“La decisión del gobierno sobre el galeón es populista”: Mariana Garcés

La exministra de Cultura de la administración Santos afirma que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con sus declaraciones sobre el proceso de extracción del fondo del mar del galeón San José y sus bienes, demostró que desconoce la complejidad del proyecto científico que se requiere para ejecutar esa delicada operación. E insiste en que el gobierno Duque, salvo la embajadora Carolina Barco, nunca se interesó en el tema que ahora adquiere interés.

La exministra Mariana Garcés insiste en que el gobierno Duque, salvo la embajadora Carolina Barco, nunca se interesó en el tema del galeón San José. / Óscar Pérez - El Espectador
¿Usted no cree que si (el gobierno Duque) hubiera encontrado alguna irregularidad (del gobierno Santos en el proceso del galeón), no habría armado un escándalo mayúsculo?”, dice la exministra Mariana Garcés. / Óscar Pérez - El Espectador

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó, esta semana, que el Gobierno no acepta pagarle a un tercero con una parte del tesoro del galeón San José porque considera que es lesivo para la historia y cultura nacionales. Esa fórmula fue la que usted, como ministra de Cultura del gobierno Santos, proyectó mediante la creación de una alianza público-privada (APP) para extraer el galeón y sus bienes ¿Por qué y cómo llegó a esa solución?

Me sorprende negativamente la decisión del gobierno Duque y de su vicepresidenta: es populista y evidencia desconocimiento total del proceso científico diseñado. Además, ignora la legislación sobre patrimonio cultural sumergido, que está vigente. Es fácil hablar sobre un galeón después de su hallazgo que se logró durante el gobierno del presidente Santos, luego de haber estado sumergido y sin coordenadas de ubicación por más de 300 años. Llegamos a la fórmula de la APP porque siendo, como mencioné, un proceso científico de alto estándar, era viable, a cero costos y sin ningún riesgo para el Estado. (Más: Morir esperando el tesoro del galeón San José).

¿Por qué no se proyectó que el Estado ejecutara la tarea de rescatar el tesoro del San José, solo y sin ninguna alianza?

Es necesario entender que este tipo de desarrollos implican una inversión muy grande y conllevan un inmenso riesgo, inviable para el Estado, de un lado. También es necesario decir que, en nuestro proyecto, no consideramos jamás la noción de “tesoro” porque, aquí, se trata de bienes constitutivos de patrimonio cultural sumergido. Y los que no sean tales, serían, en todo caso, bienes de la Nación que reingresan al circuito económico y que sirven para remunerar al originador, y para lo que el Estado colombiano disponga. ¿Este gobierno va a invertir $70 millones de dólares —que es lo que vale la operación científica e histórica que estaba totalmente financiada por un privado—, a cero costos y riesgo para los colombianos? Del otro lado, no tenemos la tecnología para adelantar el proceso de la altísima complejidad que se requiere a las profundidades en que se encuentra el San José.

En su opinión, ¿Colombia puede o no asumir la labor científica de extracción del galeón sin apoyo externo?

De ninguna manera. El Estado no tiene la capacidad de asumir los costos ni los riesgos que esa expedición conlleva. La Armada ha mejorado mucho sus condiciones técnicas pero está lejos de poder realizar, sola, un proceso como éste. Más lejos aún del nivel que se necesita, están las universidades que hablan como si ya hubieran ejecutado tareas de esa complejidad. En el gobierno Santos, Colombia pretendía liderar un proyecto en el que, según los términos contractuales, se exigía la conformación de un equipo altamente especializado y, además, la participación, en el 50 % y como parte del mismo, de profesionales colombianos para garantizar la transferencia de tecnología.

¿La firma Maritime Archaeological Consultants, MAC, empresa “originadora” de la propuesta para la extracción del galeón y la que integraría la APP con el Estado, ¿cuánto hace que ejecuta rescates del fondo del mar y de cuáles especializaciones son los profesionales que descienden para recoger los tesoros históricos?

