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Con la Consulta Anticorrupción, que se celebró el pasado 26 de agosto de 2018, se puede afirmar que, sin temor a equívocos, una vez más la voluntad del país fue defraudada y burlada.
En su momento, los más optimistas pensaron que se había planteado la gran oportunidad para que el Legislativo y el Gobierno trabajarán unidos en hacer realidad las medidas para frenar el peor flagelo que ha afectado a este país: la corrupción.
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En veremos quedaron, entre otras, las supuestas medidas de transparencia y la exigencia a los políticos para que rindieran cuentas o se les bajara el sueldo, pero como se pudo observar, aquí no pasó nada.
Pese a esta desafortunada consulta, hoy no se puede seguir cediendo terreno ante la corrupción, no hay excusa para retroceder ni un solo milímetro respecto a este cáncer social, hay que combatirlo sin pausa y sin freno.
Los invito a formular las reflexiones en torno a este polémico tema, conversaciones que nos permitan entender la dimensión y el alcance de este flagelo. Estamos hablando de un fenómeno socioeconómico, político, penal, administrativo, e incluso hasta de carácter cultural que se ha enquistado en las raíces mismas de los estratos sociales; y de una situación que está afectando severamente a los gobiernos y golpea sin clemencia y sin piedad a la población, aunque no es una cuestión que solo esté golpeando a Colombia, es una problemática global.
Rigoberta Menchú, reconocida líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz y del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, dijo: “¿Cómo podemos enfrentarnos al crimen organizado? La corrupción y el narcotráfico han constituido una fuerza que no es paralela al Estado. Es realmente un Estado dentro de él”.
El costo de la corrupción en cifras
Según el último índice de Percepción de la Corrupción, revelado en Berlín (Alemania), en enero de 2019, y divulgado por Transparency International, este fenómeno evidenció la incapacidad de la mayoría de los países para controlarlo y marcó una crisis estructural de la democracia en todo el mundo.
Reportes de la Dian, que en su momento fueron ampliamente difundidos por el exdirector de la entidad, Juan Ricardo Ortega, solo el sector privado se embolsilla actualmente más de $60 billones al año gracias a las conductas corruptas. Los atajos que toman para saquear al país incluyen, entre otros, la evasión fiscal, los acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con contratos y el fraude contable.
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Pero entonces ¿Cuánto se están robando del erario público y a cuánto asciende el saqueo a las arcas del Estado? Sólo para recordar algunos casos referentes. Guavio ($15.000 millones), Foncolpuertos ($2.5 billones), Dirección Nacional de Estupefacientes ($30.000 millones), Interbolsa ($300 mil millones), el Carrusel de la Contratación ($2.2 billones) y para qué hablar de Odebrechet que ha repercutido en muchos otros países que han visto gravemente afectada su imagen institucional y el principio de confianza legítima.
Sectores como los partidos políticos, la administración pública, el sistema judicial, (el llamado Cartel de la Toga, el exfiscal anticorrupción, etc.), los programas de desarrollo económico y social, la salud, la vivienda y la educación son impactados permanentemente por la corrupción. Pero, lamentablemente pasa el tiempo y no se hace nada, y al contrario se quiere “silenciar” estos graves hechos.
Es necesario que la academia se sume a los esfuerzos para combatir este cáncer social desde las mismas aulas. Tenemos mucho que hacer en este campo. Por lo tanto, somos partidarios –como bien lo plantea la Procuraduría General de la Nación– de realizar conversatorios éticos que propicien procesos de socialización para lograr acuerdos, compromisos y protocolos éticos, en todas las esferas de la sociedad.
Ya basta de estudios e investigaciones que buscan hacer un diagnóstico sobre el fenómeno de la corrupción por cuanto se trata de una situación que ya se encuentra “sobre-diagnosticada”; sobra decir que los resultados encontrados son absolutamente mediocres.
Ante esta situación, habrá que esperar qué papel jugará el Gobierno y el Congreso de la República, frente a los recientes proyectos de ley que deberán endurecer las conductas penales y administrativas contra quienes cometen este tipo de delitos.
Amanecerá y veremos…
*Decana Facultad de Derecho, Universidad La Gran Colombia