La “cátedra” de periodismo del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El extenso discurso que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez dio en la noche de este martes, luego de su indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, estuvo lleno de mensajes entre líneas y de pullas camufladas. Lanzó dardos a la justicia, a exmagistrados del tribunal que actualmente lo investiga por fraude procesal y sobornos, al gobierno de Juan Manuel Santos, al senador Iván Cepeda y hasta a la prensa.

En este último aparte, Uribe hizo evidente su molestia por las filtraciones a los medios de comunicación que, según él, han llegado desde la justicia a ocupar espacios en columnas de opinión y hasta lamentó que, en plena campaña presidencial de 2018, el rumor era que lo meterían a la cárcel, pero que el único que no estaba enterado era él.

Ahí arrancó sus críticas a la prensa. “En estos días me preguntó un periodista de Blu: ‘Es que usted no presentó la carta de renuncia’. Y le dije: ‘Claro que la presenté, lo que pasa es que usted es muy sesgado, no es sino leerle sus columnas. Usted, tan inteligente, debería ser un poquito menos sesgado’”, dijo Uribe, sin mencionar el nombre del comunicador. A renglón seguido, reiteró que le preocupan las filtraciones y que estas provengan de los mismos magistrados, asegurando que algunos periodistas le habían confirmado esa información: “Yo no creo que este magistrado, que es un hombre serio, hubiese filtrado eso. Me parece muy grave de la periodista”, agregó.

Le puede interesar: El discurso de Álvaro Uribe Vélez tras la indagatoria, en cinco claves Desde ese momento, el exmandatario hizo una gravísima acusación en contra de la periodista judicial de W Radio, Luz Helena Fonseca: “Siempre me preocupa que una periodista, con micrófono de una cadena radial bien importante, tenga entre brazos uno de los carteles en los que se me decía genocida”. Esas palabras, azuzadas en redes sociales por los senadores Carlos Felipe Mejía y María del Rosario Guerra, convirtieron a la comunicadora, como ha sucedido en otras ocasiones, en el blanco de sectores del uribismo más radical, incluso con amenazas de muerte. Lo cierto sobre ese caso es que, como lo ha señalado la propia periodista, el afiche al que se refiere Uribe era un simple dato más dentro del trabajo de reportería. “Esa no fue mi intención. Yo simplemente sostenía un documento, un afiche que me entregó una fuente (…) Lo que hice fue propio de la labor del periodista”.

Tomando ese hecho, Uribe decidió dar una especie de “clase” de periodismo. Citó a Henry Alfred Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, quien ocupó ese cargo durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford y fue acusado de tener concurso, participación y dirección en crimines de guerra, además de tener participación directa en los asesinatos que se cometieron por agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile.

“El periodista es el juez de opinión. Es que yo recuerdo a Kissinger, quien definía las relaciones entre el hombre público y el periodista, y solía decir que tienen que ser independientes. El periodista necesita un alto grado de imparcialidad porque el hombre público actúa y el periodista informa y califica”, comentó el senador del Centro Democrático. Y siguió: “El periodista es fiscal de opinión y deben tener casi la misma imparcialidad que los administradores de justicia. A mí me han preguntado si el juez y el periodista pueden tener ideas políticas. No se puede negar, es su derecho; otra cosa es que no pueden fallar por sus ideas políticas, sino por los hechos”.

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Las discrepancias ente Uribe y los periodistas, por supuesto, no son nada nuevo. Uno de los más incómodos para el exmandatario ha sido Daniel Coronell, quien no solo ha seguido de cerca la investigación que la Corte Suprema le adelanta, sino que ha revelado audios que involucran a su abogado Diego Cadena. Ese entre otros casos. Durante su Gobierno también fueron recurrentes los desencuentros con la prensa y muchos recuerdan el ataque que en 2006 hizo a la revista Semana, en una entrevista que le concedió a su director Alejandro Santos. El entonces presidente, que además se preparaba para la reelección, calificó la publicación como frívola e irresponsable y la señaló de faltar a la verdad.

Ese mismo año, la organización Human Rights Watch (HRW) expresó en un comunicado que el Gobierno Nacional había tenido una actitud “agresiva y descalificadora” contra la prensa que había denunciado actividades criminales en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). “Ha reaccionado acusando a los medios de comunicación de ser deshonestos, maliciosos y de dañar las instituciones democráticas colombianas. En lugar de atacarlos, Uribe debería garantizar una investigación plena de estas graves acusaciones”, dijo la ONG y agregó que era deber de los periodistas “cubrir estas graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del servicio de inteligencia de la Presidencia”.