Insisto en dejar atrás la noción de “tesoro”. A nosotros, sin criterio alguno y en medio de álgidas y acaloradas discusiones, nos manifestaron que el originador de la Alianza Público-Privada, (APP) la empresa MAC, era un “cazatesoros”, solo con el ánimo de descalificar el proceso. MAC está conformada por unos inversionistas dispuestos a contratar al equipo ideal tal como quedó establecido en los términos contractuales. Normalmente, a poca profundidad, las excavaciones las hace un equipo de arqueólogos marítimos. Pero para la profundidad en que se encuentra el galeón, se debe usar tecnología robótica; se debe haber hecho una excavación estratigráfica y se requiere un equipo multidisciplinario con capacidad para realizar una expedición que nunca se ha experimentado en el mundo. Ese equipo debería estar conformado por arqueólogos, historiadores, arquitectos navales, e ingenieros marítimos, robóticos y ‘mecatrónicos’. (Más: ¿Hasta dónde va la ambición española?).

¿Por qué insiste en que no se llame “tesoro”, a los bienes que se encuentren en el galeón?

Descartamos hablar de tesoro por mucha razones, principalmente por dos: 1. Porque se trata de un proyecto integral de carácter científico y cultural, y el concepto de tesoro que trae el Código Civil no aplica para un proyecto de estas dimensiones. Y, 2. Porque su importancia es histórica y el objetivo es encontrarlo, extraerlo y, sobre todo, divulgarlo a la comunidad en general y a la comunidad científica, en particular. Hay que advertir que el mecanismo de la APP es totalmente legal.

¿Cómo era, en concreto, el proyecto diseñado por ustedes, en la APP, para extraer los bienes del galeón en condiciones de seguridad y preservación?

Se trataba de realizar, reitero, el mayor proyecto científico en patrimonio cultural sumergido de la historia de Colombia y del mundo. Éste preveía todas las etapas necesarias para poder tener conocimiento profundo del naufragio, y la debida restauración y conservación de todos los objetos extraídos, garantizando la construcción de un laboratorio de preservación de materiales en Cartagena y de un museo de alta complejidad para que todos los colombianos y la Humanidad pudieran disfrutar de ese maravilloso patrimonio. Como dije, el proyecto estaba estructurado para que el ‘originador’ invirtiera $70 millones de dólares con el fin de cumplir los estándares científicos exigidos.

La vicepresidenta también censuró las decisiones tomadas por el gobierno Santos cuando dijo que “la riqueza del galeón no tiene precio (económico) y (que) el derecho de los colombianos... a preservar ese tesoro cultural no se negocia” ni “podemos feriarlo por los anticuarios del mundo”. A primera lectura, parecen ser argumentos válidos...

Son argumentos que suenan bien y que le significarán muchos aplausos pero que desconocen, totalmente, la complejidad de estas operaciones. Las altas cortes ya fijaron su posición sobre la materia la que, según parece, no es válida para el gobierno Duque. Reiteraron, en diversos fallos, que “no todo lo que está sumergido es patrimonio cultural”. Precisamente, la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, aprobada en nuestro gobierno, recogió esa línea jurisprudencial que también establece que es posible sufragar los costos del proyecto científico remunerando al contratista con una parte de la carga que no sea calificada como patrimonio, por el Consejo Nacional de Patrimonio.

¿El Consejo ya rindió concepto sobre los bienes del galeón?

No y no podría haberlo hecho: es exótico pretender calificar la declaratoria de todo el yacimiento sin que previamente se haya realizado la excavación y se pueda saber con certeza qué es lo que allí se encuentra. Tal vez se pretende que el Consejo, con una venda en los ojos, haga lo que el gobierno quiere sin aplicar previamente los criterios establecidos en la ley que, hasta donde me consta, sigue vigente.

Y si el gobierno le pide al Consejo declarar todos los bienes como patrimoniales, ¿estaría obligado a hacerlo o tiene autonomía científica?

Es un órgano independiente. Y por eso, no se entiende cómo el gobierno invade su competencia y anuncia que todo debe declararse patrimonio cultural. Es, por decir lo menos, una falta de respeto con el Consejo.

¿Cree que el gobierno viola o ignora a propósito la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido?

Totalmente. Desconoce los criterios para que se declare un bien como de interés cultural de la Nación y, como dije, además desconoce la autonomía del Consejo Nacional de Patrimonio.

