La crisis en la justicia revivió el debate sobre el tribunal de aforados

Los presuntos arreglos entre acusados y magistrados de la Corte Suprema pusieron de nuevo en la mesa un viejo debate: el de la necesidad de crear un tribunal independiente que los juzgue.

La senadora Claudia López presentará una proposición para que la creación del tribunal de aforados sea incluido en la reforma política que se discute en la Cámara de Representantes. Pixabay

Con el testimonio del senador Musa Besaile, en el que aceptó haber pagado $2.000 millones en sobornos a exmagistrados de la Corte Suprema, el cáncer del sistema judicial hizo metástasis. Una grave enfermedad campea en las altas dignidades del Estado. Senadores, magistrados, fiscales y abogados empiezan a figurar en el organigrama de la corrupción de cuello blanco. (Lea: Musa Besayle admite que pagó $2.000 millones a exmagistrados de la Corte Suprema)

Tal situación en la institucionalidad revive una vieja discusión, que tuvo su último asalto en el trámite de la reforma al equilibrio de poderes en el Congreso de 2014: el del tribunal de aforados. Y qué mejor ocasión que la discusión sobre la reforma política que avanza, a paso lento, en la Cámara de Representantes. Así lo han dejado claro las senadoras Claudia López y Viviane Morales, quienes desde orillas distintas aseguran que llegó el momento de reformar la justicia.

El diagnóstico es obvio: se necesita un sistema que garantice la mayor transparencia al momento de juzgar a miembros de las altas cortes, al fiscal general de la nación o al presidente y vicepresidente de la República. Incluso desde el mismo Gobierno se busca impulsar un nuevo artículo en la reforma política y darle vida al tribunal, que reemplazaría a la actual Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

En palabras del ministro del Interior, Guillermo Rivera, “la idea es crear una comisión de aforados cuya designación la haga el Congreso, para respetar lo que dijo la sentencia de la Corte Constitucional cuando declaró inexequible el tribunal de aforados, pero las listas de los elegibles deberán ser juristas, provenir de un concurso de méritos y presentarles los proyectos de acusación a las plenarias de Cámara y Senado”. La propuesta, ante la evidente decadencia, también recibió el apoyo del fiscal general, Néstor Humberto Martínez. (Lea también: Fiscal General apoyó revivir el tribunal de aforados)

López, defensora de la creación del tribunal en los debates de la reforma de equilibrio de poderes, hoy celebra que la gravedad de los hechos haga pensar, nuevamente, que se necesitan “juez y ley” para los aforados. “Es inadmisible que Santos diga que respalda la creación del tribunal para los demás, pero que las investigaciones sobre sobornos de Odebrecht sí vayan a la ‘comisión de absoluciones’”, dijo la senadora de la Alianza Verde, refiriéndose a que la idea del Gobierno es que dicho tribunal no tenga competencia frente al presidente.

El mote lo tiene bien ganado la Comisión de Investigación y Acusación, pues las cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia, hasta 2014, señalaban que entre 1992 y ese año, 1.538 procesos no presentaban ningún avance, 1.957 habían sido archivados y nunca se había realizado alguna acusación en contra de los procesados.

De hecho, la efectividad de la Comisión de Investigación y Acusación siempre ha estado en entredicho y su muerte ya estaba cantada. Sin embargo, en julio de 2016 la Corte Constitucional declaró inexequible el tribunal de aforados al considerar que se vulneraba el ordenamiento jurídico superior y suponía una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial de la Constitución. El artífice de la demanda en contra de esta propuesta fue el exfiscal Eduardo Montealegre.

Para Fabio Arroyave, presidente de la actual Comisión de Acusación, muchas de las denuncias en contra de los aforados no avanzan porque no hay carga probatoria. “Cuando llegan temas gruesos, la Comisión actúa en derecho y las decisiones se deben tomar basadas en pruebas. Somos 15 congresistas de todos los partidos y la Comisión ha cumplido la función para la que ha sido creada”, defendió Arroyave.

Sin embargo, el contexto de este debate hoy es diferente, pues hay pruebas sobre la mesa y hasta declaraciones, como la de Besayle, que comprobarían los sobornos que varios congresistas habrían pagado a los exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte para salir bien librados en investigaciones en las que estaban involucrados. Un hecho que pondrá, además de la creación del tribunal, el debate sobre cómo debe ser su conformación. 

En 2015, la discusión giraba sobre la posibilidad de que fuese el mismo presidente de la República o el del Congreso quien eligiera a los magistrados que integrarían el tribunal, frente a la posibilidad de que lo hicieran las altas cortes. Ahí lo que no parecía lógico era que los togados fuesen quienes eligieran a sus propios jueces. Ahora lo que parece haberse descubierto es una especie de logia, auspiciada por sobornos, en la que acusados y jueces se cubrían las espaldas.

Sobre este punto, la proposición de Claudia López para incluir en la reforma política señala que dicho tribunal estaría conformado por siete magistrados: dos elegidos por el presidente, uno por la Corte Constitucional, uno por el Consejo de Estado, uno por la Corte Suprema de Justicia y dos más designados por las facultades de derecho de las universidades con acreditación de alta calidad. Sus períodos serían personales y “se prolongarán hasta que el magistrado cumpla la edad de retiro forzoso de 75 años o hasta su retiro voluntario”. El debate será candente.