajamos a la intemperie y mientras escribíamos la edición que circularía en Bogotá, escuchábamos el estallido de bombas todas las noches. Heberto Másmela y Rodolfo Prada, dos de los más veteranos de la redacción, salían a reportear en los sitios donde explotaban los petardos: cajeros automáticos, bajo los puentes, en la avenida 1° de Mayo, en la 80, en la Boyacá, en la 13, en Chapinero, en el centro... Bogotá amanecía todos los días lacerada. En ese entonces, la Cámara de Representantes, la fuente que yo tenía asignada, sesionaba hasta bien entrada la noche, pero la mayoría de los congresistas seguían indiferentes aprobando proyectos a pupitrazos y sin quórum.

En esa interminable arremetida de los carteles de la droga, llegamos a las presidenciales de 1990. La ola de asesinatos siguió con Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa (de la UP) y el precandidato liberal Ernesto Samper, herido en el puente aéreo. Vivíamos bajo la zozobra del terrorismo, caminar por las calles de Bogotá era angustioso. La muerte nos perseguía y, en medio del debate por una nueva Constitución, el periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres fueron asesinados, el 24 de abril de 1991, en Segovia (Antioquia), cuando hacían un reportaje para El Espectador. Julio Daniel cubría una de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

En las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, se incluyó una papeleta, con la que el pueblo colombiano pedía aprobar la convocatoria de una constituyente. Se aprobó y meses después, el 9 de noviembre, fueron elegidos setenta delegatarios. La ANC comenzó a sesionar el 5 de febrero y entregó una Constitución que trazó la ruta para poner fin a esa interminable violencia, el 4 de julio de 1991.

El preámbulo de la Constitución

¿Cómo empezar a escribir una nueva historia constitucional? Si bien había decenas de abogados como delegatarios y asesores expertos en Derecho Constitucional —como los que después serían magistrados de la Corte Constitucional, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, o el ministro del Interior, Humberto de la Calle—, las primeras semanas de sesiones de la ANC fueron lentas, había que elaborar un reglamento. Por El Espectador, cinco periodistas cubríamos las cinco comisiones y, cuando había plenaria, nos turnábamos dependiendo de los temas que se trataran.

La Comisión Primera se encargó de elaborar un proyecto de principios, derechos, deberes, libertades, garantías, participación democrática, sistema electoral y estatuto de la oposición. A la vez, creó subcomisiones para elaborar los 112 artículos contenidos en cuatro títulos, sobre principios fundamentales, derechos y deberes de los ciudadanos y los habitantes del territorio.

Era una comisión muy plural, así como había conservadores y liberales con trayectoria en los gobiernos del Frente Nacional, el presidente fue Jaime Ortiz Hurtado, pastor de la Unión Cristiana, y el vicepresidente fue Francisco Rojas Birry, de la ONIC. Estaban dos de las cuatro delegatarias: Aída Avella, una aguerrida líder elegida por la UP, y la escritora y poeta María Mercedes Carranza, elegida por la ADM-19. Los exsenadores y exministros Augusto Ramírez Ocampo, Álvaro Leyva, Diego Uribe, Horacio Serpa, Raimundo Emiliani, Cornelio Reyes y el expresidente Misael Pastrana se sentaron al lado de otras lógicas: la de los indígenas, las de los exmilitantes del M-19, el Epl, el Quintín Lame, la de los cristianos y la de las mujeres. Es decir, la Constitución fue elaborada por un país que creía en otros dioses, en unos insurgentes e indígenas que a lo largo de dos siglos habían sido excluidos de todo.

Una vez expedido el reglamento, a finales de febrero, comenzaron las discusiones y se organizaron varias subcomisiones. La sola concepción, discusión y aprobación del preámbulo fue una amplia búsqueda del consenso, espíritu que caracterizó a la Asamblea, pues nadie tenía mayorías para imponer una idea. El preámbulo dice así: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometidos a impulsar la integración latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente…”.

A la comisión llegó el 1° de abril un proyecto de preámbulo elaborado por una subcomisión. Los conservadores querían que Dios siguiera siendo fuente de toda autoridad. La delegataria María Mercedes Carranza propuso un dios genérico y sin atributos, propuesta que fue respaldada mayoritariamente. El poder para expedir la Constitución que les habían delegado los electores se los había dado el pueblo, no Dios, aunque, como dijo el constituyente del Epl, “nuestros hombres se encomendaban a Dios antes de disparar”. La construcción del preámbulo se hizo, como dijo el taita Lorenzo Muelas, “como la puerta de entrada a la Constitución”. Por eso, en las 87 palabras que contiene el preámbulo está condensada su esencia: está el origen del poder para otorgarla, el pueblo; se establece que el poder que el pueblo otorgó a los constituyentes para asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Todos esos elementos fueron acomodándose en diálogos en los que salió a flote el espíritu de los electores, como lo dijo la delegataria Carranza: “No estamos aquí para imponer arbitrariamente nuestra voluntad, sino para interpretar el querer del pueblo colombiano”.

Tras treinta años de haberse expedido la Constitución, el preámbulo, como dijo el delegatario Álvaro Leyva, debiera ser esa oración que diariamente repitiéramos como algo que contiene los anhelos del pueblo y elementos históricos de la nacionalidad colombiana e inspirar las decisiones de quienes representan sus instituciones, pero mucho de lo plasmado ahí está pendiente de hacerse cumplir. Por la pluralidad, la Asamblea Nacional Constituyente fue un ejemplo de la búsqueda del consenso entre los colombianos representados por delegados de todas las creencias, costumbres, experiencias y convicciones políticas. A muchos no les gustará, pero fue la voluntad del pueblo.

* Periodista de El Espectador de 1987 a 1992.