¿Cuáles leyes nacionales e internacionales rigen para casos similares de bienes sumergidos en el mar, y cuáles debería aplicar Colombia teniendo en cuenta que existe la Convención de Unesco sobre Patrimonio Subacuático?

Colombia no es signataria de la Convención Unesco de Patrimonio Cultural Sumergido. Por ello no le aplican sus disposiciones. Tampoco ha adherido a la Convención del Mar ni a la Convención de Salvamento Náutico. La legislación aplicable en este caso es la Constitución y nuestras leyes. Y, muy especialmente, la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido.

Permítame le insisto: esa ley, ¿autoriza al Estado entregar como pago, parte de los bienes que sean rescatados, a terceros extranjeros aun cuando sean objetos históricos y culturales de invaluable importancia?

Decir que a los extranjeros o a cualquier nacional que resulte contratista después de un proceso público de APP, se le entregarán objetos históricos y culturales de invaluable importancia es una falacia porque la Ley de Patrimonio Sumergido protege, con todo rigor, los bienes culturales de los colombianos. Como ya lo mencioné, la Ley 1675 permite, no la entrega de tesoros, sino de objetos que no sean considerados por el Consejo Nacional como parte del patrimonio cultural sumergido. El Consejo aplica, de manera sistémica, los criterios definidos en dicha ley: representatividad, singularidad, repetición, conservación, importancia científica y cultural y unidad. Así concluye cuáles objetos tienen especial valor de patrimonio cultural, y cuáles no.

El Consejo de Estado se pronunció sobre el Galeón San José. ¿Por qué lo hizo y sobre cuáles materias?

El fallo que definió el Consejo de Estado, en febrero de 2018, no trató sobre el galeón San José en estricto sentido. Lo que se debatía de fondo, allí, era si la Dirección Marítima, Dimar, había actuado correctamente en el año 1982 al momento de reconocerle a la Sea Search Armada (SSA) la calidad de denunciante (del sitio en que se encontraba el galeón). Dado que los derechos reconocidos a SSA fue sobre los objetos que todavía conservaran la condición de tesoros y que se encontraran en las coordenadas que ella supuestamente descubrió, pero como, hoy, el Estado puede demostrar con plena certeza que en esas coordenadas no hay ningún objeto arqueológico, la SSA, no tiene ningún derecho. Por lo menos, esto lo reconoce la vicepresidenta.

La vicepresidenta se siente muy segura de lo que está diciendo. ¿Por qué no podría salirle bien su decisión?

Le adelanto que un proyecto científico de las dimensiones que nosotros ideamos, no será ya posible, ya, en este gobierno: no cuenta con el tiempo ni con los recursos. Ahora bien, le falta explicar cuál es su proyecto científico propio y cuál es el alcance de su resolución 3159 del 9 de octubre de 2019, en donde resuelve: “reanudar el proceso de selección... en el estado en que se encontraba al momento de producirse su suspensión, esto es a partir del cierre de la etapa prevista para presentar manifestaciones de interés...” Insisto: al reanudar el proceso ¿cuál es el plan y qué piensa hacer?

Cuando el gobierno Santos y usted, como su ministra, anunciaron la decisión de crear la APP, hubo fuertes objeciones de la academia colombiana que pedía revisar el proceso ¿Qué pasó con esas críticas? ¿Se resolvieron?

Se generaron espacios para explicar el proyecto, algunos con éxito y otros no. Creo que Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en el gobierno pasado, hizo un trabajo extenso a ese nivel. No existe ningún otro colombiano con tanta experiencia en el tema. Universidades como el Externado o los Andes hicieron parte de la Comisión de Antigüedades Náufragas, y muchos académicos avalaron la propuesta científica del proyecto. Sin embargo, otros recurrieron a la descalificación por cuestiones de orden personal entre científicos.

Los críticos también manifestaron dudas sobre la transparencia del proceso. ¿Hubo alguna investigación formal al respecto y con qué resultado?