No han sido pocas las referencias que Uribe también ha hecho a Noticias UNO, que tiene como uno de sus principales accionistas a Coronell. De hecho, la crisis en la que ha entrado el canal, que tendrá su última emisión en la televisión abierta el próximo 30 de noviembre y ha propuesto a sus televidentes un modelo de pago para financiar su trabajo, ha sido motivo de debate porque ocurre juntamente durante el gobierno de Iván Duque, quien llegó al poder de la mano de Uribe y sobre lo que hay un antecedente puntual. El 18 de marzo de 2018, a un mes y diez días de que se realizaran las elecciones presidenciales, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter: “Daniel Coronell, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón: un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión”.

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De nuevo, el Estado de Opinión

En 2010, el profesor Guillermo Hoyos Vásquez publicó en la revista Signo y Pensamiento, de la Universidad Javeriana, un artículo titulado “Estado de opinión: ¿información, comunicación y lenguaje públicos?”, en el que hace un análisis sobre el llamado Estado de Opinión, que ha propuesto desde su primer gobierno el expresidente Uribe.

El académico cita el discurso de posesión del Congreso de la República de ese año, en el que habla del Estado de Opinión y destaca: "Llama la atención que, en todo el párrafo anterior sobre el Estado de opinión, sólo aparece una vez el Estado de Derecho: para ser superado por el Estado de opinión. No figura lo público, ni la opinión pública; y la palabra democracia sólo está dos veces: una, para indicar que el Estado de opinión no es democracia plebiscitaria y otra, como adjetivo en las virtudes democráticas –de la misma forma que se la adjetiva para la seguridad democrática– como si la democracia adjetiva pudiera reemplazar su sustantividad”.

Explica Hoyos que el Estado de opinión, como opuesto al Estado de Derecho o que busca superarlo, reduce lo público a través de una publicidad o propaganda que persigue a quien está en descenso. “Los medios de comunicación pueden aupar la propaganda o abrir lo público a la participación ciudadana y al debate público político. Es entonces cuando se ponen del lado de la democracia y de la ciudadanía”, señala el autor. En ese mismo texto hace críticas al uribismo: “Los uribistas creen que la opinión es más importante que la Constitución, porque confunden una Asamblea Nacional Constituyente con una suma de consejos comunitarios”.

Se recuerda la discusión que en 2010 tuvieron el entonces rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el entonces presidente Uribe sobre el Estado de Opinión. “El Estado de Opinión ha tenido efectos bien positivos, por ejemplo, en Chile: el Estado de Opinión votó en contra del gobierno de Pinochet y permitió el surgimiento de la democracia, pero ha permitido que Fidel Castro, que puede ser un gran líder, pero que no es un demócrata, estuviera 50 años. Sadam Hussein fue elegido también bajo el Estado de Opinión. Y el Estado de Opinión, cuando se le pregunta ‘¿A quién prefieres, a Jesús o Barrabás?’ Prefirió a Barrabás”, comentó el rector.

Uribe respondió: “Me parece que está confundiendo el Estado de Opinión con el Estado de Opresión. Creo que un gobierno que lleva ocho años y que ha logrado que muchos colombianos discrepantes que vivían en el exilio puedan vivir hoy en Colombia protegidos (…) es un gobierno que no puede sutilmente ser llevado a la confusión de imputarle un Estado de Opresión porque defiende un Estado de Opinión. A mí me parece que las comparaciones que usted ha hecho, señor rector, no se compadecen con este tipo de foros que se experimentan en Colombia con plena libertad y con todo respeto. Eso no lo permiten los opresores”. El mandatario argumentó que su tesis del Estado de Opinión surgía del “proceso evolutivo del Estado de Derecho”.

En 2013, dos autores (Wilson Díaz Gamba y Andrés Castiblanco Roldán) en el artículo “El Estado de opinión: apogeo y debacle de un discurso mediático” señalaron que el discurso de Uribe sobre el Estado de opinión tuvo apoyo popular y expuso “la relación directa entre el manejo de los medios y la emergencia del mensaje como criterio de verdad, llegando a la influencia simbólica en el temario colombiano. Este discurso buscó cambiar las realidades políticas y legales de la nación, articulando las simpatías y los sentimientos nacionales en una serie de argumentaciones que pretendieron unificar las perspectivas electorales de los ciudadanos”.

En tiempos de Twitter, una reciente propuesta del comunicador Herbin Hoyos de convocar un referendo y acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revivió el debate. Uribe señaló que iba a poner su firma en las planillas para su convocatoria, admitiendo que no se tenían mayorías en el Congreso para tramitar un asunto de tal magnitud y, en entrevista con W Radio, adujo que el Estado de opinión estaba por encima del Estado de Derecho, y que los ciudadanos serían quienes crearían unas “condiciones de malestar” que funcionarían como terreno fértil para que propuestas como la de Hoyos fueran exitosas.

La más reciente propuesta que le apostaba a un Estado de Opinión la hizo el representante Álvaro Hernán Prada, investigado la Corte dentro del mismo caso que Uribe, cuando ventiló la idea de un proyecto de acto legislativo para someter a referendos algunas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. La iniciativa no tuvo siquiera el apoyo de la totalidad del Centro Democrático ni de su jefe.