Permanentemente se informó a los organismos de control sobre las decisiones que se venían adelantando y cada paso fue consultado con diversas instancias y juristas del más alto nivel. La Procuraduría realizó una vigilancia preventiva, en mi opinión no objetiva, cuyo resultado fue atendido por el ministerio. Nunca se planteó la existencia de irregularidades en el proceso que se manejó con total transparencia al punto que tengo conocimiento, de que, en reuniones de análisis, la vicepresidenta Ramírez manifestó que no se encontraba ningún viso de corrupción o situación anómala. ¿Usted no cree que si se hubiera encontrado alguna irregularidad, no habrían armado un escándalo mayúsculo?

¿Alguna vez hubo intercambio de conocimientos y de avances sobre el proyecto del galeón San José, entre los dos gobiernos?

Me deja un mal sabor que nunca ni la señora vicepresidenta ni la ministra de Cultura y, ni siquiera el propio presidente, tuvieron espacio para escuchar, en detalle, la propuesta científica tan estrictamente trabajada. La única funcionaria de este gobierno que tuvo un interés genuino en lo actuado, fue la excanciller y hoy embajadora en España, Carolina Barco.

¿Cómo han sido sus relaciones con el gobierno y, en particular, con la vicepresidenta? Como se da cuenta, las frases de Marta Lucía Ramírez sobre lo proyectado por ustedes, fueron algo rudas…

Al presidente Duque le conocí como senador de la República mientras me desempeñaba como ministra de Cultura. No tengo ninguna relación, ni social ni de ningún tipo con sus funcionarios. Los trato con respeto. Las apreciaciones de la vicepresidenta pueden haber sido rudas, pero sobre todo, fueron imprecisas.

“La administración Duque no ha entendido el proyecto del galeón San José”

¿Cree que la decisión del gobierno Duque sobre el galeón San José que echa para atrás lo proyectado, se enmarca en el clima de confrontación política entre esta administración y la de Santos?

No me cabe duda. Este gobierno no ha tenido la grandeza de asumir esta discusión como lo que es: un proyecto de Estado. Al parecer, su mayor interés es sabotear un proceso científico de las más altas especificaciones y de una complejidad enorme, solo porque proviene del gobierno Santos. Esto es lo que me permite comprender por qué, después de un año y dos meses, la administración actual aún no haya terminado de entenderlo. Y que, por eso, lo critique sin argumentos y plantee soluciones a todas luces inviables, tanto desde el punto de vista jurídico como financiero. Ejemplo: pretender mutar un esquema de contratación de asociación público-privada sin desembolso de recursos públicos, al que ahora se plantea - que consiste en contratar al originador y remunerarle  su trabajo con dineros del presupuesto nacional -, desvirtúa, por completo, el esquema jurídico.  La resolución recientemente expedida, en la que se desconoce lo actuado pero al mismo tiempo se propone seguir con el originador, es una pieza jurídica que debería enmarcarse.

“Lo que se encuentre en nuestras aguas, es nuestro”

La vicepresidenta señaló que “el galeón San José es único e indivisible”. En esta materia, ¿Colombia puede ignorar derechos internacionales como el de “inmunidad soberana” que alega España y que implica que ningún Estado (Colombia) puede tomar decisiones sin consultar al Estado cuya bandera portaba la nave hundida?

El principio de inmunidad soberana surgió en la segunda mitad del siglo XX cuando las potencias navales empezaron a manejar, en el mar, tecnología nuclear. Por supuesto, no tenían ningún interés en que embarcaciones o artefactos militares que por cualquier circunstancia se hundieran, pudieran ser reclamados por otro Estado. Por esa razón se consignó este principio en instrumentos normativos internacionales. Colombia no ha adherido a ninguno de dichos instrumentos. Lo aplicable en este caso, es nuestra Constitución y nuestras leyes como acto de plena soberanía. Y por eso, no consideramos la teoría del abanderamiento: lo que se encuentre en nuestras aguas es nuestro. Bajo ese prisma se podría preguntar, cuando Colombia revele la configuración real del Galeón San José y su contenido: ¿Será que puede poner en riesgo secretos militares de España después de 300 años? Siempre fuimos claros en que sobre la propiedad del naufragio, no había nada que conversar.

885741

2019-10-12T21:00:00-05:00

article

2019-10-12T21:00:01-05:00

[email protected]

none

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Política

“La decisión del gobierno sobre el galeón es populista”: Mariana Garcés

78

17762

17840